Gabriela busca recuperar a su bebé, pero no encuentra un juez en CDMX que la atienda
Paris Martínez / Observatorio Judicial Ibero · 9 de julio de 2025
“Cuando eres mamá de un recién nacido, tu cuerpo reconoce los momentos en que el bebé tiene hambre y comienzas a producir leche materna, lo que se anuncia con un dolor muy fuerte en los senos”, explica Gabriela Pérez Ruiz, madre de un niño que actualmente tiene un año de vida, al que no ha podido amamantar en los últimos tres meses, porque el progenitor la echó de la casa que compartían, en abril pasado.
A partir de entonces, Gabriela –quien sufrió violencia física, sexual, económica y psicológica por parte de su expareja–, tiene dos prioridades: una es sortear las trabas que el sistema de justicia familiar le ha puesto en el camino para recuperar a su bebé, la otra es impedir que su cuerpo deje de producir leche.
“He estado extrayéndome la leche yo misma –detalla–, porque tengo la esperanza de que pronto esté mi hijo conmigo y pueda darle pecho, aunque, hoy por hoy, ya es muy poca la leche que genero. Finalmente, el cuerpo va reconociendo que el bebé no está”.
En abril, cuando Gabriela fue echada por la fuerza de su casa sin que se le permitiera conservar a su bebé, ella intentó denunciar la sustracción del menor ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero el Ministerio Público no quiso tomar cartas en el asunto.
“Me dijeron que este tipo de casos son una pérdida de tiempo, porque, según ellos, al final la mujer siempre perdona al hombre”. Con este argumento, el personal de la Fiscalía redirigió a Gabriela al sistema de justicia familiar de la capital del país.
Sin embargo, cuando llegó a los juzgados familiares no había nadie para atenderla. “Todos estaban de vacaciones de Semana Santa, supuestamente debía haber al menos un juez de guardia, pero la realidad es que no había nadie trabajando. Ya han pasado tres meses desde que me robaron a mi hijo y yo no he logrado que me atiendan en juzgados, no he logrado ser recibida por ningún juez familiar, ni he podido ver o amamantar a mi bebé”.
Tal como confirman los reportes de desempeño del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la eficiencia de los juzgados familiares locales ha mostrado una caída sensible desde que inició el año 2025, es decir, luego de que fue aprobada la reforma electoral que llevó en junio pasado a la elección de nuevos juzgadores por voto ciudadano y, también, después de que en enero arrancó en la capital del país la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Según estos registros de desempeño, en el primer trimestre del año, la tramitación de nuevos expedientes en los juzgados familiares de la Ciudad de México se redujo 36 %, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Además, la “eficacia de las diligencias practicadas” en materia familiar bajó 19 %; el “porcentaje de audiencias efectivamente desahogadas” disminuyó 12.6 %, y el número de ocasiones en que los juzgados locales solicitaron la intervención del Centro de Convivencia Familiar (para que padres y madres puedan ver a sus hijos en disputa) se redujo 13 %.
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“Yo estoy enojada con el sistema de justicia –subraya Gabriela–, esa es la palabra: enojada. Las víctimas debemos enfrentar una traba y otra y otra. Y los jueces, que tienen el poder de decir ‘recuperen a ese bebé’, ¿por qué no lo ejercen? ¿Por qué esos niños sustraídos deben pasar separados de sus madres uno, dos, tres, ocho años? No comprendo qué los detiene. Y cuando he ido al juzgado a preguntar, me responden ‘señora, somos ocho personas trabajando y recibimos 30 casos nuevos cada día, por eso nos atrasamos, hay miles de expedientes rezagados’”.
Causas y consecuencias del rezago en justicia familiar
Consultado en torno a esta problemática, el abogado Iván Canseco Gutierrez, especializado en derecho familiar, explica que la reforma judicial afectó demasiado la operación de tribunales en la Ciudad de México.
“Porque unos jueces tramitaron su jubilación y dejaron su juzgado paralizado, mientras que otros jueces buscaron la reelección y se enfocaron en sus campañas, en buscar votos, igual que los secretarios de juzgado que se postularon como candidatos a juez, magistrado o ministro. Eso desvió su atención de la impartición de justicia”.
La distracción provocada por las elecciones judiciales, añade, ha generado un retraso en el establecimiento de acuerdos entre las partes en materia familiar y en la elaboración de proyectos de sentencia.
“También, al momento de dictar sentencias, porque si a un juzgado le falta juez o secretarios, se detienen sus funciones, no pueden cumplir con el objetivo de impartir justicia”.
A ese retraso generado por la reforma y la elección judicial, lamentó el abogado, se añade el rezago en trámites judiciales, provocado por la entrada en operación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la capital del país, ya que el personal no recibió capacitación para aplicar el nuevo ordenamiento, además de que la nueva norma obligó a extinguir 11 juzgados familiares desde noviembre pasado, cuya carga de trabajo se distribuyó entre los que continúan operando.
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“Uno de esos juzgados extintos fue el 41 familiar –ejemplifica–, en el que yo llevaba un expediente, que pasó al juzgado 30, en el mes de noviembre. Ya han pasado casi ocho meses, pero hasta la fecha no se nos ha notificado cuál es el nuevo número asignado al expediente”.
Finalmente, señala el abogado, al rezago contribuyó también el paro de labores realizado en junio y principios de julio por el personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en demanda de bonos y mejoras en las condiciones de trabajo, por el cual se pospusieron todos los trámites judiciales.
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“Por este tipo de situaciones es que se decepciona la ciudadanía de nuestro sistema judicial –subraya–, porque efectivamente los trabajadores están defendiendo sus derechos laborales, pero estos rezagos se traducen en afectaciones a la gente, por ejemplo, en la imposibilidad de que la gente conviva con sus hijos, o de que obtengan una pensión alimenticia, o de defender cualquier otro derecho”.
Justicia familiar, en caída constante
Si bien en 2025 el sistema de justicia familiar de la Ciudad de México ha reportado una significativa caída en sus índices de eficiencia, eso no quiere decir que en los años previos registrara un óptimo desempeño de sus funciones, tal como afirma Paola Domínguez Ramos, quien lleva 8 años luchando por recuperar la guarda y custodia de sus dos hijos.
“En 2017 –explica Paola–, yo presenté una demanda de pensión alimenticia contra el papá de mis hijos, pero él se arregló con la jueza que estaba entonces en el Juzgado Octavo de lo Familiar, y en vez de que lo obligaran a pagar la manutención de los niños, la jueza me quitó la custodia y se la entregó provisionalmente a él”.
A pesar de que esa jueza estableció que la custodia regresaría a Paola, si el padre de los niños impedía la convivencia con su madre, cuando este incumplimiento ocurrió, en 2020, el Juzgado Octavo de lo Familiar no hizo nada. “Llevo cinco años y tres meses sin ver a mis hijos”, lamenta.
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Desde entonces, el expediente con la denuncia de Paola ha estado en manos de tres jueces titulares y dos interinos del Juzgado Octavo de lo Familiar, cada uno de los cuales ha desatendido o postergado las determinaciones de su predecesor.
“Desde 2020 –dice Paola–, cuando mi expareja comenzó a hacer caso omiso a los requerimientos judiciales y dejó de presentar a los niños, yo vengo promoviendo que el Juzgado ordene su recuperación, pero con todos los cambios de titular, fue hasta noviembre pasado que se dio la instrucción de catear el departamento donde este señor tenía a mis hijos. Cinco años se tardaron en dar esa orden”.
No obstante, llegado el día del operativo para la búsqueda y recuperación de los niños, estando ya 10 policías ante el inmueble, la actuaria enviada por el Juzgado Octavo canceló el cateo, luego de que el administrador del edificio de departamentos llegó a un arreglo con ella.
“El bienestar de los niños debería ser una prioridad para los juzgados familiares, pero no lo es –concluye Paola–. Mi hijo mayor tenía 10 años cuando me lo quitaron y ahora es un adolescente de 16, que no asiste a la escuela, mientras que mi otro niño ha faltado 117 veces a la primaria, de 171 días que tiene este ciclo escolar, pero a nadie le importa el daño que su sustracción les está provocando. Este desinterés de la autoridad es terrorífico: si todo esto lo estoy viviendo con los jueces que se supone que tienen experiencia, no me imagino cómo empeorarán las cosas, ahora que entren en funciones los nuevos jueces, que no tienen ni idea de lo que les toca hacer”.