Necesitamos evaluación educativa que abone por el derecho a la educación

• La evaluación educativa es un componente sustantivo del derecho a la educación. En virtud de ello, y ante la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, solicitamos a la Secretaría de Educación Pública que, en el corto plazo, presente un Plan Nacional para la integración de las tareas de evaluación para la mejora, verificadas con la máxima responsabilidad por lo logrado y con el máximo profesionalismo para servir a niñas y niños.

• ⁠ La niñez, adolescentes y jóvenes, así como sus familias y la sociedad en su conjunto tenemos derecho a contar con un diagnóstico profesional y oportuno de los avances educativos, no menos que con respecto de su salud, que además, posibilite el que estudiantes sean acompañados a partir de programas e intervenciones educativas que les ayuden a desplegar su capacidad de aprender y su potencial en forma sistemática, y no casual ni fortuita.

• El derecho a aprender requiere de una política de Estado que articule distintos instrumentos de política educativa, incluida una evaluación ágil, pertinente, respetuosa y orientada a alcanzar la zona próxima de desarrollo de cada persona estudiante. Es importante entender y apuntalar a la evaluación como un insumo fundamental de la mejora continua.

• Los actores educativos y la ciudadanía debemos contar con información transparente, oportuna y sistemática sobre las condiciones de acceso, contexto, permanencia y logro educativo de las y los estudiantes, así como de las necesidades y retos que enfrentan los distintos actores del Sistema Educativo Nacional, y cómo es que se están atendiendo.

La aprobación, por parte del Legislativo, de las reformas del marco jurídico sobre la evaluación educativa plantea un reto muy importante en el presente para que este cambio de estructuras y atribuciones no se traduzca en un empobrecimiento en la producción de la información del sistema educativo o en la falta de confiabilidad de los procesos e instrumentos para medir y evaluar la educación.

Derivado de una demanda social de la ciudadanía, magisterio, especialistas y organizaciones civiles involucradas en la educación, se emprendió la construcción de un sistema de evaluación sólido, confiable, oportuno y transparente, que lograra brindar credibilidad a los reportes de avances y resultados del Sistema Educativo Nacional. Dicho proceso tomó más de dos décadas. Preocupa por ello que la decisión de trasladar estas funciones a la SEP no garantice ni la eficiencia ni la eficacia en el manejo de los recursos, pero tampoco la solidez  técnica y pedagógica en la elaboración de instrumentos de medición y evaluación. Además, la transparencia y pertinencia cultural en la diversidad del país y del ritmo y estilo de aprendizaje de niñas y niños, requiere de una serie de acuerdos y acciones concertadas y decididas para avanzar un paso adelante.

Por todo esto, hacemos un llamado a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Educación Pública para que se integre un área de evaluación educativa que abone a valorar adecuadamente el esfuerzo de cada escuela y entidad, y a articular y ajustar la política pública para que se puedan proponer metas viables, siempre susceptibles de monitoreo.

La evaluación educativa es un instrumento de gobierno que puede convocar voluntades y marcar rumbo. Las personas, organizaciones y colectivos firmantes nos pronunciamos de una forma crítica y propositiva por:

1. El rediseño en la SEP de una Dirección de Evaluación con los perfiles técnicos y alcance adecuados, austero, pero no subfinanciado, y donde se combine el rigor con la cercanía a las situaciones reales de aula y territorio.
2. Que se haga una convocatoria desde la SEP para que distintas instituciones de educación superior, de la academia, colegios de especialistas, organizaciones de sociedad civil, docentes y familias, opinen y se involucren, como áreas consultivas y consejos, en las tareas de diseño e implementación de la evaluación educativa, sin conformar una asamblea masiva y decorativa, sino una auténtica fuerza que apoye continuamente al gobierno federal.
3. Que en las nuevas definiciones para la evaluación educativa se incorpore plenamente a todas las entidades federativas y los distintos tipos y modalidades educativas, para recuperar, resguardar y potenciar sus sistemas y experiencias de evaluación.
4. Reconocer que el sentido de evaluación es apuntalar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes, lo que implica contemplar como parte imprescindible para esta nueva etapa la inclusión de la voz y opinión de las y los alumnos mismos.

La evaluación sirve no sólo para las decisiones de gestión, sino fundamentalmente para que las y los docentes tengan referentes de las habilidades presentes y del potencial de sus alumnas y alumnos, y ajustar su práctica a sus necesidades actuales. La evaluación educativa también permite que las autoridades y actores educativos emprendan las propuestas, correcciones y decisiones que fortalezcan el derecho a la educación. Las familias puedan involucrarse y apoyar el proceso de sus hijas e hijos según su etapa de desarrollo y madurez. La niñez y adolescencia misma tomen protagonismo y autoeficacia en su trayectoria escolar.

Hacemos público nuestro compromiso y ánimo de colaboración para hallar soluciones y propuestas acordes al contexto del país y a la coyuntura presente.

Atentamente: