“Siempre tuve trabajo, hasta que fui mujer”

“Estuve hasta los 40 años ejerciendo como hombre, no porque lo fuera, pero sí lo parecía. Hice una vida de hombre, tuve mi propia familia y, en el tema laboral, nunca me faltó trabajo. Ahora llevo cerca de treinta entrevistas y no se me toma con seriedad ni rigor”.

Así relata Luisa su experiencia desde que comenzó a identificarse como mujer trans. Conseguir empleo se ha vuelto para ella una tarea complicada, y su historia refleja una realidad injusta que enfrentan la mayoría de las personas transgénero.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) reconoce que, dentro de las poblaciones LGBTTTIQA+ —lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales, queers, asexuales y más—, las personas transgénero son las que enfrentan mayor discriminación en los centros de trabajo.

Las personas transgénero son quienes tienen una identidad o expresión de género que no coincide con el sexo asignado al nacer. El término “trans” es un paraguas que incluye mujeres y hombres trans, así como personas no binarias, que no se identifican estrictamente con las categorías tradicionales de masculino o femenino, sino que pueden vivir identidades mixtas, fluidas o fuera del binarismo.

La expresión de género —como una persona manifiesta su género a través de su apariencia, comportamiento, vestimenta y roles sociales— es aún motivo de discriminación.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación es contundente: el 34.6 % de quienes participaron no rentaría una vivienda a personas trans; el 59.3  % considera que se respetan poco o nada los derechos de los hombres trans, y el 63.8  % piensa lo mismo respecto a las mujeres trans.

En el ámbito laboral, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 muestra que a las mujeres trans se les niega el acceso al empleo casi cuatro veces más que a las mujeres cisgénero (18.8 % frente a 4.3 %). Además, quienes tienen identidades de género no normativas tienen un 18.7 % de probabilidad de sufrir violencia laboral, en comparación con el 14.9 % de las personas heterosexuales.

Estas cifras evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos que protejan los derechos humanos y laborales de las personas transgénero.

Un primer paso fundamental para garantizar el respeto pleno al derecho a la identidad de género es que los centros de trabajo tengan la obligación de respetar el nombre y los pronombres con los que se identifican socialmente, aun cuando no hayan podido modificar sus documentos oficiales para reflejar legalmente su género.

Para esto, es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que tanto en los contratos laborales como en los nombramientos se reconozcan oficialmente los nombres y pronombres con los que se identifican las personas trans.

En materia de violencia laboral, la ley debería debería establecer la obligación de que los centros de trabajo establezcan Comisiones de Atención, Seguimiento y Vigilancia para la Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación. Estas comisiones, integradas tanto por trabajadores como por empleadores, podrían evaluar y atender conjuntamente la discriminación contra personas trans en el entorno laboral.

Otra herramienta legal con la que actualmente cuenta el Estado Mexicano es la inspección laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de estas inspecciones, supervisa las condiciones laborales y podría enfocarse especialmente en garantizar la igualdad y no discriminación hacia las personas trans.

Finalmente, es imprescindible avanzar en la regulación del trabajo que desempeñan muchas personas LGBTTTIQA+, como el trabajo sexual, que actualmente carece de un marco jurídico adecuado. Esta regulación es una deuda histórica que les dejaría acceso a certeza jurídica y seguridad social, protegiendo sus derechos y dignidad.

Garantizar condiciones laborales dignas e inclusivas para las personas transgénero no es solo una cuestión de justicia social, sino un paso indispensable hacia una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad.

* Mario Alberto Silva Jiménez se reconoce como hombre homosexual. Es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestrante en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Consejero Jurídico y Técnico por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y activista por los derechos económicos, políticos y civiles de la población LGBTTTIQA+.