México, un país frontera

Con el inicio de la nueva administración  federal es necesario realizar un balance sobre la gestión migratoria en el sexenio anterior. Desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem, A.C) consideramos que este periodo se caracterizó por dos factores íntimamente relacionados: la externalización de las fronteras por parte de los Estados Unidos y el papel de la Guardia Nacional para la contención migratoria.

Entendemos por externalización de fronteras a los acuerdos y procesos político-jurídicos mediante los cuales los países de destino de las personas migrantes solicitan a los países de origen o de tránsito la realización de actividades de contención migratoria y de vigilancia fronteriza. Estas medidas se expresan en detenciones y deportaciones, así como el establecimiento de retenes o filtros de seguridad sobre la movilidad de las personas  con el objetivo de evitar que ingresen en sus territorios. La externalización de los controles migratorios y fronterizos permite mantener a distancia, incluso bajo condiciones de reclusión, a las personas en contexto de movilidad que buscan llegar a los países del norte global. ¹

Estas políticas de externalización de fronteras han estado vigentes desde el inicio del siglo XXI. En el caso de los Estados Unidos, México ha fungido como un país de contención de flujos “indeseados” a través de diversos planes conjuntos. Estos acuerdos incluían la transferencia de fondos desde los gobiernos estadounidenses hacia México para el fortalecimiento de sus agencias de seguridad y migratorias, a cambio de contener el flujo de personas migrantes hacia su territorio.

Durante la administración saliente, estas medidas se agudizaron con la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), la implementación de expulsiones bajo el Título 42 y, finalmente, las expulsiones bajo el Título 8 de las leyes estadounidenses. Aunque estas medidas difieren en su forma, éstas implicaban que las personas en contexto de movilidad que pretendían ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur fueron retornadas. En el caso del MPP, las personas eran devueltas a México para esperar la resolución de su procedimiento migratorio, mientras que con los otros títulos eran retornadas a su país de origen.

Además, el gobierno mexicano se comprometió a disminuir el flujo de personas que llegaban a la frontera sur estadounidense. Para conseguirlo, se llevaron a cabo operativos migratorios más severos a lo largo de todo el territorio nacional, implementados conjuntamente por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) e incluso el ejército, con el objetivo de detener y eventualmente  realizar deportaciones,  sin análisis individualizados para determinar necesidades de protección internacional.

En junio de 2019, el gobierno mexicano anunció el despliegue de alrededor de 6 mil elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio, ² número que ha ido aumentando continuamente a través del Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur. Según el Sexto Informe de Gobierno, a junio de 2024 empleó a 15,193 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 7,234 en la Frontera Sur y 7,959 en la Frontera Norte, así como en Puestos de “Rescate Humanitario”. Además, 3,437 elementos de la Guardia Nacional distribuidos en 110 puestos de rescate humanitario.

Aunque esta tendencia ya se había manifestado en sexenios anteriores, durante seis años el Estado Mexicano se ha centrado en evitar que las personas en contexto de movilidad humana que transitan por el territorio lleguen a la frontera norte y así evitar que intenten cruzar a los Estados Unidos. Para lograrlo, ha recurrido al uso de elementos militares y militarizadas, como la Guardia Nacional, para contener a estas personas.

Además de que no ha reducido el flujo migratorio, ha generado que las personas en contexto de movilidad se vean obligadas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas y queden a merced de grupos de traficantes de personas o de la delincuencia organizada, que ejercen diversos tipos de violencias en su contra. De hecho, es común que las personas atendidas por los albergues socios de la Redodem denuncien haber sido captadas por grupos criminales durante su trayecto. Estos grupos las obligan a transitar “bajo su guía” a cambio de grandes sumas de dinero; de no poder ser pagadas, son sometidas a secuestros, explotación e incluso reclutamiento forzado.

Paralelamente, las personas también mencionan haber sido secuestradas, incluso en más de una ocasión, así como extorsionadas tanto por autoridades, como particulares durante su tránsito. La Redodem también ha registrado que las personas son víctimas de otros delitos como robos, discriminación, lesiones y amenazas.

A esto se suman los riesgos intrínsecos de la implicación de las fuerzas armadas en labores migratorias, como lo demuestra el caso ocurrido el 1 de octubre en Chiapas, cuando agentes del ejército causaron la muerte de seis personas migrantes, entre ellas dos menores de edad. ³

Estas consecuencias hacen necesario un cambio en la política migratoria para el nuevo gobierno, enfocado en garantizar los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, dejando detrás la criminalización de las personas, así como las acciones que conviertan a  México en un país frontera. Por ello, es imprescindible el retiro de fuerzas militares, incluida la Guardia Nacional, en labores de atención migratoria.

A pesar de la influencia que el gobierno de Estados Unidos pueda ejercer sobre México, este último tiene la obligación de garantizar todos los derechos a todas las personas en su territorio, sin importar su nacionalidad, y aún más a aquellas que enfrentan mayores riesgos de protección como las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad forzada quiénes hemos documentado con un alto índice de vulnerabilidad.

En ese sentido, desde la Redodem hacemos un llamado a garantizar que las personas que permanezcan en México cuenten con alternativas de regularización migratoria y que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado sea una opción real y accesible. Esto último sólo será posible a través del fortalecimiento del sistema de protección internacional encabezado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Por último, consideramos que estas medidas deben ser acompañadas por políticas públicas encaminadas a garantizar el acceso a derechos económicos y sociales de las personas, incluida salud, vivienda y educación sin distinción alguna.

* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (@RedodemMX) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.

 

¹ Redodem, Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones. Informe 2019; pp. 85 y ss. Disponible aquí.

² Declaración Conjunta México Estados Unidos, Washington D.C, 7 de junio de 2019, disponible aquí.

³ En ataque a migrantes en Chiapas, egipcio perdió dos hijas y otro se encuentra grave.