Niñez y crimen organizado: la realidad que preferimos ignorar

En México, los derechos de las y los adolescentes están garantizados en papel, pero las dinámicas del crimen organizado evitan que esto suceda en la práctica. Hablemos del reclutamiento forzado. Entre 2021 y 2023, se acumularon 10 mil nuevos casos de adolescentes imputados en carpetas de investigación, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) del INEGI. En términos relativos, representa un aumento de casi 50 % en ese lapso.

El debate público suele centrarse en culpar a los adolescentes imputados, como si delinquir fuera una decisión aislada dentro de su historia de vida. Sin embargo, es necesario ver el panorama completo, aunque sea más incómodo. Indignarse con las estadísticas, pero eludir e ignorar el camino que conduce a que cada vez más jóvenes terminen en conflicto con la ley, es una forma de hipocresía.

La participación de adolescentes en conductas delictivas es evidencia no sólo de la gravedad de la violencia en el país, sino de las múltiples fallas estructurales que acechan a la sociedad mexicana. Todo ello, además, impacta de modo profundo en los grupos vulnerables. Este aumento en la criminalidad en los jóvenes se debe, entre algunas causas, al reclutamiento forzado.

Este fenómeno, violatorio de un amplio espectro de los derechos de niñas, niños y adolescentes, les arrebata la posibilidad de crecer en entornos seguros, acceder a la educación, gozar de salud, tener momentos de esparcimiento y vivir libres de violencia.

La fotografía actual

En 2023, las cinco entidades que concentraron el mayor número de adolescentes imputados fueron Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora y Jalisco. Estos estados también se caracterizan por tener una alta incidencia delictiva y contar con la presencia de grupos de crimen organizado.

Al incremento de adolescentes imputados se suman otros indicadores. Particularmente, las mujeres entre 15-19 años son el grupo con mayor número de registros de desapariciones ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A la fecha suman 52,658.

Por otro lado, también es preocupante la cifra de adolescentes (10-19 años) víctimas de homicidios dolosos. En promedio, anualmente son asesinados 2,390 jóvenes. Una vez más debemos entender estas cifras como parte de un panorama más amplio: forman parte de un contexto donde niños y adolescentes son particularmente vulnerables ante los ciclos de violencia del país.

Victimarios y víctimas del sistema

Antes que victimarios, los adolescentes en conflicto con la ley son víctimas de un sistema que les falló desde temprana edad. La pregunta no debería ser únicamente ¿qué hizo mal?, sino ¿qué hicimos mal como sociedad para que sucediera esto?

Exploremos algunos factores socioeconómicos detrás de esto.

1. Violencia generalizada: Niñas, niños y adolescentes crecen en comunidades donde la presencia del crimen organizado es parte de la cotidianeidad. A la descomposición social en las calles, se añade la violencia dentro del hogar, que en México es más común de lo que estamos dispuestos a admitir. En consecuencia, toda una generación está desarrollándose en un entorno donde la paz no es la norma.
2. Disminución en la escolaridad: La principal causa de la deserción escolar en jóvenes es la necesidad de trabajar para apoyar a su familia debido a que no tienen ingresos suficientes. De hecho, la matrícula total en el país de alumnos disminuyó un 1.6 % entre los periodos escolares de 2020 y 2023. Esto no significa que la educación automáticamente reduzca la probabilidad de cometer un delito, sino que abandonar la escuela expone a los adolescentes a mayores riesgos, pues pierden un espacio que debería garantizar seguridad, acompañamiento y un desarrollo integral.
3. Falta de oportunidades en el mercado laboral: Si bien este grupo representa el 14 % de la población económicamente activa —a partir de los 15 años de edad—, su tasa de desocupación e informalidad laboral es mayor a los niveles nacionales. En un contexto de pocas oportunidades, las economías criminales pueden parecer no solo atractivas, sino, en muchas ocasiones, también la única salida viable. Así lo vimos hace unos meses tras el descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que expuso los métodos de reclutamiento de la delincuencia organizada. Mediante supuestas ofertas de trabajo relativamente bien remuneradas, atraen a jóvenes y los llevan a estos campos de entrenamiento criminal.

Estos hechos resaltan la necesidad de una intervención integral. Las directrices públicas de seguridad también deben ir de la mano con políticas educativas, de vivienda y de oportunidades —tanto laborales como recreativas— enfocadas en jóvenes. Ya no basta con estrategias de prevención de la violencia durante la infancia; se necesita implementar programas de educación y atención integral para que sus acciones pasadas no determinen su futuro.

Desde un enfoque de la justicia penal, es recomendable establecer esquemas de investigación y persecución contra las redes que reclutan o privan de su libertad y vida a niñas, niños y adolescentes para ocuparlos en actividades delictivas o como víctimas de la trata de personas.

El aumento de adolescentes imputados no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un sistema que ha fallado en múltiples niveles. Cada vez que un adolescente entra al sistema de justicia, estamos frente al fracaso de las instituciones, de las políticas públicas y de la sociedad en general. La normalización de la violencia en menores de edad es un recordatorio urgente de que debemos replantear los modelos de seguridad y justicia. Porque claro que las niñas, niños y adolescentes son el futuro de México, pero ¿es un futuro del que nos sentiremos orgullosos?

* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Susana Camacho coordina dicho programa.