La guerra en Sudán: crónica de una crisis humanitaria

En las últimas semanas vimos la caída de la ciudad de El-Fasher, en la región de Darfur del norte en el oeste de Sudán. El grupo paramilitar rebelde Quwwāt ad-daʿm as-sarī (Fuerzas de Apoyo Rápido o RSF por sus siglas en inglés) tomó la ciudad tras más de año y medio de asedio en una ofensiva repleta de violencia, en donde se reportan una serie de asesinatos masivos de civiles, ejecuciones étnicamente selectivas, una infinidad de agresiones y violencia sexual, saqueos, secuestros, detenciones arbitrarias y ataques contra el personal humanitario y las instalaciones de salud. Los videos e imágenes de estos hechos generaron alarma a nivel internacional y abrieron la discusión sobre la posibilidad de un nuevo proceso de genocidio en la región de Darfur.

Como era de esperarse la comunidad internacional condenó las atrocidades y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó una investigación sobre los hechos. Sin embargo, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró que “las atrocidades que se están cometiendo en El-Fasher eran previsibles y evitables, pero no se evitaron”. En este contexto es preciso analizar la crisis en Sudán para comprender las dinámicas que hicieron posible este escenario de violencia masiva.

Sudán atraviesa una de las peores crisis humanitarias y políticas del siglo XXI, con más de 150,000 muertos, más de 14 millones de desplazados y 24.6 millones de personas en situación de hambruna. Pero su tragedia permanece casi invisible para la comunidad internacional. Si bien este país tiene una larga historia de inestabilidad, conflictos internos, hambrunas y guerras civiles, podemos trazar esta guerra a abril de 2023, cuando estalló el combate armado entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha sumido al país en un colapso total y se corre el riesgo de una fragmentación completa del Estado sudanés.

La contienda actual es, sobre todo, un enfrentamiento entre dos grupos militares rivales que surgieron de la misma matriz autoritaria del régimen del ahora depuesto dictador Omar al-Bashir. La fallida transición democrática del 2019 no fue capaz de contener las ambiciones de las distintas facciones de las Fuerzas Armadas ni de desmantelar la economía depredadora construida por décadas de corrupción y clientelismo. Lo que hoy vemos es el desenlace de ese fracaso: la lucha por el control del Estado y de los recursos naturales se impuso sobre cualquier posibilidad de gobernabilidad. Por un lado, tenemos al gobierno sudanés bajo el control de las fuerzas armadas sudanesas al mando del general Abdel Fattah al-Burhan, y por el otro tenemos al RSF bajo el mando del general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como “Hemedti”.

Sin embargo, reducir la guerra civil sudanesa al choque de dos comandantes rivales sería simplificarla peligrosamente. La violencia ha adquirido un carácter abiertamente comunitario con tintes étnicos y manifestaciones de violencia genocida en regiones como Darfur y Kordofán, donde las RSF y otras milicias aliadas cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como masacres, limpiezas étnicas y desplazamientos forzados que evocan los horrores de las crisis humanitarias pasadas en la región que se vivieron a principios de este siglo. Ejemplo de esto han sido los reportes de que durante el 2023 más de 15,000 civiles no árabes (principalmente del pueblo Masalit) han sido masacrados por las RSF y milicias árabes aliadas en Darfur Occidental, sobre todo en la ciudad de El-Geneina y en las comunidades cercanas como Tawila, Sirba, Ardamata, Kutum, y Misterei. Estas atrocidades no son solamente el resultado de tensiones étnicas en una dinámica de competencia por el control del territorio, sino que también son el resultado de la lucha por el control de recursos naturales como el oro, cuya explotación juega un papel importante en el conflicto.

Al mismo tiempo, el conflicto sudanés tampoco puede entenderse sin reconocer el peso determinante de los actores externos que lo sustentan. Por un lado, Egipto y Arabia Saudita apoyan al ejército sudanés y han sido acusado de proveer armamento y apoyo político y diplomático. Por el otro, diversos informes de inteligencia, organizaciones humanitarias y testimonios locales acusan que actores como el Grupo Wagner de Rusia y presuntamente Emiratos Árabes Unidos han desempeñado un papel central en la prolongación de la guerra al proveer de apoyo militar y logístico a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a cambio de acceso preferencial al oro sudanés. Este presunto intercambio de armas por oro habría permitido a la RSF sostener operaciones de gran escala, financiar redes de milicias aliadas y consolidar su control territorial, especialmente en Darfur.

En esencia, el conflicto no solo es la consecuencia directa del choque entre dos ejércitos en competencia por asegurarse el control del Estado, sino que es el resultado de tensiones étnicas, rivalidades entre grupos armados, dinámicas geopolíticas externas y sobre todo el colapso de la estructura estatal de Sudán. El colapso del frágil arreglo de transición post Al-Bashir refleja cómo en el origen del conflicto está la fragmentación institucional y muestra cómo el aparato de seguridad sudanés evolucionó hacia la existencia de ejércitos paralelos con jerarquías, intereses económicos, padrinazgos externos y bases territoriales distintos.

Históricamente, las RSF surgieron de las milicias Yanyauid, grupos paramilitares que Al-Bashir utilizó como herramienta de contrainsurgencia en Darfur. Con el tiempo, estas fuerzas adquirieron autonomía, acceso a armamento pesado y participación en redes económicas lucrativas (tanto licitas como ilícitas), sobre todo la minería de oro y el comercio transfronterizo. Hemedti capitalizó estos recursos para convertir a las RSF en un actor cuasi estatal con financiamiento independiente y vínculos regionales. Por su parte, el ejército sudanés se percibe a sí mismo como el guardián formal del Estado y están profundamente incrustadas en el sistema político y económico sudanés, aunque también controlan conglomerados empresariales y han resistido cualquier intento de supervisión democrática.

Tras la revolución y golpe de Estado del 2019 que derrocó a Al-Bashir, el proceso de transición colocó a las SAF y al RSF como custodios conjuntos del Estado, un arreglo que solo maquilló la rivalidad y tensiones subyacentes. Ambas fuerzas buscaron moldear la transición para proteger su autonomía y sus prerrogativas económicas. Las tensiones se intensificaron especialmente después del golpe de Estado de 2021 que derrocó al gobierno civil de transición del primer ministro Abdalla Hamdok. El conflicto escaló aún más ante los planes de integrar a las RSF en el ejército regular y establecer una estructura de mando unificada bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas. Para el ejército sudanés, la integración era necesaria para restaurar la jerarquía estatal; para las RSF, representaba una amenaza directa al poder y la riqueza del grupo. De esta forma el equilibrio que mantenía la precaria estabilidad en el país colapsó.

Por su parte el conflicto sigue escalando y es probable que las atrocidades vistas hasta ahora en ciudades como El-Geneina o El-Fasher se repliquen en otras partes de los llamados “corredores del terror” que atraviesan los territorios disputados, como ocurrió en la ciudad de Bara en la región de Kordofán del norte, tomada por las RSF a finales de octubre. En particular, existe un temor creciente de que próximamente la ciudad de El-Obeid, también en Kordofán del norte, se convierta en un nuevo epicentro de violencia masiva, replicando el patrón de devastación que vimos recientemente en El-Fasher.

En este contexto, la posibilidad de una desescalada inmediata del conflicto sigue siendo remota. Aunque las RSF aceptaron el cese al fuego propuesto por Estados Unidos, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el ejército sudanés se negó a entablar pláticas de paz y llamó a una movilización masiva en contra de las RSF. El fracaso de este proceso de negociación no solo profundizará la ya dramática y violenta crisis humanitaria que atraviesa el país. También podría derivar en la partición de Sudán que, si bien hoy es de facto, se corre el riesgo de volverse permanente si la guerra se prolonga y ambos ejércitos mantienen el control territorial en las regiones que controlan.