Alexis Ortiz · 7 de octubre de 2025
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Aduanera, con la que el gobierno federal busca combatir la evasión fiscal de los productos que ingresan al país.
La reforma establece mayores controles a los agentes y las agencias de aduanas para evitar que las empresas eludan el pago de impuestos de los productos que ingresan al país.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera, y ahora será enviada al Senado de la República para su discusión.
Durante la discusión, que duró nueve horas, los diputados de Morena y sus aliados no aceptaron ninguna propuesta de modificación presentada por la oposición.
Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron que la reforma ayudará a combatir la evasión del pago de impuestos de los productos que entran a México. El bloque oficialista señaló al crimen organizado, a los agentes aduaneros y a los funcionarios públicos como responsables de este problema.
“Lo que propone el dictamen es establecer condiciones de orden en el sector aduanero, para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios ni de quienes eluden el pago de impuestos, sino que deben ser captados por el Estado y destinarse al beneficio de todos los mexicanos”, expresó Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado morenista señaló que con esta reforma se dan más atribuciones y obligaciones a las agencias y a los agentes aduanales para evitar la evasión del pago de impuestos de ciertos productos, como ha ocurrido en los últimos años con la importación irregular de combustibles, un fenómeno conocido como “huachicol fiscal”.
“El dictamen valida una propuesta, que si bien pudiera parecer estricta en cuanto a establecer mayores controles (a las agencias y agentes aduaneros), responde a los desafíos actuales de un comercio internacional cada vez de mayor magnitud y a los retos que imponen los avances de la delincuencia organizada”, mencionó Altamirano.

Por su parte, los partidos de oposición rechazaron que esta reforma sea suficiente para combatir la evasión fiscal porque se deja la mayor responsabilidad a los agentes y a las agencias de aduanas, y no a los funcionarios públicos.
“Se deja afuera el principio de corresponsabilidad, se quiere cargar toda la responsabilidad de la supervisión aduanera a los agentes aduanales. Hoy el gobierno deja su responsabilidad dejándosela toda al privado, cuando el privado hoy está indefenso en muchos sectores para poder hacer con seguridad su trabajo”, expresó Yerico Abramo, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Patricia Flores, legisladora de Movimiento Ciudadano, también cuestionó que la reforma a la Ley Aduanera no impone sanciones para los funcionarios corruptos.
“No podemos acompañar una reforma que no toca el fondo del problema, que no corrige la corrupción dentro del gobierno. Los grandes fraudes en aduana no nacen en las ventanillas, nacen en las oficinas del poder. Ahí se manipulan pedimentos, se borran inspecciones, se compran facturas y se dejan pasar millones de litros de gasolina sin pagar impuestos”, indicó la legisladora del partido naranja.
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Durante la discusión, la oposición se refirió sobre todo al huachicol fiscal luego de que Grisel Soriano, procuradora fiscal de la Federación, estimó que México ha perdido 600 mil millones de pesos por los combustibles que han entrado al país y no pagan impuestos en las aduanas.
La reforma a la Ley Aduanera, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señala que busca “fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana de forma que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorando la competitividad del país y combatiendo la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando”.
La reforma robustece los requisitos que los agentes aduanales y las agencias aduanales deben cumplir para realizar su trabajo.
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Por ejemplo, se establece que los agentes deben tener una patente con vigencia de 20 años que acredite que están calificados para realizar sus tareas. Cada tres años, los agentes tendrán que realizar una certificación para mantener sus patentes.

Las agencias aduanales también deberán tener una autorización para operar, la cual tendrá una vigencia de 20 años y podrá prorrogarse por un periodo similar.
Se plantea también crear el Consejo Aduanero como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para agencia aduanal, así como de sus prórrogas y del procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.
El Consejo deberá ser presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estará conformado también por personas servidoras públicas del Servicio de Administración Tributaria, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.