La prevención que nunca llegó: el costo de apostarle siempre al castigo

Por: Marco Cancino, Director General de Inteligencia Pública
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Hay una lógica perversa en el corazón de la política de seguridad en México: es más rentable políticamente atender la violencia cuando ya ocurrió que invertir en evitarla. Construir un penal, desplegar un operativo, anunciar capturas: esas imágenes tienen peso electoral. La prevención, en cambio, es invisible. Sus resultados se miden en lo que no pasó, en la persona que no cayó en la espiral del delito, en el conflicto vecinal que se resolvió antes de escalar. Y en la arena pública, lo que no se ve no se vota.

Esa asimetría entre lo visible y lo eficaz ha definido, durante décadas, la arquitectura de las respuestas institucionales frente a la violencia en México. Para entender por qué esa apuesta ha fracasado sistemáticamente, conviene hacer un deslinde conceptual que rara vez aparece en el debate público con suficiente claridad.

Una estrategia de seguridad pública comprende el conjunto de acciones orientadas a mantener el orden, disuadir conductas delictivas y responder a emergencias: policías preventivos, patrullajes, sistemas de vigilancia, protocolos de atención ciudadana. La procuración de justicia, a cargo de las fiscalías, implica investigar los delitos, reunir pruebas, ejercer la acción penal y sostener la acusación ante los tribunales. La impartición de justicia, por su parte, corresponde al Poder Judicial: juzgar, resolver y sancionar con base en derecho. Las tres forman un sistema interdependiente; el fallo de una contamina a las demás.

México ha intentado, con distinta intensidad y escaso éxito, reformar cada uno de esos tres subsistemas. La reforma policial ha sido, quizá, la más recurrente y la más fallida: desde la creación de la Policía Federal hasta su extinción y sustitución por la Guardia Nacional, pasando por múltiples plataformas de profesionalización que nunca lograron escala ni continuidad. En impartición de justicia, la reforma al sistema penal acusatorio de 2008 (cuya implementación concluyó formalmente en 2016) representó un avance estructural significativo, aunque sus promesas de mayor celeridad, transparencia y respeto a derechos siguen enfrentando severas brechas de implementación, según lo documenta el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en sus evaluaciones periódicas. Y en materia de procuración, la transformación de las Procuradurías en Fiscalías autónomas ha avanzado más en el papel que en la práctica: cargas de trabajo insostenibles, investigación criminal precaria y una tasa de impunidad que, según el Índice Global de Impunidad de la UDLAP, supera el 99% en delitos del fuero común.

Lo que sistemáticamente ha quedado fuera del presupuesto, de la agenda y del imaginario político es la prevención de la violencia. Y conviene aquí ser precisos, porque prevención no es un eufemismo para “programas sociales” ni sinónimo de “abrazos” desprovistos de estrategia. La Organización Mundial de la Salud distingue al menos tres niveles analíticamente distintos. La prevención primaria busca incidir sobre las condiciones estructurales que generan violencia: desigualdad, exclusión, ausencia de oportunidades, desintegración comunitaria. La prevención secundaria se enfoca en poblaciones y territorios con factores de riesgo identificados, antes de que la violencia se materialice. La prevención terciaria acompaña a quienes ya han sido víctimas o han ejercido violencia, con el objetivo de interrumpir ciclos de daño y evitar la reincidencia. Las tres requieren diseño técnico, presupuesto sostenido y evaluación rigurosa. Las tres han sido, en México, residuales.

El resultado de esa omisión es predecible: el sistema sigue siendo reactivo. Espera a que el daño ocurra para activarse, y cuando se activa, lo hace con herramientas desgastadas sobre causas que ya produjeron consecuencias. Es una lógica cara, ineficiente y profundamente injusta: cara en vidas y en recursos; ineficiente porque no rompe el ciclo; injusta porque las personas que absorben el costo son siempre las que menos tienen.

Existe, sin embargo, una experiencia en el ámbito municipal que merece atención como modelo articulador: la Justicia Cívica. No como jurisdicción menor para faltas administrativas, sino como plataforma de resolución temprana de conflictos, de proximidad institucional y de reconstrucción del vínculo entre ciudadanos y Estado. Los juzgados cívicos, cuando operan con enfoque restaurativo, tienen la capacidad de resolver disputas vecinales, conductas antisociales o conflictos en el espacio público antes de que escalen hacia el sistema penal. Son, en términos de política pública, un mecanismo de prevención secundaria con presencia territorial.

Complementaria a esa figura, los Consejos de Paz representan una lógica distinta pero igualmente valiosa: espacios de articulación interinstitucional donde convergen dependencias municipales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y actores empresariales para identificar factores de riesgo locales, coordinar intervenciones y construir respuestas más sólidas que las que cualquier actor puede desplegar por sí solo. Su fortaleza no está en crear programas nuevos, sino en vincular y potenciar lo que ya existe: los programas de activación cultural, los centros comunitarios, las redes de apoyo a jóvenes, las iniciativas de mediación escolar. La articulación institucional es, en sí misma, una intervención preventiva.

Apostar por este modelo no es ingenuo ni voluntarista. Es lo que la evidencia internacional señala de manera consistente. Estudios como los del Scottish Centre for Crime and Justice Research sobre los modelos de intervención comunitaria en Glasgow, o las evaluaciones del modelo Cure Violence en ciudades de Estados Unidos documentadas por la Universidad de Johns Hopkins, muestran que las estrategias de prevención bien diseñadas logran reducciones significativas de la violencia a un costo por caso sustancialmente menor que el del encarcelamiento. En América Latina, el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre programas de prevención situacional y social en ciudades de Colombia, Uruguay y Chile apunta en la misma dirección.

El argumento político en contra siempre es el mismo: los resultados de la prevención son lentos y difíciles de atribuir. Eso es verdad, y precisamente por eso requiere decisiones de Estado, no de gobierno. Requiere presupuestos multianuales, metas de largo plazo y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan del ciclo electoral. Mientras la seguridad se administre en periodos de tres o seis años, la violencia (que se reproduce en décadas) siempre llevará ventaja.

México no tiene el lujo de seguir eligiendo entre lo urgente y lo importante. La impunidad y la violencia no son problemas separados que admitan soluciones separadas: son expresiones de un mismo sistema roto que requiere ser intervenido en todos sus eslabones al mismo tiempo. Eso incluye (con la misma seriedad con la que se habla de fiscalías y policías) una política nacional de prevención, financiada, evaluada y sostenida. Una que reconozca que el municipio es el primer espacio donde la violencia se puede anticipar, y que instituciones como los juzgados cívicos y los consejos de paz no son adornos institucionales: son, bien operados, la primera línea de una estrategia que todavía estamos aplazando.