¿Hacia dónde va el orden internacional? Entre la indiferencia, el poder y el interés

En las últimas décadas, el orden internacional se ha ido resquebrajando. La arquitectura global que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial —basada en la cooperación multilateral, el respeto a la soberanía y el derecho internacional— enfrenta hoy tensiones profundas. La inacción inicial frente a crisis humanitarias y autoritarias en distintas regiones del mundo ha marcado un viraje que parece irreversible.

Casos como el de Venezuela, donde convergen la pobreza extrema, la escasez, la ausencia de libertades básicas, una democracia erosionada y la existencia de presos políticos, evidencian cómo la comunidad internacional —incluidos los organismos multilaterales— ha permanecido en gran medida indiferente. Esta inercia no solo ha tenido costos en términos de violaciones a los derechos humanos, sino que también ha debilitado la credibilidad de un sistema global que aspiraba, precisamente, a protegerlos.

La llegada de líderes con agendas nacionalistas, centradas en intereses geopolíticos particulares, ha acelerado este proceso. Donald Trump, figura polarizante de la política mundial, simboliza esta nueva dinámica de poder. Su aproximación al escenario internacional prioriza los intereses estratégicos y económicos nacionales por encima de los principios del derecho internacional. Un ejemplo de ello fue la intervención militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y en una redefinición de la política energética venezolana, incluida la administración directa de su exportación petrolera bajo influencia estadounidense.

No puede negarse que una parte de la opinión pública internacional experimenta cierto alivio frente a las atrocidades vividas en Venezuela; hay quienes identifican oportunidades para una eventual apertura democrática. Sin embargo, también existen críticas contundentes en torno a la violación de la soberanía estatal que este tipo de acciones implica.

Este patrón se reproduce en otros escenarios geopolíticos. En Davos y en foros de alcance global, Trump ha planteado públicamente la compra directa de territorios como Groenlandia, bajo el argumento de que los países europeos no se encuentran en condiciones de “defenderse”. Estas declaraciones, que evocan más un pasado imperialista que una cooperación igualitaria entre Estados, han generado tensiones con aliados tradicionales. La propuesta, acompañada de amenazas arancelarias contra los países europeos que se resistan, representa una forma de nuevo colonialismo y una coacción peligrosa para el orden mundial.

La imposición de aranceles como herramienta de presión diplomática —y no únicamente como un instrumento económico— ejemplifica cómo las medidas comerciales pueden transformarse en mecanismos de extorsión política en un contexto donde las reglas del multilateralismo se debilitan.

Lo que presenciamos no es solo el ascenso de liderazgos controvertidos, sino la erosión de un orden internacional basado en reglas y la emergencia de un sistema más voluntarista y menos predecible, en el que el poder se impone al derecho. Este escenario obliga a repensar la forma en que las sociedades y la ciudadanía se comprometen con la política, tanto a nivel local como global, de manera que dicho compromiso no sea meramente retórico, sino capaz de proteger efectivamente los derechos humanos y la soberanía de los pueblos y las naciones.

Y entonces la pregunta reaparece, más incómoda que nunca: ¿De qué sirve derribar a un dictador si, al mismo tiempo, se debilitan las reglas que impiden que surjan otros? ¿De qué sirve hablar de libertad si el mundo se queda sin instituciones capaces de defenderla colectivamente?

* Agueda Ale Valdés es integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Trabajo Propio de las Mujeres. Egresada de la Licenciatura de Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac del Norte y en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia se ha enfocado en las áreas de Responsabilidad Social, igualdad de género y justicia social.