Las golondrinas judiciales (lo que perdimos en las elecciones)

Este fin de semana se celebraron las elecciones para designar a las personas que ocuparán los cargos de impartición de justicia en México. A manera de reflexión, consideramos importante poner sobre la mesa algunas de las pérdidas significativas que implicó este proceso:

1) Pérdida de especialización a través de una carrera judicial

Imagina que, hace años, una persona joven llegó a tu oficina como parte de su servicio social. Al principio cometió errores, como es natural, pero con el tiempo fue aprendiendo. Gracias a la capacitación constante, la experiencia adquirida y la guía de sus superiores, logró desempeñar su trabajo de manera eficiente, desarrollando un liderazgo sólido y conocimientos técnicos especializados.

Así funcionaba la carrera judicial. Se basaba en principios como la excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la imparcialidad, la independencia y la antigüedad. El acceso a los cargos de mayor responsabilidad se lograba mediante rigurosos concursos de oposición que evaluaban el currículum, los conocimientos teóricos y prácticos, así como entrevistas personales. El objetivo era claro: garantizar que quienes impartieran justicia contaran con las capacidades técnicas necesarias para hacerlo con responsabilidad y competencia.

Ser juez o jueza federal no era un punto de partida, sino la culminación de una trayectoria profesional construida a lo largo de años, desde los primeros pasos como oficial judicial, pasando por evaluaciones y ascensos progresivos, hasta alcanzar la máxima responsabilidad dentro del sistema.

Lamentablemente, a partir de esta semana, ese camino ha sido reemplazado por un sistema de elección basado en la popularidad. Ahora, quienes juzgan no cuentan con la formación, la experiencia ni los conocimientos básicos indispensables para la impartición de justicia. Se desconoce si comprenden siquiera el funcionamiento de un juzgado, la gestión de la carga de trabajo, la conducción de un equipo, la resolución de conflictos internos o, lo más importante, cómo responder ante una sociedad que exige justicia todos los días.

2) Debilitamiento de la defensa de derechos humanos

Al depender del voto ciudadano y estar sujeto al control de un Tribunal de Disciplina con criterios arbitrarios, el personal judicial enfrentará serias limitaciones para emitir sentencias impopulares, incluso cuando estas sean necesarias para proteger derechos fundamentales. Decisiones que implican la defensa de minorías o el avance en temas socialmente controvertidos, como los derechos reproductivos o la diversidad sexual, podrían quedar al margen por temor a represalias o a perder el cargo.

Sin un sistema que garantice la independencia y la estabilidad en la labor jurisdiccional, difícilmente se habrían logrado avances como el reconocimiento del derecho al aborto, el matrimonio igualitario, el uso personal de cannabis, el respeto al debido proceso, la mejora de la seguridad pública o el freno a la militarización. Estos logros no surgieron de la popularidad, sino del compromiso con la legalidad y los derechos humanos, incluso frente a la oposición social o política.

3) Impactos en la calidad de la justicia

Durante los últimos años el gobierno ha señalado al poder judicial como responsable de la impunidad, se ha manejado el discurso de que las personas juzgadoras liberan personas como producto de prácticas corruptas o formalistas. Derivado de esta situación, la reforma judicial encuentra parte de su justificación en este fenómeno complejo: la demanda social de justicia, donde defender el debido proceso se vuelve impopular porque aparentemente libera culpables.

El populismo punitivo se caracteriza por el uso excesivo y desproporcionado del derecho penal para combatir la criminalidad, se manifiesta por el endurecimiento de las penas y en algunos casos, por la creación de nuevos delitos. El problema es que este enfoque considera que más personas en las cárceles implica que la justicia ha tenido éxito, lo que se convierte en presiones políticas que incentiven a las personas juzgadoras a dictar sentencias populares, pero no necesariamente justas.

4) La credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE)

La construcción de la credibilidad del INE requirió años de trabajo para demostrar independencia de los intereses del gobierno central en turno, tuvo una evolución en la transparencia de sus procesos, capacidad técnica para organizar elecciones confiables, todo esto en medio de limitaciones presupuestales y diversos ataques políticos. Sin embargo, este esfuerzo se vio afectado por una actitud permisiva como la validación de discursos proselitistas, la validación del uso de recursos públicos, la falta de sanciones contundentes a actores oficiales y la disminución de la participación de la ciudadanía en las elecciones judiciales causaron que su imagen como árbitro electoral objetivo se fuera desdibujando y la ciudadanía comenzaron a verlo más como una extensión del gobierno en vez de como un contrapeso democrático.

La promesa detrás de estas elecciones era clara: democratizar la justicia. Sin embargo, la baja participación ciudadana, sumada a la presencia de perfiles no idóneos para ejercer funciones jurisdiccionales, pone en duda el cumplimiento de este objetivo. Será turno de la ciudadanía, en coordinación con sociedad civil, dar seguimiento crítico, exigir transparencia y no perder de vista que la justicia no puede ser rehén de la popularidad, sino garante de derechos para todas las personas.