Las vidas que le importan al Estado mexicano

Este fin de semana estuvo marcado en nuestro país por dos acontecimientos que reflejan a cabalidad la respuesta del Estado mexicano ante la violencia criminal. El funeral de Nemesio “El Mencho” Oseguera, tras la entrega del cuerpo a sus familiares el sábado, fue custodiado por fuerzas de seguridad federales. Rubí Patricia Gómez, madre buscadora parte del colectivo “Corazones Unidos por una misma Causa, A.C.”, fue asesinada previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad como parte de una gira por la entidad, acompañada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

Las críticas y señalamientos no se hicieron esperar: el cortejo fúnebre de “El Mencho” recibió protección federal bajo el argumento de que no querían que otros grupos criminales actuaran en su contra. La presidenta salió a recorrer Sinaloa en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tan solo 24 horas después de que asesinaran a Rubí. Colectivos de búsqueda denunciaron el abandono que enfrentan las madres buscadoras y los colectivos mientras realizan su labor en territorio, y señalaron que el asesinato era una muestra de la impunidad. Finalmente, la crítica a la protección del funeral de “El Mencho” tocó otro punto fundamental: mientras que las familias buscadoras pasan años sin noticias sobre sus desaparecidos, familiares de un jefe criminal recibieron todas las atenciones para poder tener un funeral.

Me interesa denunciar la indolencia por parte del gobierno federal. No significa que la familia de Nemesio Oseguera no debiera ser atendida por el Estado para recibir su cuerpo y darle sepultura. Independientemente de lo reprobable que fue la carrera criminal y el legado asesino del capo, la paradoja política y social que enfrentamos como país es que no podemos negarle derechos fundamentales a ninguna persona. Sin embargo, esa misma paradoja sirve para denunciar la situación de indefensión y riesgo permanente que enfrentan las familias buscadoras. Solo en algunos casos, y después de mucha presión pública, es que los colectivos reciben un apoyo gubernamental a regañadientes. Las familias no deberían pelear por algo que es su derecho y obligación inmediata del Estado mexicano.

También cabe denunciar la impunidad que permite estas asimetrías. Cuando los órganos de justicia en todos los órdenes de gobierno se niegan a hacer su trabajo, evaden su responsabilidad judicial y política: dar de alta una ficha de búsqueda, formar bien las carpetas de investigación, seguir los indicios y procurar que dentro de las primeras 48 horas la familia tenga noticias o información sobre la persona desaparecida. Existe impunidad para que delincuentes y autoridades corruptas actúen en perjuicio de la población mediante robos, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas. Los grandes capos y los colectivos de búsqueda existen por la impunidad: el Estado les falla mientras que, por acción u omisión, crea las condiciones para que las empresas criminales crezcan.

Mientras la indolencia y la impunidad sean la marca del Estado mexicano, enfrentaremos estas asimetrías entre los grandes jefes criminales y las víctimas de desaparición forzada. Ambas caras demuestran las vidas que le importan al Estado, e incluso, por qué le importan: en el caso de “El Mencho”, por la respuesta de otros grupos criminales que ahora buscarán disputar el control de las empresas criminales que existen gracias a la impunidad en todos los órdenes de gobierno; en el caso de Rubí Patricia Gómez, la impunidad de que fuera asesinada y la indolencia de no contar con protección, demuestran que quienes buscan solo una respuesta (incluso renunciando a una promesa de justicia), no le importan al Estado mexicano.