Morir dos veces en Afganistán

El 31 de agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman, Nuristan y Panjshir en Afganistán, dejando poblaciones enteras destruidas. Se calculan al menos 2,205 personas muertas y más de 3,640 heridas, con 6,750 viviendas destruidas y se calcula que hay más medio millón de personas afectadas. Entre quienes sufren las consecuencias directas, UNICEF estima que 263,000 son niñas y niños.

En medio de esta tragedia, la violencia estructural multiplica los efectos del desastre. Afganistán bajo los talibanes no sólo prohíbe a las mujeres estudiar, trabajar o salir sin tutor masculino. Ahora esas prohibiciones significan dejarlas morir lentamente. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las restricciones impuestas impiden que las trabajadoras sanitarias lleguen a las comunidades afectadas sin un guardián masculino, lo que deja a miles de mujeres heridas y embarazadas sin atención. Se estima que más de 11,600 mujeres embarazadas en las provincias afectadas necesitan servicios de emergencia y no los están recibiendo. Sólo alrededor del 10 % del personal de salud en esas regiones es femenino, en su mayoría enfermeras o parteras, sin capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas ni atención compleja, entre otras razones, por las prohibiciones que el talibán ha impuesto para que las mujeres no puedan ni estudiar ni ejercer medicina.

Las mujeres atrapadas bajo los escombros enfrentan otro obstáculo brutal: rescatistas varones reciben instrucciones de no tocarlas sin autorización, lo que retrasa o directamente impide su rescate. La ONU denunció que centros de ayuda de ACNUR tuvieron que cerrar porque las trabajadoras humanitarias afganas no pudieron entrar, bajo amenaza de las fuerzas talibanas. Cada centro cerrado significa cientos de mujeres invisibilizadas, sin alimentos, sin refugio, sin posibilidad siquiera de registrarse para asistencia.

El régimen talibán ha reducido a las mujeres a la categoría de objetos desechables. Quieren que existan como  matrices reproductoras y ni siquiera eso pueden garantizar con dignidad porque las dejan morir durante el embarazo, en el parto o en un terremoto. Este nivel de deshumanización debería encender todas las alarmas de la comunidad internacional.

Hace unos años, antes del primer mandato de Trump, la política exterior de Estados Unidos había colocado la igualdad de género como un asunto de seguridad global. Hillary Clinton, como Secretaria de Estado, impulsó la creación de la figura de la Embajadora para los Derechos Globales de la Mujer, cargo que ocupó Melanne Verveer de 2009 a 2013.  No se trató de un acto simbólico, sino un cambio estructural y un cambio de visión: los derechos de las mujeres  fueron reconocidos como pieza clave para la seguridad, la paz, la salud pública, el desarrollo económico. También el surgimiento de políticas exteriores feministas abrió la posibilidad de replantear la dinámica de las relaciones internacionales y darle a la igualdad y reconocimiento de derechos de las mujeres el lugar que les corresponde en la agenda internacional. Hoy, con la regresión política y los gobiernos que insisten en que la igualdad y la diversidad ponen en riesgo la estabilidad de las sociedades, esa agenda se erosiona y lo que vemos en Afganistán es la prueba viva del costo de ese retroceso. Negar la igualdad no genera estabilidad, genera muerte.

Las cifras lo muestran con crudeza. Las mujeres no tienen acceso a la ayuda internacional. No pueden acudir solas a los centros de distribución de alimentos. No pueden recibir atención médica si no hay una médica mujer disponible. Miles de mujeres heridas no han sido atendidas, miles de embarazadas no reciben servicios básicos, niñas que quedaron huérfanas ni siquiera figuran en los registros oficiales porque no hay personal femenino que las inscriba. La ONU estima que 500,000 personas necesitan asistencia urgente y la mitad son mujeres. Cada restricción de género equivale a una condena a muerte para cientos de ellas.

Lo indignante no es sólo lo que hacen los talibanes, sino la complicidad del silencio. El mundo mira para otro lado, los donantes internacionales recortan fondos para Afganistán, alegando “dificultades operativas”, y la ayuda que llega no es canalizada a quienes la necesitan. Mientras tanto, las mujeres mueren sin atención. No es un problema logístico, es un crimen de género cometido a escala nacional y tolerado a escala global.

Ante esta brutalidad hay cosas que sí se pueden y se deben hacer. Desde lo mediático, es urgente que los medios internacionales y locales insistan en dar voz a las mujeres afganas, mostrar su realidad y denunciar la censura que busca borrarlas de la narrativa. La cobertura no puede centrarse solo en cifras globales de muertos y viviendas destruidas, tiene que contar cuántas de esas muertes se explican por políticas misóginas y discriminatorias. La invisibilización mediática es otra forma de complicidad.

Desde lo político, la comunidad internacional debe condicionar la ayuda humanitaria a que las trabajadoras mujeres puedan acceder y trabajar sin restricciones. Organismos multilaterales como la ONU, UNICEF y la OMS tienen que ejercer presión efectiva, incluyendo sanciones y congelamiento de fondos si el régimen insiste en mantener las prohibiciones. Los gobiernos democráticos tienen que recuperar la agenda de género en la política exterior, no como adorno sino como condición de legitimidad. Sin igualdad no hay paz, sin igualdad no hay estabilidad, sin igualdad lo que hay es catástrofe.

Lo que ocurre en Afganistán no es un problema cultural ni una cuestión religiosa, es violencia de género institucionalizada y legitimada por el silencio de la comunidad internacional, que en un contexto de desastre natural se convierte en genocidio lento.

El terremoto reveló que la tierra tiembla una sola vez, pero las mujeres en Afganistán mueren dos veces.