Mozambique: un país entre la crisis climática, la insurgencia armada y el colapso social

Mozambique vive una crisis que combina las penurias de la crisis climática con las atrocidades de una guerra civil y los riesgos de una situación socioeconómica en deterioro. En este contexto, más de 1.7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a lo que Naciones Unidas denominó como una crisis triple, en donde se conjugan diversas crisis de seguridad, gobernanza y desastres naturales en una crisis humanitaria sumamente compleja. Lo relevante de este caso, más allá de los efectos devastadores en la población local, es que Mozambique ofrece una visión del futuro del Sur Global, pues presenta un escenario que podría convertirse próximamente en la realidad de muchos países. El futuro de muchas regiones del mundo estará marcado por el aumento de las crisis producto del cambio climático, la inestabilidad política, social y económica, así como de la violencia ocasionada por conflictos internos.

La naturaleza de la crisis que atraviesa Mozambique es compleja. En realidad, lo que vemos es un problema multidimensional en el que se superponen el conflicto armado producto de una insurgencia extremista, el colapso parcial del control estatal y el avance de economías ilícitas que erosionan la legitimidad del gobierno, a la par de tensiones sociales y una crisis política constante. Al mismo tiempo, la intensificación de fenómenos climáticos extremos ha acelerado el desplazamiento interno y ha agravado la situación económica de una población que ya sufre los efectos de la pobreza crónica y la inseguridad alimentaria. El resultado es una emergencia humanitaria sostenida donde violencia, pobreza y desastre climático se retroalimentan generando una espiral de inestabilidad.

El conflicto armado que sacude a Mozambique desde el 2017 se ha intensificado de manera alarmante en el último año, centrando gran parte de la violencia en la provincia de Cabo Delgado al norte del país, una región que ha sido escenario de una insurgencia prolongada liderada por Ansar al-Sunna, un grupo extremista ligado al Estado Islámico. Esta ola de violencia no es un fenómeno reciente ni aislado. Tan solo en la segunda mitad de 2025, el aumento de ataques armados obligó a más de 330,000 personas a huir de sus hogares, y se estima que más de 1.3 millones han sido desplazadas desde el inicio del conflicto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Además, la crisis en la región ha dejado huellas profundas en la vida de civiles, con repetidas oleadas de desplazamientos, brotes de violencia contra civiles y la expansión del conflicto hacia provincias como Nampula y Niassa, que antes se consideraban relativamente seguras, lo que ha generado que más de 100,000 personas en Nampula hayan tenido que abandonar sus hogares.

Este desplazamiento masivo de personas ocurre en un contexto humanitario extremadamente frágil. La Organización Internacional para la Migración ha reportado que tan solo en noviembre de 2025 más de 100,000 personas fueron forzadas a huir en el norte del país, incluyendo alrededor de 70,000 niños, muchos de los cuales se enfrentan a violaciones graves de derechos humanos. Existen además reportes que señalan que estos grupos insurgentes han recurrido a la decapitación de civiles como método de terror y control social, así como al secuestro sistemático de niños para utilizarlos como mano de obra forzada o reclutarlos como niños soldados.

Lo complejo es que este conflicto no puede explicarse únicamente como un problema de extremismo, violencia pública o de inseguridad. La expansión de la violencia está estrechamente ligada a factores estructurales que han facilitado el arraigo de los grupos insurgentes, en particular porque Cabo Delgado ha sido históricamente una de las provincias más empobrecidas del país, marcada por pobreza crónica, desigualdad, corrupción, exclusión económica y una presencia estatal débil incapaz de garantizar servicios básicos de forma sostenida. En este contexto de precariedad acumulada y frustración social, la insurgencia ha encontrado un entorno propicio para reclutar, financiarse y consolidar su presencia, aprovechando un prolongado vacío de gobernanza.

Esto es especialmente evidente al analizar las fuentes de financiamiento de las células insurgentes. En gran medida, sus ingresos provienen del tráfico ilegal de recursos naturales como madera y minerales extraídos en las zonas que controlan, así como de economías criminales más amplias, incluyendo la trata de personas, el narcotráfico y el comercio ilegal de marfil y fauna en peligro de extinción. En distintos casos, estas actividades han operado con la complicidad de autoridades locales, lo que ha alimentado una dinámica que facilita la economía ilícita, profundiza la corrupción y debilita aún más la capacidad estatal en la zona.

De esta forma se genera un círculo vicioso en donde la colusión de funcionarios públicos facilita la porosidad de fronteras y costas, lo que permite la expansión de las rutas de tráfico; estas economías ilícitas refuerzan la capacidad operativa y financiera de los grupos insurgentes; y la violencia que generan erosiona aún más la legitimidad del Estado. A su vez, ese debilitamiento institucional facilita la cooptación de más funcionarios, perpetuando las mismas estructuras económicas ilegales de las que depende el financiamiento de los grupos insurgentes.

El problema va más allá de la violencia, pues el conflicto no solo desgarra el tejido social, también rompe la legitimidad gubernamental y el orden público. Las respuestas militarizadas del Estado, junto con el deterioro en el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, han profundizado el distanciamiento de la población y facilitado su captación por parte de los grupos insurgentes.  De igual forma, la corrupción ha erosionado la capacidad de actuar del Estado al punto de que el gobierno ha perdido control efectivo sobre territorios clave, especialmente en torno al puerto de Mocímboa da Praia y la frontera con Tanzania, ambos utilizados por grupos insurgentes para el tráfico y la exportación de bienes ilícitos. Los intentos de controlar estos territorios y por frenar estas economías ilegales han fracasado no solo por la capacidad militar de los insurgentes, sino también porque, en un contexto de pobreza y desigualdad persistentes, estos mercados han sido normalizados por amplios sectores de la población civil, e incluso sucede que en muchos casos dependen de ellos para sobrevivir.

El resultado es que el Estado deja de ser la autoridad que regula la vida económica y garantiza la seguridad, y pasa a ser percibido como un actor ajeno e incluso visto como un actor hostil frente a las comunidades que dependen de economías ilegales para sobrevivir. En Mocímboa da Praia, sectores de la comunidad local incluso han intentado linchar a oficiales de aduanas tras la incautación de un cargamento de cannabis. Este episodio ilustra el colapso de la legitimidad estatal y cómo la precariedad económica contribuye a desdibujar al gobierno como autoridad reconocida. En la práctica, parte de la población protege activamente el tráfico ilícito en el puerto no necesariamente por afinidad con los insurgentes, sino porque se beneficia de la entrada y salida de drogas, marfil y madera, que se cargan y descargan sin control gubernamental.

El conflicto armado y la erosión de la legitimidad estatal, por sí solos, no explican la profundidad de la crisis en Mozambique. Lo que vuelve a esta situación especialmente relevante es que estas dinámicas se desarrollan y se agravan en paralelo con los impactos crecientes de la crisis climática, produciendo una interacción acumulada entre violencia, fragilidad institucional y eventos climáticos extremos. En los últimos años, el país ha enfrentado fenómenos catastróficos recurrentes: tan solo entre 2023 y 2024 se registraron sequías severas que diezmaron la producción agrícola y llevaron a más de 1.8 millones de personas a experimentar inseguridad alimentaria. Posteriormente, entre finales de 2024 y 2025, Mozambique fue golpeado por una serie de ciclones que destruyeron cultivos, viviendas, escuelas y centros de salud, agravando la crisis alimentaria y debilitando aún más la capacidad de respuesta humanitaria del país.

En los últimos meses, Mozambique ha vuelto a enfrentar una crisis climáticas marcada por lluvias extremas e inundaciones generalizadas. En cuestión de semanas, casi medio millón de personas fueron desplazadas tras el desbordamiento de ríos como el Limpopo, Buzi, Zambeze e Incomáti, lo que dejó vastas zonas bajo el agua, especialmente en las provincias de Gaza y Maputo en el sur, así como Sofala, Zambézia e Inhambane en el centro del país.

Desde octubre de 2025 estas precipitaciones han afectado a más de 860,000 personas en todo el país y han provocado cerca de 400,000 desplazados internos, además de miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas. El impacto acumulado sobre la infraestructura y las condiciones de vida de la población ha sido catastrófico, el acceso a las zonas afectadas es limitado debido a los daños en la infraestructura de transporte y de igual forma se reportan mas de 181,000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas, así como la pérdida de más de 58,000 cabezas de ganado, agravando la inseguridad alimentaria. A ello se suma la saturación de los albergues temporales, donde el hacinamiento, la escasez de agua potable y el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua incrementan de forma significativa la vulnerabilidad de la población.

En este contexto, la crisis climática termina por agravar la precariedad económica y la inseguridad alimentaria, debilitando aún más a comunidades ya vulnerables y creando un escenario idóneo en el que la insurgencia armada puede operar con mayor facilidad. La precariedad de la población facilita las condiciones en donde estos grupos pueden reclutar nuevos miembros, expandir su influencia y consolidar su presencia territorial. De esta forma la crisis climática es un factor.

Lo que vemos en Mozambique no es solo una tragedia nacional, sino un ejemplo que muestra una dinámica en donde el conflicto armado debilita al Estado, fractura el tejido social y vacía de legitimidad a las instituciones, mientras la población queda atrapada entre la violencia, la precariedad económica y la ausencia de servicios básicos. En ese vacío de autoridad, la economía formal se contrae y se expanden las economías ilícitas, creando las condiciones ideales para que actores armados operen, recluten, financien sus operaciones y consoliden su control territorial a costa de la seguridad de la población. A su vez, la crisis climática funciona como un factor más de inestabilidad, pues no solo genera el desplazamiento de miles de personas, sino que profundiza la precariedad y empuja a comunidades enteras a depender de circuitos económicos informales o ilegales que, directa o indirectamente, sostienen la insurgencia y prolongan los ciclos de violencia. Esto da como resultado una espiral de vulnerabilidad que desencadenan una crisis humanitaria en donde las capacidades estatales y sociales de respuesta se erosionan más rápido de lo que pueden reconstruirse.

Esta crisis es un presagio para todo el Sur Global que permite observar con claridad cómo las crisis del futuro (y del presente) y la inseguridad contemporánea ya no son el resultado de una sola causa, sino de la convergencia simultánea de factores como la insurgencia armada, las economías criminales, el deterioro socioeconómico, el colapso institucional, y los desastres climáticos. El resultado de estas dinamicas, que ya podemos ver en otras regiones del Sur Global como en el Sahel, son crisis humanitarias de carácter multidimensional, cada vez más complejas y difíciles de contener.