Reducir los riesgos y daños de las últimas políticas de drogas

Al inicio de este año, en México se saturó el espacio público con campañas para difundir un mensaje que se popularizó a gran escala: “el fentanilo mata“. Se centró en señalar un peligro —que muchas personas consumidoras de esta sustancia ya conocían—, pero sin ofrecer recomendaciones prácticas de prevención o información concreta. Con imágenes deshumanizantes, se comunicó el mensaje de que el uso de sustancias produce vidas descartables para las que no tiene caso generar estrategias de salud.

Si bien la campaña buscó alertar sobre la letalidad del fentanilo, se limitó casi exclusivamente a sugerir la presencia de esta sustancia en todo el país –a pesar de que este hecho no se ha confirmado–. Ocasionó una opiofobia generalizada que complicó el acceso al fentanilo farmacéutico, necesario para procedimientos quirúrgicos y paliativos, estigmatizando a profesionales de la salud que lo requieren como una herramienta de trabajo, e hizo poco por desmentir el mito de que esta sustancia podría causar sobredosis fatales por el simple contacto con la piel, contribuyendo significativamente a la desinformación sobre su uso, aún emergente en el territorio.

Al presentar el consumo del fentanilo exclusivamente como una cuestión de riesgo extremo o muerte, el temor hacia esta sustancia fue motivo de exclusión de las personas usuarias de los servicios públicos. Mientras los centros de salud de primer nivel en la zona fronteriza al norte del país –donde se reportaron los consumos de este opioide– no recibieron herramientas para preservar la vida de las personas que se encontraran con esta sustancia, fue la sociedad civil organizada quien atendió los primeros consumos de fentanilo. Son omisiones que resultan pertinentes para reflexionar.

Quizás el éxito de las políticas de drogas no solo debería decidirse por las toneladas incautadas de sustancias, sino por la capacidad de los sistemas de salud para preservar la vida de quienes se encuentran con estas sustancias pues, a pesar de las incautaciones, las sustancias y las personas usuarias siguen existiendo. Es lo que demuestran décadas de la misma estrategia que no ha generado ningún otro tipo de resultado.

¿Cómo se identifica y atiende una sobredosis por fentanilo? ¿Por qué y cómo puede ser fatal su consumo? Las preguntas cruciales para responder a una emergencia quedaron sin respuesta. La gran omisión de las campañas es que aspectos fundamentales y estratégicos que deben conocerse para responder a los consumos, y a la prevención de su escalamiento, no figuran como los mensajes prioritarios de su difusión.

No se comparten protocolos para identificar y atender una sobredosis, ni se facilita el acceso a tratamientos de sustitución de opioides como la metadona. En su lugar se opta por conservar recursos tradicionales que insultan la inteligencia y autonomía de la ciudadanía: infundir miedo en lugar de compartir información verídica. Evidencia la necesidad latente de reducir los riesgos y daños que las últimas políticas de drogas, centradas en la aplicación de la fuerza del Estado, han causado a las políticas de salud.

El marco legal prohibicionista que históricamente moldeó la respuesta institucional hacia el consumo de sustancias en México permitió dar lugar a un enfoque punitivista que  estigmatizó el consumo, facilitó la aparición de prácticas como los internamientos no voluntarios y privilegió mecanismos de control social sobre el respeto de los derechos. Y aún hoy es necesario transformar aquel sistema de salud que discrimina y abandona sistemáticamente a las personas usuarias, al priorizar los decomisos de sustancias ilegales y la expulsión de pacientes al incumplir con el criterio de abstinencia.

Mientras que para todos los demás tratamientos considerados científicos, en cualquier otra área de la salud, el consentimiento informado y las alianzas terapéuticas entre profesionales y pacientes son requisitos indiscutibles, en el caso del consumo de sustancias prevalecen soluciones que privilegian la moral y vulneran derechos básicos. Tan solo en 2024, un promedio de dos personas por semana perdieron la vida en los cientos de anexos  que operan sin regulación ni supervisión oficial. Debemos criticar, con razón, que institucionalmente el uso de sustancias aún se aborde desde una lógica del castigo, destacando la importancia de incorporar la Reducción de Riesgos y Daños (RRyD) –recientemente incluida en la Reforma 131 a la Ley General de Salud– como un enfoque pragmático para la atención de la salud pública en México.

Se trata de un marco de aplicación de estrategias que tiene el potencial de salvar vidas de manera inmediata y construir puentes de confianza entre las personas usuarias y el sistema de salud, representando un paso crucial para transitar hacia estrategias de salud pública efectivas. Es un enfoque oportuno por su disposición a abordar el consumo de manera escalonada, diseñando intervenciones para quienes, de otra forma, quedarían relegados al margen del sistema de legal, social y salud.

Minimizar las consecuencias negativas asociadas al consumo de sustancias por medio de intervenciones graduales, centradas en la dignidad humana y con base en evidencia –ya sea empírica o científica– es posible con este enfoque. De ahí derivan estrategias como la distribución de antídotos para revertir sobredosis por opioides –como la naloxona, que todavía es inaccesible incluso en entornos hospitalarios–,  las estrategias de sustitución de sustancias –como la metadona, cuyo abasto debe ser restituido– y los programas de análisis de sustancias para detectar adulterantes.

Empleando este enfoque, a inicios de 2024 desde el Instituto RIA publicamos un par de materiales centrados en el abordaje de los consumos de metanfetamina y fentanilo, y hace poco menos de un mes tuvimos la oportunidad de compartir esta información con personal de instituciones de salud pública que han atendido casos de uso de estas sustancias. La recepción fue aleccionadora y nos confirmó que el enfoque de reducción de riesgos y daños resulta no sólo útil, sino necesario y urgente. El personal de salud reconoce la necesidad de actualizar sus estrategias de atención. Es necesaria la voluntad política que facilite esta transformación.

Deseamos continuar facilitando este cambio de paradigma en el abordaje de los consumos de sustancias. Convencidas de este potencial, desde el Instituto RIA extendemos una invitación a sumarse a esta conversación y a buscar estos espacios de formación. Invitamos a construir, en compañía, políticas de atención al uso de sustancias que, de una vez por todas, sigan sus propias prioridades en materia de salud.

* Julia Anguiano Rosas es investigadora y analista de políticas públicas. Es licenciada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA. Lidera proyectos de investigación sobre usos de sustancias psicoactivas y políticas de drogas. Está interesada en impulsar políticas públicas sobre drogas centradas en la salud pública y en la producción de información local sobre su consumo.