Sara Irene Herrerías Guerra, la eterna fiscal de la FGR que logró colarse como ministra de la Corte
Alfredo Maza · 4 de junio de 2025
Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos que ha trabajado por más de ocho años para la extinta Procuraduría y la ahora Fiscalía General de la República (FGR), logró colarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras recibir poco más de 3 millones de votos a su favor durante esta elección judicial.
Si bien la cantidad de votos que recibió colocándola en noveno lugar, no le permitirá ocupar un puesto como presidenta de la Corte y reducirá su participación en el máximo tribunal de justicia del país solo por ocho años (2025-2033).
Con el 100 % de las actas computadas, la fiscal especializada logró 3 millones 268 mil 411 votos, un 2.80 %, y se ubicó por debajo de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González.
Como ministra ahora tendrá la posibilidad de resolver casos emblemáticos para el país, tramitados incluso por y contra la dependencia para la que trabajó.
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Un lugar que desempeñará a pesar de contar con un historial de impunidad de más del 90% de los casos que llegaron a la oficina a su cargo y denuncias de trabajadores de la FGR que aseguraron que altos mandos les pidieron dinero para apoyar sus aspiraciones para ser ministra en la Corte.
Una carrera por administraciones del PAN, PRI y Morena
Sara Irene Herrerías Guerra nació el 25 de febrero de 1964 en el entonces Distrito Federal (DF), donde años más tarde hizo la licenciatura y después la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1987 tuvo su primer acercamiento con el mundo jurisdiccional, al hacer su servicio social en el Juzgado Trigésimo del Distrito Federal, en el Reclusorio Preventivo Sur, como auxiliar de juzgado, mismo lugar donde un años más tarde le darían la oportunidad de ser “proyectista de sentencias”.
El primer acercamiento que Herrerías Guerra tuvo con los derechos humanos durante su experiencia profesional fue en 1990, cuando fungió como asesora jurídica del Grupo de Intervención Social en Sida y Derechos Humanos (GIS-SIDA), bajo la dirección del investigador de la UNAM, Francisco Galván Díaz, precursor de los derechos humanos de personas contagiadas por esta infección.
De hecho, el trabajo sexual y el VIH se volverían los principales temas de interés en su carrera profesional y académica.
Al año siguiente, Herrerías Guerra fungió como coordinadora de sistemas administrativos de la Dirección de Capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lugar al que regresaría años después (2008-2009) como directora general del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En el año 2009 se volvió Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces PGR, donde trabajó hasta el 2011, cuando fue nombrada titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), una entidad de reciente creación dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que nació en respuesta a las peticiones de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de delitos.
Sin embargo, luego de su creación, diversas organizaciones denunciaron que esta instancia fue “un fraude”, porque estaba alejada de lo que los organismos, que apoyaban a familiares de desaparecidos, plantearon formalmente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa a partir del diálogo en Chapultepec, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia.
En 2014, Herrerías Guerra regresó momentáneamente a la PGR, donde se volvió asesora de la oficial mayor, encargada de la atención humanitaria y seguimiento a las víctimas del operativo en el albergue infantil “La Gran Familia”, un lugar señalado por el secuestro y maltrato de decenas de infantes.
De 2015 al 2016, Herrerías Guerra fue nombrada titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde por fin dio el último salto a la PGR.
Ocho años en la fiscalía especializada en derechos humanos
“¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social. Para que todas las personas sean oídas”, asegura la candidata a ministra de la Corte en su perfil publicado por el INE.
En su currículum vitae, la candidata a ministra expone que de 2016 a 2019 fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Herrerías Guerra se incorporó a la extinta PGR en noviembre de 2016, cuando el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la nombró subprocuradora, cargo que mantuvo durante la administración del procurador Alberto Elías Beltrán. Luego de dejar sus puestos ambos funcionarios fueron indagados por la presunta comisión de diversos delitos.
En 2019, el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la ratificó al frente de la ahora Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, cargo que desempeña hasta la fecha.
Sin embargo, de acuerdo con diversos medios nacionales, el nombramiento de la fiscal se dio a pesar de que el colectivo #FiscalíaQueSirva pidió al fiscal general que el proceso de designación de este puesto fuera abierto y transparente.
La exigencia de las organizaciones de la sociedad civil fue sobre todo debido a que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tendría bajo su cargo organismos clave para la defensa de los derechos humanos de las personas en el país, casos que en su mayoría continúan pendientes de resolución.
El caso Ayotzinapa
En mayo de 2025, Animal Político dio a conocer que un grupo de servidores públicos de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) presentaron una denuncia formal ante diversas autoridades para solicitar que se investigue a altos mandos de la unidad, quienes presuntamente les solicitaron dinero para apoyar la campaña de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra, candidata a ministra de la Suprema Corte.
En esta se denunció que al menos dos altos funcionarios de la UEILCA no solo habrían solicitado dinero al personal a su cargo a nombre del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, sino también asistir en compañía de más personas a un evento de campaña de la candidata y actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, organismo del que de hecho depende la propia Unidad Especial del Caso Ayotzinapa.
Esta situación no solo provocó que la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR abriera una investigación para aclarar esta situación, sino que las y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la renuncia del fiscal especial Gómez Piedra.
La participación directa de la fiscal especial Herrerías Guerra en la crisis al interior de la UEILCA se dio a conocer cuando el periodista John Gibler publicó el texto “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, en la que expuso que la fiscal fue la que ordenó cancelar las 21 órdenes de aprehensión contra militares.
“El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita” (de seis abogadas de la FGR que llegaron de improvisto para realizar una auditoría espontánea en la UEILCA), Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez”, señala el texto que se reprodujo íntegro también en Animal Político.
La propia CIDH fue quien confirmó en el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, que la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra ordenó que se cancelaran las órdenes de aprehensión que un juez había librado a petición de la UEILCA, cuando la encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo.
“La CIDH tuvo acceso a la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión. Dicha solicitud está motivada en la supuesta falta de pruebas o en la existencia de pruebas únicamente de tipo testimonial contra las 21 personas implicadas. Según lo expresado en la solicitud de cancelación de las aprehensiones, el fiscal adscrito se basó en (los) denominados “hallazgos” de la auditoría conducida por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos desde el 5 de septiembre de 2022.
Los “hallazgos” citados por el fiscal adscrito no indican con claridad cuáles serían las supuestas “deficiencias probatorias” encontradas por la Fiscalía de Asuntos Internos y más bien su formulación es vaga, abierta y general.
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Estos “hallazgos” habrían sido identificados en un lapso de siete días, incluido el fin de semana, y seguidamente transmitidos preliminarmente a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, órgano superior de la UEILCA”, se puede leer en el documento.