Redacción Animal Político · 7 de noviembre de 2025

A cuatro años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y en la antesala de la COP30, la promesa de justicia ambiental en México encontró un respiro en el presupuesto, pero la sombra del abandono aún se extiende sobre el desierto, donde un sólo guardaparques encarna la resistencia frente a décadas de olvido. La historia documentada en el informe “Cuidar lo que importa“ de la coalición NOSSA, cambió su último capítulo: la presión logró revertir el recorte, pero la hazaña de convertir cada peso en conservación efectiva apenas comienza.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026, el primero moldeado en su totalidad por el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, no priorizó la protección de nuestro patrimonio biocultural. Su propuesta inicial para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era raquítica: sólo 1,002 millones de pesos, su nivel más bajo en 21 años, un recorte real del 12 % que significaba 138 millones de pesos menos y habría profundizado una tendencia de dos décadas de declive presupuestal.
Sin embargo, el proceso legislativo culminó con un cambio significativo. El presupuesto final aprobado para la Conanp aumentó a 1,502 millones de pesos, un incremento del 50 % frente a la propuesta original. Este movimiento no sólo revierte la caída libre, sino que establece un incremento del 31.7 % real sobre el presupuesto modificado en 2025.
Es un reconocimiento legislativo crucial de que las 232 áreas naturales protegidas (ANP) con sus casi 100 millones de hectáreas, son nuestra principal herramienta para enfrentar la emergencia climática.
Para entender lo que está en juego con estos 500 millones de pesos adicionales es necesario mirar al territorio. En la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, una de las joyas de la biodiversidad continental, 10 guardaparques custodian más de 500,000 hectáreas. Su equipamiento: intuición y suerte. Carecen de radios satelitales para comunicarse en áreas sin cobertura y de equipo cortafuegos.
Al norte de México, la escena se repite de forma aún más dramática en otra área protegida: el Gran Desierto de Altar, Patrimonio Mundial de la Humanidad. En sus 714,000 hectáreas —un espacio más grande que el estado de Colima—, la frontera entre la conservación y la desaparición la defiende la silueta solitaria de un sólo guardaparque. 1 Su mundo es un océano de arena; su equipo, un radio de baja potencia y una determinación que hoy es un acto de fe. Él es la encarnación humana de un territorio que, a pesar del aumento, carga con el lastre de años de abandono presupuestario.
El aumento presupuestal modifica la ecuación, pero no resuelve todas las paradojas. La asignación por hectárea protegida pasa de los risibles $10.22 a $15.33 pesos. Aunque es una mejora, esta cifra sigue siendo un testimonio de los desafíos que enfrenta la conservación.
La incoherencia alcanza su punto más álgido en el Anexo Transversal 16 (AT16), el instrumento creado específicamente para financiar la “Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”. De un presupuesto total de más de 212,570 millones de pesos, las áreas naturales protegidas —auténticas infraestructuras naturales de adaptación al cambio climático por su capacidad de capturar carbono, regular el agua y proteger contra fenómenos extremos— recibirán sólo el 0.2 %.
Mientras tanto, el Tren Maya tendrá en 2026 un presupuesto 30 veces mayor al propuesto en el PPEF 2026 para la Conanp para el cuidado de las ANP. Esta desproporción no es un mero detalle técnico, sino una declaración de prioridades que el aumento a la Conanp no corrige.
El aumento presupuestal enfrenta otro desafío crítico: el riesgo de que los recursos no se traduzcan en acción directa sobre el territorio.
Por ejemplo, en 2024 la Conanp tuvo una recaudación histórica de 341.9 millones de pesos por cobro de derechos, es decir, por concepto de cuotas de entrada en las ANP. Un aspecto positivo es que la Secretaría de Hacienda reintegró a esta Comisión el 96 % de estos ingresos. Sin embargo, los recursos no se utilizaron íntegramente para el manejo sustentable de las ANP, como lo establece la Ley Federal de Derechos (LFD), sino para suplir las carencias del presupuesto federal y para cubrir gastos administrativos: la mayoría se destinó al pago de cuotas a organismos internacionales.
Además, cabe mencionar que en México 92 áreas naturales protegidas —equivalentes al 40 % del sistema— no cuentan con un programa de manejo, el instrumento que define las reglas para su conservación, lo que podría diluir el impacto de cualquier aumento presupuestario.
La asignación para el Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” sigue siendo la más baja entre los países latinoamericanos de la OCDE (0.1 % del PIB), muy por debajo de Costa Rica (0.4 %) o Chile (0.3 %). Esta precariedad trasciende lo ambiental y se convierte en una cuestión de derechos humanos.
Al debilitar por años a la Conanp y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Estado mexicano redujo drásticamente su capacidad de inspección y vigilancia ambiental, lo que debilitó la atención de denuncias, la aplicación de sanciones y la protección de ecosistemas y especies en ANP y regiones ecológicamente vulnerables. Una situación que erosiona el derecho constitucional a un medio ambiente sano y vulnera los pilares del Acuerdo de Escazú.
El guardaparques de El Pinacate, los diez vigilantes de Tehuacán-Cuicatlán y los cientos de personas que mantienen con vida las ANP son el rostro humano de una elección crucial. El incremento del 50 % es una victoria para las ANP y para la sociedad en su conjunto, y es también un rayo de esperanza.
Sin embargo, la respuesta final no está en las cifras aprobadas en la Cámara, sino en la implementación efectiva en el territorio. El verdadero éxito se medirá por si estos 1,502 millones de pesos contribuyen a revertir el abandono documentado, equipan a los héroes sin herramientas y transforman los recursos en capacidad operativa real para cumplir con los compromisos internacionales (30×30) y constitucionales.
Este es el primer paso en un largo camino para asegurar que el futuro de nuestra biodiversidad no se borre del mapa, sino que se fortalezca con cada peso invertido en su conservación. Desde NOSSA seguiremos vigilando que se cuide lo que importa.
* Gina Ileana Chacón es Directora de Política Pública del Programa México de Wildlands Network y miembro de la coalición NOSSA. Daniel Martín es investigador senior del Programa de Política Pública México de Wildlands Network y Coordinador de la coalición NOSSA. Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) es una coalición de organizaciones ambientalistas, apartidistas y sin fines de lucro, fundada en 2016, que promueve el cuidado efectivo y transparente de las áreas naturales protegidas de México. Sus integrantes son Causa Natura (CN), Centro de Colaboración Cívica (CCC), Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y Wildlands Network Programa México.
Desde las más de 40 organizaciones de la sociedad civil que integramos la Coalición México Resiliente #TenemosUnPlan, el Plan Nacional de Descarboización y Resiliencia Climática (PNDRC) para el sexenio 2024 – 2030, disponible aquí. El PNDRC es el fruto de varios meses de trabajos entre especialistas de todas las distintas áreas del cambio climático, siempre con una visión a futuro y centrados en México. Su aplicación o puesta en práctica permitirá avanzar en la agenda de atención de un fenómeno global cada vez más notorio y con consecuencias más severas, por lo que requiere ante todo coherencia y voluntad política para lograrlo. Tú puedes sumarte al PNDRC, conocer sus fundamentos y los ocho ejes transversales que definen líneas de acción efectivas en materia de: 1) Economía circular regenerativa, 2) Transición energética justa, 3) Suelos vivos para la seguridad alimentaria, 4) Defensa del territorio, 5) Ciudades sustentables, 6) Agua (océanos, cuencas y DDHH), 7) Salud y 8) Finanzas sostenibles. Conoce todas las actividades de México Resiliente en X, Instagram y LinkedIn. También puedes sumarte a la campaña Claudia, escucha, ¡el clima es tu lucha!, una petición donde se solicita a la presidenta Sheinbaum priorice ya la acción climática para México. Encuentra la petición y fírmala aquí.
1 CONANP (2024), Respuesta a solicitud de acceso a la información sobre número de guardaparques en las ANP de carácter federal [Folio 330008324000461], SEMARNAT