Corte aprueba anteproyecto de presupuesto 2026; Batres lo tacha de “incremento injustificado”
Redacción Animal Político · 12 de agosto de 2025
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este martes, en su última sesión con la actual integración de ministros, el anteproyecto de presupuesto para 2026 por 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, el cual fue cuestionado por la ministra Lenia Batres al considerarlo un “incremento injustificado”.
En redes sociales, Batres señaló que el monto aprobado implica un aumento frente a los 5 mil 208.5 millones de pesos asignados a la Corte en 2025, cifra que a su vez representó una reducción del 13% respecto al presupuesto autorizado en 2024.
Sobre el anteproyecto aprobado por los ministros este martes, Batres señaló que votó en contra debido a que representa “un incremento global de 12.7% (8.1% real), no obstante que la Secretaría de Hacienda reporta una inflación del 5%”.
Ministros se aprobaron seguros, arrendamiento de autos y 65 mil pesos para alimentos
La ministra Batres afirmó que contempla “remuneraciones superiores a las del titular de la Presidencia de la República”, además de seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, así como el arrendamiento de vehículos para ministros y una asignación mensual de 65 mil pesos para alimentos.
“Esperamos que el nuevo Poder Judicial que ingrese en septiembre asuma una política de racionalidad, austeridad, en el gasto presupuestal y suprima estos incrementos injustificados que ni siquiera aplicará la Corte actual”, remató la ministra.
Corte advirtió que recorte al presupuesto 2025 afectaría su operación
En diciembre de 2024, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) alertaron por el impacto que tendría el recorte de presupuesto para 2025 por parte de la Cámara de Diputados en el proceso de impartición de justicia.
A través de un comunicado, ambas instancias mostraron su preocupación ante la reducción del 12.06% respecto de lo que solicitó la Corte y del 17.45% para la Judicatura.
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Señalaron que ocho de cada 10 pesos solicitados correspondían al capítulo 1000, es decir, sueldos, salarios y prestaciones, por lo que la reducción afectaría la operatividad de los órganos y pondría en riesgo los derechos laborales.
“La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos”.
Destacaron que el recorte afectaría la implementación de reformas que estaban entonces en marcha como la laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos, además de la propia reforma judicial, “pues los recursos solicitados incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial”.