De “descanso” a licencia: lo que está en juego en la reforma sobre lactancia
Jorge Avila · 24 de marzo de 2026
Por Lourdes Jiménez Brito
En una sala del Congreso, una mujer toma el micrófono y dice algo que no suele escucharse en los espacios legislativos: “No quiero que me vuelvan a correr por ser mamá”. No está hablando en abstracto. Está contando su historia. Tenía un empleo, acceso a seguridad social y un ingreso estable. Hasta que se embarazó. Después vinieron el despido, la incertidumbre y la salida del mercado laboral.
A su lado, otras mujeres asienten. Algunas comparten experiencias similares. Otras hablan de lo difícil que ha sido sostener la lactancia mientras trabajan, entre horarios rígidos, espacios inadecuados o la presión constante de elegir entre cuidar o conservar el empleo.
No son testimonios aislados. Es un patrón. En México, la maternidad sigue siendo una de las principales causas de desigualdad en el mercado laboral. No es una percepción: es una realidad documentada. De acuerdo con información del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), siete de cada diez quejas por despido injustificado de mujeres están vinculadas al embarazo o la maternidad. Sin embargo, el marco legal vigente continúa tratando el cuidado como una interrupción, y no como una función social indispensable para el sostenimiento de la vida.
Este patrón sistemático de discriminación laboral fue el punto de partida del Laboratorio de Maternidades y Cuidados, impulsado por organizaciones feministas como Mexiro A.C., donde estas experiencias se convirtieron en insumos para construir una propuesta legislativa concreta. No fue solo un espacio de escucha: fue un proceso de cocreación donde madres trabajadoras, sociedad civil, academia, sindicatos, diputadas y diputados trabajaron conjuntamente para exigir cambios normativos.
De ahí surge la iniciativa de reforma en materia de protección durante la lactancia extendida que hoy está en discusión en el Congreso. La iniciativa, que busca reformar la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, parte de un diagnóstico contundente: la penalización por maternidadno es un problema individual, sino el resultado de un modelo laboral que presupone disponibilidad total y continua, como si cuidar no fuera parte de la vida productiva.
Pero hay un elemento menos visible, y profundamente político, que también está en juego: el lenguaje.
Durante el proceso de discusión técnica en el que participamos desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), insistimos en algo que podría parecer menor, pero no lo es: dejar de llamar “descanso” o “incapacidad” a los periodos vinculados con la maternidad y la lactancia, y nombrarlos como lo que realmente son: licencias de cuidados.
No es un debate semántico. Nombrar importa.
Hablar de “descanso” al referirse al tiempo de lactancia o al cuidado materno sugiere que se trata de un tiempo de inactividad, de pausa improductiva. Hablar de “incapacidad” implica incluso una idea de enfermedad o limitación. Ambas categorías remiten a una idea negativa y, sobre todo, invisibilizan el trabajo de cuidados que activamente ocurre en esos periodos. Llamarlo licencia, en cambio, reconoce que estamos frente a una medida de corresponsabilidad asociada a una función social indispensable.
Este cambio conceptual dialoga con uno de los avances más relevantes del derecho internacional reciente: el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano. Bajo este enfoque, cuidar no es un asunto privado, sino una responsabilidad social que debe ser sostenida colectivamente.
La iniciativa también avanza en aspectos clave: reconoce la lactancia extendida hasta los dos años, fortalece la estabilidad laboral de quienes eligen lactar, establece mecanismos para prevenir despidos discriminatorios y obliga a generar condiciones materiales adecuadas para ejercer este derecho en los centros de trabajo.
Pero también es importante subrayar su dimensión política. En un contexto de alta polarización, legisladoras y legisladores de distintos partidos han logrado construir y firmar conjuntamente esta iniciativa. No es un detalle menor: es una señal de que la agenda de cuidados puede, y debe, ser una agenda de Estado.
Ejemplo de ello fue también la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional para reconocer explícitamente el derecho al cuidado y la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Esa iniciativa sigue pendiente en el Senado.
México atraviesa un momento decisivo en la construcción de su agenda de cuidados. Si realmente se busca avanzar hacia un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, es indispensable comenzar por corregir las bases del modelo laboral que hoy penaliza a quienes cuidan.
Aprobar esta reforma no es un gesto simbólico ni una concesión sectorial. Es una medida concreta de igualdad sustantiva, de salud pública y de justicia social.
No hacerlo implica perpetuar un sistema que sigue expulsando a las mujeres del empleo, debilitando su acceso a la seguridad social y trasladando al ámbito privado los costos de sostener la vida.
Por eso, el llamado es claro: el Congreso debe discutir y aprobar esta iniciativa, porque detrás de esta reforma hay años de organización social, evidencia acumulada y una demanda legítima de millones de mujeres que sostienen la economía sin reconocimiento.
Porque mientras el cuidado siga siendo tratado como descanso, seguirá siendo invisible. Y lo que no se nombra —y no se legisla— no se garantiza.