Lecciones de California: reforma laboral y el lobby de las plataformas digitales

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”.

En 2019, California intentó hacer historia. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 5, una reforma que establecía nuevos criterios para distinguir entre trabajo independiente y asalariado. Esta decisión impactaba directamente a las plataformas digitales: de ser aprobada sin excepciones, empresas como Uber, Lyft y Doordash tendrían que reconocer una relación laboral con sus conductores y repartidores, asumiendo responsabilidades patronales y garantizando prestaciones laborales.

Pero las plataformas no se quedaron de brazos cruzados. Lanzaron una de las campañas de lobby más agresivas en la historia reciente del estado. Su apuesta fue ambiciosa: promover una iniciativa ciudadana, la Proposición 22, para que, mediante consulta popular en las elecciones generales de 2020, el electorado californiano decidiera si el nuevo marco legal debía aplicarse a ellas.

La estrategia fue millonaria: invirtieron más de 200 millones de dólares, la campaña más cara en la historia del estado. Compraron publicidad, personalizaron mensajes para usuarias y trabajadores, y prometieron conservar la flexibilidad del modelo a cambio de ofrecer protecciones mínimas —como aseguramiento contra accidentes y acceso limitado a seguros de salud.

El resultado: ganaron. Con el 58.6 % del voto popular, la Proposición 22 fue aprobada. Pero no solo eso, la cereza del pastel fue que incluyeron una cláusula que exige una mayoría de siete octavos de los votos en la Asamblea y Senado para modificarla. Con esto, prácticamente se cerraban las vías para derogarla y las empresas quedaban libres de las obligaciones patronales. 

Esta historia, aunque ocurrió a cientos de kilómetros, no es ajena. De hecho, puede estar repitiéndose en México.

Desde que se discutió la reforma laboral para plataformas digitales en la segunda mitad de 2024, las empresas expresaron su oposición a cualquier regulación que implicara reconocer una relación laboral. Alegaban que la flexibilidad era el alma del modelo. Pero además del discurso público, hay evidencia periodística que muestra que las plataformas financiaron manifestaciones de trabajadoras y trabajadores que se oponían a la reforma, temiendo perder ingresos o autonomía.

Con la entrada en vigor de la reforma en julio de 2025, los movimientos continuaron. Una de las principales plataformas, Didi, fue señalada por no sumarse al programa piloto para incorporar a sus trabajadores a la seguridad social. Poco después, Uber anunció un aumento de hasta 7 % en sus tarifas, justificando que así protegería las ganancias de las personas trabajadoras. 

Organizaciones del sector han denunciado que este tipo de acciones buscan debilitar la reforma y desacreditar sus efectos. Sostienen que, al contrario, hoy las personas trabajadoras siguen eligiendo cuándo, cuánto y para quién trabajar, pero ahora con acceso a prestaciones.

No obstante, los discursos alarmistas sobre aumentos de tarifas y pérdida de ingresos de las personas trabajadoras han ganado terreno, sobre todo en redes sociales.

El riesgo es claro: que en México se intente replicar el camino de California. Que las plataformas impulsen retrocesos, ahora no en urnas, sino en redes y en tribunales. Que una reforma que podría beneficiar a más de 650 mil personas en el país —según estimaciones oficiales— se debilite antes de que siquiera termine de implementarse.

Es probable que la reforma requiera ajustes adicionales para garantizar la protección plena de las y los trabajadoras del sector, al tiempo que se conserva la flexibilidad, pero estamos ante un avance histórico. México se coloca a la vanguardia de la regulación de la economía digital en la región latinoamericana.  Y no es poca cosa. 

Por eso, hoy más que nunca, es momento de mantener la vigilancia. La coalición que logró esta reforma —organizaciones laborales, sociedad civil, academia, activistas, organismos internacionales— debe seguir activa, informando y defendiendo los logros alcanzados. No se puede permitir un retroceso en la garantía de los derechos humanos y laborales. Porque si algo nos enseña la historia de California es que las plataformas no se rinden fácilmente… y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. 

“Es momento de poner la barbas a remojar.”

 

 

*Miguel Ángel Ramírez Villela es investigador especialista en seguridad social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social..