En su Plan B de reforma electoral, Sheinbaum se propone volver a campaña en el 2027
Andro Aguilar · 18 de marzo de 2026
El Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que llegó al Senado, tiene como uno de sus ejes centrales que la consulta de revocación de su mandato pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027.
La iniciativa propone que la consulta pueda adelantarse y realizarse en los tres meses posteriores al cierre del segundo o del tercer año del sexenio y no como ahora, que ocurre en los tres meses posteriores al tercer año. Plantea que la votación de la revocación se celebre el primer domingo de junio del tercer o cuarto año, lo que podría ocurrir en 2027 —el mismo día que la próxima elección federal de diputados, 17 gubernaturas y cargos judiciales— o en 2028.
Uno de los cambios destacados es que la persona sujeta a revocación, en este caso la presidenta Sheinbaum, podrá difundir el proceso y promover su gestión; sin embargo, señala que la propaganda gubernamental deberá suspenderse 60 días antes de la votación.
La propuesta mantiene la prohibición del uso de recursos públicos para recolectar firmas, así como el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda.
Además, planea ajustar el número de regidurías y sindicaturas en los municipios, topar salarios de funcionarios electorales, así como disminuir de forma gradual el presupuesto en el propio Senado.
Con el número total de sus integrantes en el Senado, Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumarían 87 votos, con lo que alcanzan la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución (86), como propone la iniciativa presidencial.
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El fin de semana pasado, las dirigencias de Morena, el PVEM y el PT anunciaron un “respaldo total al plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según informó el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, la reforma está prevista para ser aprobada en la última semana de marzo, antes de Semana Santa.
En comisiones, deberán corregir una omisión respecto al principio de paridad de género, señalado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y reconocido por el gobierno federal.
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación para notificar dicha omisión en la iniciativa presidencial.
Reducción de costos
En su propuesta de reforma constitucional, Sheinbaum plantea ajustes en los tres niveles de gobierno. En los municipios, establece un límite de 7 a 15 regidurías según la cantidad de población. Los ahorros proyectados, de 4 mil millones de pesos, se destinarán a obra pública local.
A nivel estatal, para los Congresos, la iniciativa propone un tope del 0.70% del presupuesto total del estado. En tanto, de acuerdo con el artículo transitorio tercero, el Senado deberá reducir su presupuesto en 15% respecto al año 2026, de manera gradual durante los próximos cuatro años.
En cambios propuestos a los artículos 127 y 134, la reforma prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros de gastos médicos privados, de vida, seguros de separación individualizada o cajas de ahorro especiales. Ningún funcionario, incluidos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o magistrados, podrá ganar más que la presidenta.
Leyes secundarias
La presidenta envió este martes al Congreso sólo la reforma constitucional; sin embargo, unas horas antes adelantó en su conferencia que buscará modificar dos leyes generales como parte de su Plan B.
En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de acuerdo con lo que expuso en su conferencia, Sheinbaum propone que los cómputos inicien el mismo día de la jornada electoral al terminar la votación, con la llegada del primer paquete.
La reforma faculta al INE para que firme convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la intención de rastrear en tiempo real posibles desvíos de recursos públicos o dinero ilícito en las campañas.
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En el artículo 50 de la Ley de Partidos Políticos (LGPP), el gobierno federal propone que sea obligatorio que los partidos políticos reporten sus operaciones financieras en tiempo real a través de un sistema bancarizado.
También señala que los salarios de los dirigentes partidistas no podrán superar las mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale al salario de la presidenta.
Asimismo, prohíbe que esos dirigentes se asignen bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros beneficios o ingresos adicionales con recursos públicos.
Establece la prohibición expresa de utilizar recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas electorales ni el uso de aportaciones en efectivo y de otros recursos provenientes del extranjero.
El factor Sheinbaum
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación alta de 75 %, de acuerdo con la empresa Enkoll, su partido, Morena, atraviesa la “paradoja del crecimiento”: tiene más de 10 millones de afiliados, pero la identificación ciudadana ha caído.
Según esa encuestadora, la identificación con Morena bajó del 50 % al 42 % a diciembre de 2025 y no pudo recuperarse en marzo, aunque mostró una ligera recuperación con 45 %.