México y sus compromisos incumplidos en materia climática

Las 9 dimensiones de la crisis planetaria

De acuerdo con los hallazgos del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), las actividades humanas son responsables del aumento de las emisiones de dióxido de carbono, lo que ha contribuido significativamente al incremento de la temperatura global. Entre los principales factores se encuentran la mala gestión de los bienes naturales, los cambios en el uso del suelo, así como los patrones insostenibles de consumo y producción.

La forma en que la humanidad ha explotado el sistema natural y energético ha llevado al planeta a una situación crítica. En 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo presentó los nueve límites planetarios, que representan los procesos fundamentales que regulan la estabilidad del sistema terrestre.

En la actualización del año 2023, solo dos de estos límites se mantuvieron dentro de rangos relativamente seguros: el ciclo del ozono estratosférico y la carga de aerosoles atmosféricos. La acidificación de los océanos es otro de los límites que se aproxima críticamente a su umbral de seguridad. Los seis límites restantes ya han sido ampliamente rebasados: la integridad de la biosfera, los ciclos del nitrógeno y del fósforo, el cambio en el uso del suelo, el uso del agua dulce, la contaminación por nuevas entidades químicas y el cambio climático. Esto refleja un profundo desequilibrio que amenaza la capacidad del planeta para preservar las condiciones biofísicas que sostienen el funcionamiento de los ecosistemas.

El Acuerdo de Paris y las NDC

Sin lugar a duda, el cambio climático ha centrado el mayor interés por parte de la comunidad científica, la divulgación, los gobiernos y los hacedores de política. Como respuesta a esta preocupación, la comunidad internacional impulsó en 2015 el Acuerdo de París en 2015. Representó uno de los mayores consensos internacionales para afrontar una lucha común: el cambio climático. La ratificación por parte de 197 países permitió el desarrollo de medidas globales para evitar el incremento de la temperatura planetaria más allá 1.5 °C a 2 °C respecto a la época preindustrial.

En el marco del Acuerdo de París, las naciones firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 1  principal causante del cambio climático, mediante la implementación de acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Las acciones de mitigación tienen por objetivo reducir o limitar las emisiones que causan el calentamiento global, mientras que las acciones de adaptación buscan disminuir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad de respuesta de las comunidades y los ecosistemas ante los efectos del deterioro ambiental y climático.

La hoja de ruta que orienta los compromisos climáticos de cada país se expresa en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). A través de ellas, cada país establece sus metas y estrategias para mitigar las GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático. En un escenario optimista, si todas las NDC de los países firmantes se cumplieran, sería posible evitar un aumento significativo de la temperatura global.

La orientación de las NDC en México

En 2015, México presentó sus NDC de forma no condicionada, 2 con el compromiso de reducir las GEI en 22 % y en 51 % de las emisiones de carbón negro, asociado al incremento de la proporción de energía limpia al 35 % en 2024 y el 43 % para 2030. Las metas se configuraron para el plazo 2020-2030, comprometiéndose a renovar las metas cada 5 años. Los cinco ejes de acción de las NDC de México son las siguientes: i) Alcanzar una tasa cero de deforestación. ii) Mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más vulnerables. iii) Proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. iv) Aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas. v) Desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero.

Como parte de sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, México estaba obligado a presentar una actualización de su NDC en 2020. La propuesta se entregó el 29 de diciembre de ese año. Desafortunadamente, las metas condicionadas no fueron modificadas, manteniendo los mismos niveles: 22  % en emisiones de GEI y 51  % en emisiones de carbono negro para 2030.

Esta actualización sufrió un retraso por un conflicto legal. Greenpeace presentó una acción legal en contra del Estado mexicano al considerar que las metas fijadas en los NDC de 2020 contravenían el derecho a un ambiente sano para la población. En 2022, un tribunal emitió una resolución favorable a Greenpeace al concluir que la actualización de la NDC presentada por el gobierno incumplía con el derecho constitucional señalado.

Frente al inédito caso de litigio ambiental, ese mismo año se presentó una nueva actualización de las NDC, incrementando la meta no condicionada de reducción de GEI de 22 % a 35 % para 2030 respecto a la línea base proyectada y conservando el 51 % de emisiones de carbono negro. Esta revisión avanzó en la definición de acciones climáticas por sectores estratégicos: eficiencia energética en transporte, transición a energías limpias e hidrógeno verde en generación eléctrica, comercio de emisiones y economía circular en la industria, reducción de las de emisiones en petróleo y gas mediante cogeneración y aprovechamiento del metano. También se proyectan prácticas agroecológicas, elevar la eficiencia energética en viviendas y comercios, y el manejo sustentable de residuos con reciclaje, compostaje y captura de biogás.

Las NDC de México: compromisos incumplidos

A pesar de las ambiciosas acciones normativas, el balance de las NDC en México ha sido negativo. El Climate Action Tracker (2025) calificó su implementación como “críticamente insuficiente”. Entre los principales factores se encuentra el impulso a la infraestructura fósil durante el gobierno de López Obrador, como la construcción de la refinería de Dos Bocas y el posicionamiento de la “soberanía energética” liderado por PEMEX y CFE, cuyas actividades productivas fomentan el extractivismo y el consumo energético fósil. Además, se efectuaron recortes presupuestales y se ha debilitado institucionalmente a dependencias clave para la política ambiental y climática, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Desaparecieron una serie de fideicomisos entre el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Energía (SENER), los cuales estaban destinados al desarrollo de innovaciones en materia de sustentabilidad e industria energética nacional. A ello se suma la extinción del Fondo del Cambio Climático.

La cancelación de subastas eléctricas, junto con cambios regulatorios adversos en la Ley de la Industria Eléctrica, ahora Ley del Sector Eléctrico, que prioriza el despacho de electricidad de las plantas de CFE, ha desincentivado la inversión privada en energías renovables, lo que ha obstaculizado aún más el cumplimiento de los compromisos climáticos del país y la transformación de la matriz energética.

Las cifras siguen evidenciando la dependencia energética de México de las energías contaminantes. De acuerdo con la SENER, el 90.1  % de la oferta energética fue fósil y sólo el 9.9  % renovable durante 2023. A pesar de medidas controversiales para aumentar artificialmente el porcentaje de energías limpias, como el acuerdo A/018/2023 de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), que reclasificó al gas natural como combustible limpio, la matriz energética sigue dominada por fósiles. Aunque el gas natural emite relativamente menos emisiones contaminantes que otros combustibles, su inclusión como “limpio” ha sido criticada por distorsionar los avances reales en la transición energética.

Respecto las GEI, México es el principal emisor de América Latina, aportando el 1.25 % del total global en 2023. En un estudio publicado por BBVA (2024), que analiza la intensidad energética medida como emisiones por unidad de producto interno bruto (PIB), México mostró desde 2019 hasta el corte de 2022, un incremento en las emisiones de GEI por unidad económico, revirtiendo con ello la tendencia hacia la baja de años pasados.

Desafío, oportunidades y tensiones en el cumplimiento de las NDC a nivel internacional

La llegada de lideres políticos populistas, los conflictos armados y el cambio geopolíticos conduce a un desinterés de las cuestiones medioambientales y climáticas. El mayor ejemplo es la llegada, por segunda vez, de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Una de las primeras acciones fue retirarse del Acuerdo de París acusando al tratado de ser desventajoso en términos financieros por la cantidad de recursos destinados hacia el apoyo de países pobres.

Estas decisiones se acompañan de una desaceleración en la implementación de las políticas climáticas. El IPCC ha señalado reiteradamente que las acciones adoptadas por los países resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis climática. En su estado actual, estas medidas hacen cada vez menos probable que se logre limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Una ventana de oportunidad aparece en los últimos años sobre la necesidad de las políticas industriales o de desarrollo productivo. 3 El renovado interés por la restructuración productiva ha sido impulsado por el reconocimiento de los graves problemas generados por el rumbo del modelo económico global como la pobreza, la desigualdad y la destrucción ecológica. Esta discusión destaca la urgencia de orientar la economía hacia sectores estratégicos que contribuyan a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsen la innovación en industrias limpias, con el propósito de abordar de forma integral los retos económicos, sociales y ambientales. La nueva política productiva sostenible implica no solo fomentar sectores con bajo impacto ambiental, sino también promover una transformación estructural de largo plazo en beneficio del bienestar social y la salud planetaria.

Otra oportunidad: la actualización 3.0 de las NDC

México se encuentra actualmente en el proceso de actualización de las NDC que deberán presentarse este 2025. Para ello, se están llevando a cabo foros de consulta entre diversas instancias gubernamentales, con el objetivo de integrar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos ambientales asumidos. El pasado 27 de mayo, Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT, presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), cuyo objetivo es lograr una reducción del 35  % de las emisiones de GEI, lo que representa al menos 140 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Existe un panorama optimista con la aprobación de las Leyes Secundarias en el sector energético que podrían fortalecer la implementación de la NDC y brindar un marco jurídico más robusto para alinear las políticas nacionales con los compromisos nacionales e internacionales.

No obstante, desde organizaciones de la sociedad civil se han señalado importantes deficiencias. Entre las principales demandas se encuentran la falta de definición de metas claras, la creación de mecanismos de implementación efectivos, la profesionalización del personal a cargo y la asignación de presupuestos suficientes para la acción climática.

Es urgente avanzar con acciones que articulen las acciones interinstitucionales y alineen las políticas productiva, ambiental y climática, bajo una estrategia integral de coordinación y financiamiento. Esto implica repensar el modelo de desarrollo productivo del país y romper con la idea de competitividad económica basada en el uso intensivo de energías fósiles. En ese contexto, se vuelve inevitable revisar el papel que desempeñan empresas estratégicas como CFE y PEMEX en la transición energética y en el cumplimiento de los compromisos climáticos. De lo contrario, esta actualización será una nueva oportunidad desaprovechada, postergando una vez más el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

* Gabriel Alberto Rosas Sánchez es investigador del Co-Lab de Política Industrial Oxford-México (FuturoLab-Universidad de Oxford), profesor asociado de la Licenciatura en Economía de la UAM-Iztapalapa y activista del Pacto Socioambiental México (Fundación Friedrich Ebert). Es doctor en Ciencias Económicas por la UAM, con una estancia de investigación en la Université Toulouse 1 Capitole, Francia. Contacto: [email protected].

 

1 Principalmente son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y carbono negro.

2 Las CND no condicionada se refieren a las acciones que no están sujetas al financiamiento externo sino que puede solventar con ingresos locales.

3 Existe un debate conceptual sobre política industrial y política de desarrollo productivo. Las referencias anglosajonas refieren estrictamente al sector industrial, mientras la definición de políticas de desarrollo productivo no es restrictiva y consideran la diversidad de sectores.