Cuando el silencio entrena: la violencia sexual que el deporte aprendió a normalizar

Por Marco Cancino

Hay niñas que aprenden a soportar el dolor antes que a denunciarlo. En el deporte, muchas veces se les enseña que callar también forma parte del entrenamiento.

La violencia sexual en el deporte no es un fenómeno aislado ni excepcional. Es estructural. Y durante décadas el sistema deportivo mundial aprendió a administrarla en silencio.

Hoy, organismos internacionales comienzan a reconocer la dimensión real del problema. Un informe presentado ante Naciones Unidas en 2024 documentó que el 21 % de las niñas en el mundo ha sufrido abuso sexual durante su infancia deportiva. La relatora especial de la ONU, Reem Alsalem, advirtió además que la violencia contra mujeres y niñas en el deporte es “generalizada, superpuesta y grave” en prácticamente todos los niveles competitivos.

México tampoco está fuera de esa realidad. Los primeros resultados del estudio “Violencia interpersonal en el deporte”, desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 2,200 deportistas, revelan que más de la mitad ha vivido al menos un episodio de violencia física, psicológica o sexual dentro de su trayectoria deportiva. En el caso de entrenadores, la violencia sexual aparece como la segunda forma más reportada, con una incidencia cercana al 26 %.

El problema no empieza con una agresión sexual consumada. Empieza mucho antes: con el entrenador que controla el peso, el cuerpo y la vida personal de una atleta; con el médico que invade límites “por razones técnicas”; con concentraciones donde nadie pregunta qué ocurre detrás de puertas cerradas; con comentarios sexualizados normalizados en vestidores; con federaciones enteras que prefieren proteger medallas antes que proteger personas.

El deporte mundial construyó durante décadas una narrativa heroica sobre disciplina, sacrificio y resiliencia. Pero detrás de esa épica también se consolidó un sistema profundamente jerárquico y opaco, donde niñas, adolescentes y jóvenes dependen emocional, económica y profesionalmente de quienes tienen poder sobre sus carreras. Y donde denunciar puede significar perder una beca, un lugar en selección nacional o una trayectoria completa.

Los casos internacionales son devastadores. Larry Nassar, médico de USA Gymnastics y del sistema olímpico estadounidense, abusó sexualmente de cientos de atletas durante años mientras instituciones enteras ignoraban señales y denuncias. El problema nunca fue únicamente un agresor. El problema fue un ecosistema completo diseñado para proteger reputaciones institucionales antes que víctimas.

En México, el silencio deportivo también tiene estructura. Las denuncias son mínimas no porque la violencia no exista, sino porque el sistema castiga a quien habla. Muchas atletas saben que denunciar implica revictimización, incredulidad, aislamiento y, en ocasiones, el final de su carrera deportiva.

Faltan protocolos especializados de prevención y atención de violencia sexual

Y el vacío institucional sigue siendo enorme. En múltiples disciplinas no existen protocolos especializados de prevención y atención de violencia sexual. Y cuando existen, suelen convertirse en documentos burocráticos imposibles de activar, sin independencia, sin personal especializado y sin rutas reales de protección.

El problema más grave es que seguimos reaccionando únicamente cuando el daño ya destruyó vidas.

La violencia sexual en el deporte rara vez aparece de forma súbita. Escala progresivamente. Se inicia con control emocional, favoritismos, aislamiento, invasión corporal normalizada y dependencia afectiva disfrazada de disciplina. El agresor construye legitimidad antes que violencia visible. Por eso los modelos exclusivamente sancionatorios llegan tarde: intervienen cuando la conducta ya escaló y cuando la víctima ya carga años de daño acumulado.

Necesitamos cambiar radicalmente el enfoque. La prevención real no puede depender de cursos digitales, códigos de conducta archivados o protocolos diseñados únicamente para cumplir requisitos administrativos. Requiere transformar la cultura institucional del alto rendimiento.

Eso implica reconocer que el riesgo no está solamente en “personas malas”, sino en estructuras que concentran poder sin supervisión. Ningún entrenador, médico o directivo debería operar sin mecanismos permanentes de vigilancia y evaluación externa. Las federaciones no pueden seguir investigándose a sí mismas.

También implica construir sistemas de detección temprana. En el deporte, quienes primero observan señales de violencia casi nunca son las instituciones: son compañeras de equipo, madres, fisioterapeutas, psicólogas deportivas o atletas sobrevivientes.

Se necesitan protocolos simples y humanos para identificar señales tempranas: miedo persistente hacia ciertas figuras, ansiedad extrema antes de entrenamientos, aislamiento, lesiones psicosomáticas recurrentes, trastornos alimenticios exacerbados o dinámicas de control emocional disfrazadas de exigencia deportiva.

Pero detectar no basta. La atención a víctimas debe dejar de limitarse a una denuncia administrativa o penal. La reparación integral del daño requiere atención terapéutica especializada en trauma, acompañamiento jurídico, protección frente a represalias y reconstrucción del proyecto de vida. Porque muchas veces la violencia no solo rompe la salud emocional: rompe carreras completas.

¿Qué hacer con quienes ejercen violencia sexual?

La reparación debe incluir continuidad educativa, recuperación de apoyos deportivos, reintegración segura a entrenamientos y acompañamiento psicológico para familias y equipos enteros. El trauma en el deporte rara vez afecta a una sola persona; impacta dinámicas completas de confianza y convivencia.

Y hay otro tema incómodo pero indispensable: qué hacer con quienes ejercen violencia.

El sistema deportivo suele moverse entre dos extremos igual de ineficaces: la impunidad absoluta o la expulsión inmediata sin ningún tratamiento posterior. Ninguna de las dos reduce necesariamente el riesgo de repetición.

La sanción es necesaria. Pero por sí sola no transforma conductas violentas.

Los perpetradores deben enfrentar procesos obligatorios de evaluación de riesgo, tratamiento psicológico especializado e intervención sobre patrones de abuso de poder. La justicia restaurativa no significa perdón automático ni reconciliación forzada. Significa reducir la probabilidad de reincidencia, reparar el daño y romper ciclos estructurales de violencia.

Desde Inteligencia Pública proponemos dejar de construir sistemas deportivos diseñados para reaccionar únicamente cuando el escándalo ya estalló, y comenzar a construir entornos capaces de detectar, prevenir y atender la violencia antes de que destruya trayectorias, cuerpos y vidas. Eso implica colocar en el centro a las víctimas, garantizar reparación integral del daño y reconstrucción de sus proyectos de vida, pero también transformar las estructuras de silencio e impunidad que históricamente han normalizado la violencia en el deporte.

Porque ninguna atleta debería tener que elegir entre su seguridad y su sueño deportivo. Y porque ninguna medalla puede valer más que una vida rota. ♦

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Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública.

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