Redacción Animal Político · 6 de agosto de 2025
El primer lunes de agosto de 1945, a las 08:15 de la mañana, un avión B-29 que volaba a 9,000 metros sobre Hiroshima lanzó una bomba sobre la ciudad. Durante 43 segundos cayó en silencio y, a 600 metros del suelo, desató una explosión que cambió el curso de la historia.
Unas 70,000 personas murieron instantáneamente. Sus sombras quedaron impresas en piedra. Edificios enteros fueron pulverizados. Los incendios consumieron lo que quedó en pie. El veneno radiactivo se filtró en la tierra, en el aire y en los cuerpos, dejando marcas imborrables en quienes sobrevivieron.
Días después, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki, causando al instante cerca de 39,000 muertes. Cinco años más tarde, se estimaba que más de 340,000 personas habían fallecido en dolor por causas relacionadas con los bombardeos atómicos.
Fritz Bilfinger, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue el primer observador extranjero en llegar a Hiroshima. “Ciudad borrada del mapa. Condiciones indescriptibles. Punto”, escribió.
El doctor Marcel Junod, también del CICR, fue el primer médico extranjero en llegar a la ciudad con 15 toneladas de suministros médicos. Mientras se esforzaban por brindar alivio a los heridos, la Cruz Roja Japonesa y el CICR fueron testigos de las catastróficas consecuencias derivadas de las armas nucleares.
El CICR cuestionó la legalidad de las armas atómicas y desde entonces apela a los Estados para impulsar su prohibición: cuanto mayor es el poder destructivo de la guerra, mayor es la necesidad de difundir la luz de la humanidad en la oscuridad infinita.
80 años después, la amenaza de las armas nucleares no ha desaparecido. Actualmente, existen alrededor de 12,000 en el mundo. Más de 9,000 están operativas, y muchas pueden ser lanzadas en minutos. Su capacidad destructiva total es de 2,000 megatones, el equivalente a 135,000 bombas como la de Hiroshima.
La posibilidad de su uso, intencional o accidental, crece en un contexto de tensiones geopolíticas, guerras activas y erosión de los acuerdos internacionales. Un solo estallido podría causar millones de muertes inmediatas, además de efectos globales relacionados con la radioactividad, como hambruna, crisis climática y colapso económico.
En 1967, América Latina y el Caribe lograron un hito al convertirse en la primera región densamente poblada del mundo libre de armas nucleares. Este logro no solo marcó un precedente, sino que también se convirtió en un ejemplo para la comunidad internacional. Este estatus se ha mantenido hasta hoy, gracias al Tratado de Tlatelolco, impulsado por México. A partir de la adopción de este instrumento, ningún país de esta región puede fabricar, recibir, almacenar ni poseer armas nucleares en ninguna forma.
Sin embargo, eso no significa que estén a salvo. Si un arma nuclear se detona en otra parte del mundo, sus consecuencias no respetarán fronteras. Es preciso seguir impulsando, a nivel internacional, más zonas libres de armas nucleares.
En un conflicto armado es extremadamente dudoso que las armas nucleares puedan utilizarse alguna vez de conformidad con los principios y normas del derecho internacional humanitario (DIH), conocido también como las leyes de la guerra, que prohíbe armamentos que no distinguen entre civiles y combatientes y que causan daños desproporcionados y sufrimiento innecesario.
El uso de armas nucleares no es un tema resuelto. Al contrario, hay señales de retroceso en los compromisos internacionales de desarme y la preocupación sobre sus efectos catastróficos a gran escala, duraderos e incontrolables es latente. Por eso, es urgente que los Estados retomen el rumbo y asuman decisiones firmes, antes de que el equilibrio precario en el que vivimos se rompa y no haya marcha atrás.
El mundo entero tiene un interés común en la prohibición y eliminación de estas armas: el desarme nuclear sigue siendo un imperativo humanitario, por lo que el CICR insta a todos los Estados que aún no lo han hecho a que se adhieran al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), y a los que ya son parte, a cumplir con las obligaciones de no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear.
Dadas las catastróficas consecuencias humanitarias que traería globalmente cualquier uso de armas nucleares, todos los Estados –incluyendo los de América Latina y el Caribe– tienen la responsabilidad de promover que más países se adhieran a los tratados de desarme nuclear, para revertir la alarmante trayectoria hacia una nueva carrera armamentística nuclear.
Los hospitales de la Cruz Roja Japonesa en Hiroshima y Nagasaki aún hoy atienden a sobrevivientes y a sus descendientes. Las consecuencias siguen vivas. No son una cuenta cerrada.
El mundo cambió el primer lunes de agosto de 1945, pero aún estamos a tiempo de evitar que lo vuelva a hacer de forma irreversible. Esto no debe volver a suceder jamás.
* Ana Langner y Ana Amezcua son oficial de comunicación pública y asesora jurídica de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), respectivamente.