Andro Aguilar · 26 de noviembre de 2025
Con el estandarte de la reducción de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza “como su mayor satisfacción”, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y rechazó que sean usados con fines electorales.
La funcionaria destacó que la política social redujo la desigualdad y el ingreso de las personas más ricas, que era 30 veces superior al de las más pobres, se redujo 14 veces en 2024.
“Los programas de Bienestar no son de ningún partido político. Son del pueblo de México por una decisión del gobierno de la Cuarta Transformación”, señaló.
Ante los cuestionamientos de representantes de la oposición, la funcionaria aseguró que las personas pobres para su partido no serán mercancía electoral.
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“Los pobres para nosotros nunca serán como en el pasado, una clientela, nunca serán aquellos a los que visitaremos cada tres años como en el pasado”.

La funcionaria acusó un discurso contradictorio por parte de representantes de la oposición, que rechazan las propuestas de presupuesto cada año para solventarlos, pero “se sacan sangre en las campañas electorales para decirnos que no los van a desaparecer”, en alusión a la exaspirante presidencial Xóchitl Gálvez.
Ariadna Montiel, una de las secretarias que repitió en su cargo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, defendió la metodología actual para la medición oficial de la pobreza en México y rechazó que exista manipulación gubernamental, luego de que legisladores de oposición cuestionaran la confiabilidad de los recientes resultados.
La secretaria subrayó que la medición de la pobreza se fundamenta en ley, que su marco normativo no ha sido modificado desde 2016 y que el traslado administrativo del Coneval al Inegi no alteró los indicadores. Defendió que ese cambio fue sólo administrativo.
La funcionaria explicó que la medición de la pobreza se basa en el marco normativo que no ha cambiado desde 2016, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (ENIGH) del Inegi y la interpretación técnica y aplicación de los indicadores establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, una función que antes realizaba Coneval como órgano independiente, pero que tras su desaparición por parte del actual gobierno fue absorbido por Inegi.
Montiel aseguró que las cifras reflejan que 22 millones de personas mejoraron en su bienestar económico, aunque evitó dar detalles sobre las otras seis carencias sociales —educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación— “en todas hemos avanzado”.
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, argumentó que el debate debe centrarse en cómo están funcionando los programas.
“No basta solo con entregar los apoyos. Es importante saber qué tan eficientemente están reduciendo carencias, qué tanto aminoran la vulnerabilidad de la población”, demandó.
Barrales le cuestionó de qué manera la Secretaría de Bienestar aborda la actualización de la medición de la pobreza. Además de qué estrategia específica se está realizando respecto a la pobreza infantil más allá de transferencias monetarias.
Por el PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca criticó la desaparición del Coneval y acusó de utilizar la política social con fines electorales.
La legisladora señaló que sólo se utiliza el 9% del presupuesto anual a programas sociales, por lo que cuestionó cuándo se alcanzará el 20% del gasto social, promedio de la OCDE.
Ávalos le preguntó —sin obtener respuesta— su opinión de que las ganancias del huachicol casi igualan el gasto social. También le cuestionó sobre el endeudamiento federal:
“¿Qué opina de qué el endeudamiento que Morena aprobó para 2026 es 1.78 billones de pesos, el doble de lo que se destina a programas sociales? (…) Se endeudan con el doble de lo que destinan a programas sociales. ¿Podría explicarnos si la otra parte de la deuda se destina a necesidades sociales o en qué se lo gastan?”.
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Otra de las acusaciones fue que existe una diferente repartición de recursos en las entidades federativas que podrían obedecer a fines electorales.
Por el PAN, la senadora María de Jesús Marmolejo dijo que su bancada reconocía los avances en la reducción de la pobreza, pero aseguró que las dudas son más visibles.

La panista advirtió que no está claro cómo se va a asegurar la sostenibilidad financiera y a evitar duplicidades. Criticó que el INEGI muestra que mientras el número de personas en pobreza disminuyó, pero la población vulnerable por carencias sociales aumentó a 41.9 millones frente a los 37.9 millones que había en 2022.
La panista cuestionó dónde están los indicadores de resultados y no sólo la distribución.
“¿Cuántas personas salieron de la pobreza y lograron empleo formal, o mejora de ingresos, o que terminaron sus estudios con calidad, donde les permita acceder a una autonomía económica?”.
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Marmolejo también cuestionó cómo evita el uso de padrones clientelares con base en las visitas de los servidores de la nación a los domicilios y cómo garantizar la continuidad presupuestal de los programas si la deuda gubernamental se incrementa.
Montiel fue acompañada por integrantes de su dependencia e incluso algunos servidores de la Nación que ocuparon espacios de los palcos.
Lizzet Sánchez, del Partido del Trabajo, manifestó que su bancada reconoce acompaña, fortalece y defiende la labor de la funcionaria.
El morenista Juan Carlos Loera aprovechó para pedir aplausos para los Servidores de la Nación en dos ocasiones y aseguró que ahí se encuentran representantes de la llamada Generación Z.
“Particularmente de las y los jóvenes servidores de la nación, un colectivo de la verdadera generación Z que no ha dudado en sacrificarse para ofrecer su mano solidaria a esos 30 millones de personas”.