Geoeconomía del petróleo: Irak, Venezuela y la estrategia estadounidense contra China e Irán

En los últimos días hemos visto dos hechos que demuestran como Estados Unidos está usando su control sobre el petróleo iraquí y venezolano para limitar la influencia de Irán y China. Por un lado, Washington ha amenazado a funcionarios iraquíes con imponer sanciones dirigidas al propio Estado iraquí, incluyendo potencialmente sus ingresos petroleros críticos, en caso de que actores vinculados a grupos armados respaldados por Irán sean incluidos en el próximo gobierno. Por otro lado, con el reciente control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo venezolano, Washington ha interrumpido los envíos de crudo que se utilizaban para pagar la deuda venezolana con China. Ambos episodios colocan a Bagdad y a Caracas bajo una fuerte presión, a la par de que revelan la estrategia geoeconómica de Estados Unidos basada el uso de las utilidades petroleras como herramienta para influir en la política interna de estos países y limitar la proyección de rivales estratégicos como Irán y China.

Las acciones recientes de Estados Unidos en Irak y Venezuela muestran cómo el control sobre las utilidades de la industria petrolera es una herramienta de presión económica usada en la competencia entre grandes potencias. Washington utiliza su influencia a través del dólar y los mecanismos de comercialización del crudo para influir en gobiernos, condicionar alianzas y limitar la proyección de rivales como Irán y China. De esta forma, el control sobre los ingresos petroleros y los mecanismos de liquidación de deuda en dólares se traduce, en la práctica, en una capacidad de intervención sobre la política interna y externa de los Estados productores.

Esto forma parte de un control más amplio sobre la arquitectura financiera internacional de la que dependen estos países. El papel central del dólar permite a Estados Unidos influir sobre economías enteras mediante el acceso a cuentas bancarias, sistemas de pagos y transferencias. En Estados productores, cuya estabilidad política y fiscal depende de la renta petrolera, estas herramientas adquieren una dimensión crítica, pues, la posibilidad de bloquear el acceso a los mercados internacionales se convierte en una forma de coerción con efectos potencialmente existenciales para el Estado.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas para el escenario internacional. El uso del control petrolero y financiero como herramienta de coerción está acelerando la búsqueda de mecanismos alternativos fuera del alcance de Estados Unidos. Para los países del Sur Global, esto implica una soberanía condicionada, en la que las decisiones de política exterior y económica pueden ser castigadas mediante la interrupción de flujos financieros críticos. Al mismo tiempo, este patrón afecta directamente el acceso al financiamiento chino, pues si Washington puede interferir en los mecanismos con los que los países pagan sus deudas, Beijing podría reconsiderar su política crediticia para protegerse. Esto haría que los préstamos chinos dejen de ser una vía plenamente autónoma frente al sistema financiero occidental, lo que podría frenar la integración económica de China en el Sur Global.

En el caso de Irak, Washington ha amenazado a Bagdad con sanciones dirigidas al propio Estado, incluida la posible restricción del acceso a sus ingresos petroleros en dólares, si actores vinculados a grupos armados respaldados por Irán ingresan al próximo gobierno. La preocupación estadounidense se intensificó tras las elecciones de noviembre pasado, en las que 58 candidatos presuntamente afines a milicias proiraníes obtuvieron escaños en el Parlamento. En particular, Washington se opone a la figura de Adnan Faihan, miembro del influyente grupo político y armado Asaib Ahl al-Haq (AAH), respaldado por Irán, quien fue elegido primer vicepresidente del Parlamento a finales de diciembre.

El control estadounidense sobre los ingresos petroleros de Irak se debe principalmente a que la mayor parte de los ingresos petroleros iraquíes se mantienen y administran en cuentas soberanas del Banco Central de Irak en la Reserva Federal de Nueva York. Esto se debe a que, tras la invasión de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), liderada por Estados Unidos y encargada de gobernar Irak, creó el Fondo de Desarrollo para Irak (DFI), que fue alojado en la Reserva Federal de Nueva York con el objetivo de centralizar los ingresos petroleros y destinarlos a la reconstrucción y el desarrollo del país. Aunque inicialmente el fondo se creó para proteger esos recursos de demandas o reclamaciones vinculadas al régimen de Saddam Hussein, hoy funciona como un mecanismo que otorga a Washington una influencia significativa sobre la principal fuente de ingresos del Estado iraquí, que representa cerca del 90 % de su presupuesto.

Esto coloca al gobierno en Bagdad en una situación particularmente delicada. Las amenazas estadounidenses pueden afectar la estabilidad del proceso de formación de gobierno y profundizar las divisiones entre facciones prooccidentales y proiraníes, así como entre la población sunní y chiita, exacerbando la fragmentación institucional y debilitando la capacidad del Estado iraquí para consolidar una autoridad central. Al mismo tiempo, complica la política exterior de Bagdad, que durante años ha intentado mantener un equilibrio entre Washington y Teherán, sus dos principales aliados, a la par que aumenta el riesgo de tensiones en la relación entre Irak e Irán.

Por su parte, en el caso de Venezuela, la dimensión geoeconómica es aún más explícita y revela el verdadero interés estratégico de Estados Unidos en el petróleo venezolano. Washington no buscaba controlar el petróleo venezolano para aumentar sus propias reservas, ya es el mayor productor de crudo del mundo, sino para influir en los flujos de exportación hacia China. Al intervenir en las exportaciones venezolanas, Washington entorpece los mecanismos de pago de la deuda con Beijing y, con ello, busca debilitar la arquitectura crediticia china en el Sur Global, reduciendo la capacidad china para consolidarse como alternativa financiera al sistema dominado por Occidente.

Esta situación surge porque Washington está canalizando los ingresos de las ventas de crudo venezolano a una cuenta bajo su control en Qatar, lo que le otorga una influencia directa sobre los pagos a acreedores, en particular para limitar el uso del petróleo como mecanismo de pago a China bajo esquemas de “petróleo por deuda” a precios preferenciales. Esto crea un escenario inédito en el que una potencia externa reconfigura el orden de pago a distintos acreedores gubernamentales, potencialmente relegando las reclamaciones chinas y complicando los procesos de reestructuración de la deuda venezolana.

Este control es posible porque, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, los envíos de crudo utilizados para pagar miles de millones de dólares en préstamos chinos han sido interrumpidos. Una parte significativa de la deuda externa venezolana con China, estimada en alrededor de entre 100 y 150 mil millones de dólares, estaba estructurada como acuerdos de “petróleo por deuda”. Sin embargo, según declaraciones recientes de la Casa Blanca, es poco probable que este esquema continúe, e incluso existe incertidumbre sobre si los ingresos petroleros podrán utilizarse para pagar la deuda con Beijing, aun cuando Estados Unidos continue permitiendo a China comprar petróleo venezolano a precios de mercado.

Para Venezuela, esto resulta especialmente problemático porque complica un ya frágil proceso de reestructuración de deuda, introduce incertidumbre sobre la prioridad de los acreedores y condiciona su recuperación económica a decisiones externas sobre el uso de su principal fuente de ingresos.

La implicación va más allá del caso venezolano. China se ha consolidado como el mayor acreedor bilateral del mundo en desarrollo y un actor central en las reestructuraciones recientes de deuda soberana. Si Washington utiliza el control de los ingresos petroleros para imponer pérdidas a Beijing, esto podría erosionar la cooperación china en futuros procesos de reestructuración de deuda bajo marcos multilaterales y, en un escenario más amplio, debilitar la viabilidad política y financiera de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Algunos análisis advierten que, en un escenario extremo, un impago venezolano podría tensar la cohesión política de los BRICS y, en un escenario más moderado, una desaceleración del esquema de petróleo por deuda podría llevar a países como Brasil o Colombia a reducir su dependencia de la inversión china, erosionando la influencia de Beijing en América Latina.

Para los países del Sur Global, el caso envía una señal clara de que los acuerdos de financiamiento con China respaldados por recursos naturales requieren mecanismos de protección frente a la coerción externa, ya que la vulnerabilidad de esos flujos de recursos puede encarecer el acceso al crédito chino y debilitar la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones de pago. De igual forma, debe considerarse que, si Estados Unidos utiliza su control sobre los flujos petroleros venezolanos para forzar a Beijing a aceptar un esquema de pagos desfavorable, se establecería un precedente importante. Esto podría incentivar a China a condicionar o incluso retirar su cooperación en futuras reestructuraciones multilaterales.

En ambos casos, el objetivo no es controlar el petróleo por el petróleo mismo, sino recuperar o consolidar el control sobre sus flujos para usarlo como herramienta de poder geoeconómico. En Irak, Washington busca limitar el acceso de actores proiraníes a posiciones clave del Estado mediante la amenaza de sanciones sobre los ingresos petroleros y de esta forma limitar la influencia de Teherán en la región. En Venezuela, el objetivo es doble, por una parte, se busca restringir el acceso preferencial de China al crudo venezolano y por otra reducir la influencia de Beijing como acreedor en América Latina y el Sur Global en general. Pero de acuerdo con diversos análisis, más allá de los efectos en Bagdad, Caracas, Teherán o Beijing la dimensión monetaria es igualmente central. Pues, al afirmar el control estadounidense sobre los flujos petroleros venezolanos, Washington no solo interviene en las rutas de suministro hacia sus rivales, sino que también está intentando reafirmar el papel del dólar como la moneda central para el comercio energético a nivel global.

En conjunto, los casos de Irak y Venezuela evidencian como los mercados energéticos y de los flujos financieros forman parte de las herramientas estructurales de poder geoeconómico. El control sobre la producción petrolera, los mecanismos de pago y los procesos de reestructuración de deuda ha dejado de ser una prerrogativa soberana y una cuestión técnica de política económica de los países para convertirse en un instrumento central en la competencia estratégica entre grandes potencias. Para los países del Sur Global, este contexto redefine las estrategias de desarrollo y autonomía, pues la diversificación de alianzas, el uso de monedas para el intercambio comercial y arquitecturas financieras ya no responden únicamente a consideraciones puramente económicas, comerciales o de políticas de desarrollo, sino a imperativos de seguridad nacional que se desarrollan en un entorno caracterizado por una mayor exposición a coerción externa y márgenes de maniobra progresivamente más restringidos.

* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.