Alfredo Maza · 29 de octubre de 2025
Por mayoría votos, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el impedimento solicitado por la ministra María Estela Ríos González para no ser ella quien defina si sus dos compañeras, las ministra Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, participan en la resolución final de un juicio abierto en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego por un adeudo fiscal de aproximadamente 33 mil millones de pesos.
De esta forma, con siete votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal del país aprobó el proyecto de sentencia presentado por la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Méjía, quien consideró que la excusa planteada por la ministra María Estela era legal debido a que en el pasado existió un “vínculo laboral” entre ella y Batres Guadarrama, por lo que al resolver el asunto hubiera generado un “problema de imparcialidad”.
Durante la votación, la ministra Lenia Batres fue la única que votó en contra al asegurar que la cercanía entre ambas no era razón suficiente para declarar el impedimento de la ministra y que “las relaciones laborales tampoco generan un impedimento”.

Desde el 24 de octubre, se dio a conocer que la ministra María Estela Ríos buscaba lavarse las manos para no ser ella quien definiera si dos de sus compañeras participaban en la resolución final de un juicio abierto en contra el empresario Ricardo Salinas.
Así lo hizo al solicitar al Máximo Tribunal del país declararla imposibilitada para conocer de otro impedimento (33/2024) promovido por Grupo Elektra en contra del ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.
Lo anterior debido a que ambas trabajaron en la oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que dicha relación de cercanía podría dar lugar a “generar la presunción de la existencia de amistad o enemistad que pudiera conducirme, en el caso que nos ocupa, a actuar de manera parcial y subjetiva”, señaló la ministra en un escrito enviado el 23 de octubre de 2025.
Por este motivo, para resolver este conflicto legal, la Suprema Corte envió el asunto a la ponencia del ministro Giovanni Figueroa, para que estudiara el tema y presentara una propuesta de resolución de este.
Días después, la ponencia del ministro Giovanni Figueroa presentó un proyecto de sentencia en el que perfiló aceptar el impedimento planteado por la ministra María Estela Ríos, “toda vez que su escrito (presentado por la propia ministra) revela la existencia de elementos objetivos de los cuales se podría seguir riesgo de pérdida de la imparcialidad”.

En 2024, Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, interpuso un juicio de amparo en contra de la determinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de aproximadamente 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, al sumar actualizaciones y recargos.
Al llegar el asunto a la Suprema Corte, bajo el expediente del amparo directo en revisión 6321/2024, se designó al entonces ministro Alberto Pérez Dayán para que elaborara un proyecto de sentencia para proponer una salida legal al conflicto.
Sin embargo, Grupo Elektra solicitó al Alto Tribunal declarar impedidos al ministro Alberto Pérez Dayán y a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama para conocer del amparo, tras acusar una posible falta de imparcialidad de los juzgadores en el caso.
De esta forma, Elektra logró retrasar la resolución de juicio en el que se resolvería el pago por el adeudo de 33 mil millones de pesos, con la interposición del impedimento 33/2024 que fue enviado a la ponencia del entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Sin embargo, tras los resultados de la elección judicial, la nueva Corte envió el impedimento a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González para resolver esta petición, misma que ahora busca no resolver.
Mientras que el amparo directo en revisión 6321/2024 quedó en manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre el caso y presentarlo ante el Pleno de la Corte para su eventual resolución.