Juez de Puente Grande renuncia dos meses después de ser electo
Andro Aguilar · 4 de noviembre de 2025
Dos meses después de rendir protesta, el juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien ganó su cargo en la primera elección judicial, solicitó su renuncia.
Aguirre Hernández había ganado la elección el 1 de junio para ser juez penal en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, el penal de máxima seguridad de Puente Grande y apenas el 1 de septiembre rindió protesta en el Senado.
Sin embargo, este martes, el Senado recibió la renuncia del juzgador a través del Órgano de Administración de Justicia y se confirmó que presentó su documentación el pasado 29 de octubre.
Aguirre Hernández fue electo en los primeros comicios judiciales con 36 mil 84 votos (3.5914%) para convertirse en juez de control en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco.
Antes de ese cargo, Aguirre Hernández no tenía experiencia como juez. Se había desempeñado como oficial administrativo y oficial judicial en juzgados de Jalisco. También, como abogado litigante privado.
La renuncia del juez fue turnada por la Mesa Directiva del Senado a la Comisión de Justicia para que sea analizada y dictaminada para su posible votación en el pleno.
De acuerdo con la reforma judicial, cuando una persona juzgadora se ausente por más de un mes por renuncia o decline al cargo, la vacante deberá ser ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en los votos en la elección para ese cargo.
Suman dos solicitudes de renuncia de personas juzgadoras electas
Se trata del segundo caso en que una persona juzgadora electa en los primeros comicios del 1 de junio pide separarse de ese cargo.
El pasado 9 de septiembre, una semana después de que había rendido protesta, la jueza en materia penal Irlanda Gabriela Pacheco Torres pidió al Senado licencia para separarse de su cargo hasta marzo de 2026.
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La juzgadora realizó su petición debido a que es directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México y argumentó que debía realizar un “cierre ordenado” de sus labores en esa dependencia.
El 17 de septiembre, el Senado rechazó la solicitud con 90 votos de respaldo a esa decisión y 11 abstenciones.