Groenlandia: ¿la tumba de la OTAN?

Estados Unidos ha puesto su interés por adquirir la soberanía de Groenlandia como punto central de su agenda de política exterior y este interés se ha vuelto un punto de tensión entre Washington y Europa. Frente a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Groenlandia, diversos países europeos como Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos han enviado tropas a la isla como muestra de solidaridad con Dinamarca. En respuesta a esto, Estados Unidos impuso aranceles de un 10 % a todos los productos de los países europeos que no apoyen los planes de la Casa Blanca sobre Groenlandia. Esta es una situación muy tensa que puede tener graves implicaciones para la relación entre Estados Unidos y Europa, pues en un lapso relativamente corto, pasó de ser una pretensión más en la política exterior de Washington a convertirse en un problema estratégico de primer orden para la arquitectura de seguridad transatlántica. Sobre todo, porque la sola posibilidad de una intervención militar estadounidense en Groenlandia plantea un escenario que va mucho más allá de una disputa territorial, pues supondría, en términos prácticos, el fin de la OTAN.

El solo hecho de que Estados Unidos contemple públicamente la posibilidad de imponer su control sobre Groenlandia constituye una amenaza directa a la cohesión interna de la OTAN. En términos estrictos, una invasión estadounidense de Groenlandia produciría el colapso funcional de la Alianza Atlántica, no necesariamente por la desaparición de sus estructuras formales, sino por el daño de los supuestos políticos que hacen posible su existencia. Sobre todo, destruiría el principio fundamental sobre el que se sostiene la Alianza: la garantía de seguridad mutua entre sus Estados miembros.

Si Washington llegase a intervenir militarmente en Groenlandia existe la posibilidad de que Dinamarca invoque el articulo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el cual es el pilar de la defensa colectiva de la organización. Implica que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra el resto y obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias, incluidas en materia de seguridad, para restaurar la seguridad del país atacado. En este caso, si Dinamarca invocara el Artículo 5 en respuesta a una agresión estadounidense en Groenlandia, la OTAN entraría en una crisis sin precedentes que obligaría a los demás miembros a decidir entre cumplir formalmente con el compromiso de defensa colectiva o reconocer, de facto, que dicho compromiso es inaplicable cuando el agresor es el actor hegemónico del sistema.

El efecto a largo plazo sería devastador para la arquitectura de seguridad occidental, pues erosionaría la confianza entre aliados, incentivaría a los Estados europeos a buscar arreglos de seguridad alternativos o autónomos y debilitaría la capacidad disuasiva de la Alianza frente a actores externos como Rusia o China, que percibirían una organización fragmentada, incapaz de resolver sus propias contradicciones fundamentales. Asimismo, esta ruptura tendría implicaciones profundas y negativas para la propia seguridad de Estados Unidos, cuya arquitectura estratégica descansa, en buena medida, en la defensa colectiva y en la relación con Europa.

En términos concretos, se estaría poniendo en riesgo el futuro de la relación de defensa de Estados Unidos con Europa, con consecuencias que podrían incluir el cierre de bases militares, la negación del uso de puertos para el reabastecimiento naval, restricciones al acceso a infraestructura logística y sistemas de alerta temprana, así como el debilitamiento de los acuerdos de inteligencia compartida y de la capacidad de proyección de fuerza estadounidense. Esta arquitectura de defensa permite a Washington disuadir a competidores estratégicos, proyectar poder hacia Eurasia y compartir costos de defensa con aliados que aportan territorio, infraestructura, inteligencia y capacidades militares. Un quiebre de la OTAN erosionaría esta arquitectura al debilitar el acceso privilegiado de Estados Unidos a espacios estratégicos europeos y al fragmentar los mecanismos de coordinación militar que han operado durante décadas. Sobre todo, limitaría la capacidad estadounidense de monitorear la actividad rusa en el Ártico y el Atlántico Norte, así como de operar en Medio Oriente y el norte de África.

El interés estadounidense en Groenlandia se explica, en primer lugar, por la posición estratégica de la isla, lo que ha colocado al territorio de manera constante en los cálculos geopolíticos de Washington. Desde al menos 1867, cuando Washington compró Alaska al Imperio ruso, diversos gobiernos estadounidenses han contemplado la posibilidad de anexar la isla, ya sea mediante compra, cesión o acuerdos especiales. Lo que distingue el momento actual de otros no es el interés en sí, sino el tono y la naturaleza de la presión. Por primera vez, la idea de adquirir Groenlandia deja de plantearse como una negociación diplomática discreta y aparece como una presión pública, incluso acompañada de la posibilidad explícita de una intervención.

Este giro resulta particularmente grave si se considera el marco histórico-jurídico que rige la relación entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Cuando Washington adquirió las Islas Vírgenes Danesas en 1917 (hoy Islas Vírgenes de Estados Unidos), se comprometió explícitamente a respetar y reconocer la soberanía danesa sobre Groenlandia como parte del intercambio. Ese compromiso no fue un gesto simbólico, sino parte de un arreglo destinado a estabilizar el equilibrio estratégico en el Atlántico Norte. La ruptura de ese acuerdo sería un ejemplo más de que para Estados Unidos, los compromisos históricos, sobre todo con sus aliados, pueden desecharse cuando dejan de ser convenientes, afectando significativamente la relación de confianza (hoy ya debilitada) entre Washington y Europa.

Para la Casa Blanca la justificación pública de la necesidad por el control de Groenlandia viene de la perspectiva sobre su valor estratégico y de la noción de que si no es un territorio soberano estadounidense este se encontraría propenso a una intervención rusa o china. Tal vez esto no sea tanto un diagnóstico estratégico como una admisión involuntaria de cómo Washington concibe la política internacional. Sin embargo, la situación es que dentro de los acuerdos de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Dinamarca ya existe toda una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de Groenlandia dentro de la influencia militar estadounidense.

Desde 1951 existen acuerdos que, en la práctica, han otorgado a Estados Unidos amplias facultades para operar militarmente en el territorio groenlandés. Durante la Guerra Fría, Washington llegó a mantener más de cincuenta instalaciones militares en la isla; posteriormente, y de manera voluntaria, redujo de forma significativa su presencia. De esta forma, Estados Unidos no necesita controlar formalmente Groenlandia para garantizar su influencia en la región. De hecho, en el acuerdo de defensa firmado entre Dinamarca y Estados Unidos en 2004 se estableció que Washington únicamente estaría obligado a “consultar e informar” a Dinamarca y a Groenlandia sobre cambios sustantivos en sus operaciones militares en la isla, sin que Copenhague o Nuuk tengan derecho de veto sobre dichas operaciones.

Si bien Groenlandia ocupa una posición estratégica clave en la geopolítica del Ártico y en la futura reconfiguración de las rutas comerciales, el interés estadounidense difícilmente puede explicarse en términos estrictamente de seguridad. Washington ya cuenta con bases militares consolidadas y con una cooperación estrecha en materia de defensa que le permite garantizar sus objetivos estratégicos en la región sin necesidad de alterar el estatus territorial de la isla. El verdadero incentivo parece residir en el acceso y control de recursos minerales estratégicos, cuya explotación adquiere un valor creciente en un contexto de competencia global por materias primas críticas.

El interés estadounidense en Groenlandia responde de manera cada vez más evidente a incentivos económicos concretos, impulsados en gran medida por actores privados. La isla concentra recursos estratégicos cuya explotación resulta especialmente atractiva en un contexto de transición energética, digitalización acelerada y competencia por insumos críticos. En este marco, Groenlandia aparece menos como un problema de defensa y más como una frontera económica que aún no está plenamente integrada a las dinámicas globales del capital.

En principio, el interés renovado de que Estados Unidos adquiera Groenlandia vino de Ronald Lauder (heredero del emporio de cosméticos Esteé Lauder), quien financio la campaña de Donald Trump y tiene un interés económico en la privatización del agua de Groenlandia. De igual forma, otras empresas como Praxis, del empresario Peter Thiel, buscar crear un espacio de desarrollo tecnológico en la isla. Asimismo, fondos de inversión como Breakthrough Energy, respaldados por capital de figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Michael Bloomberg, han canalizado inversiones millonarias hacia empresas con intereses mineros en Groenlandia.

Un ejemplo del interés de los inversionistas en empresas con proyectos en suelo groenlandés es el caso de Critical Metals Corp, una empresa minera cuyo valor bursátil ha aumentado más de 116 % desde el inicio de las tensiones por el dominio estadounidense de Groenlandia. Esto debido a su interés en extraer minerales críticos para tecnologías avanzadas que van desde vehículos eléctricos hasta centros de datos para inteligencia artificial. De igual forma, este patrón se repite en otras empresas como la minera Amaroq Ltd., con múltiples proyectos mineros en territorio groenlandés. E incluso se ha confirmado públicamente que el gobierno de Estados Unidos está considerando invertir directamente en proyectos de minería en Groenlandia. Debido a esto, no es casualidad que los inversionistas tengan un especial interés en una eventual adquisición estadounidense de este territorio.

Estos casos dejan claro que el debate sobre Groenlandia no está guiado por un tema de seguridad nacional, sino por la convergencia entre los intereses privados y la especulación financiera bajo el respaldo estatal. El dominio estadounidense sobre la isla resulta ser un instrumento para asegurar activos, reducir riesgos de inversión y garantizar el acceso de empresas aliadas de la Casa Blanca a recursos estratégicos.

Sin embargo, cabe mencionar que si bien Groenlandia es rica en recursos minerales, la realidad es que la explotación de estos yacimientos es sumamente compleja y en la mayoría de los casos económicamente inviable. Especialmente los yacimientos de tierras raras en Groenlandia, que son -en su mayoría- de baja calidad, implican altos costos de extracción y, en el mejor de los escenarios, tardarían al menos una década para entrar en producción, lo que los vuelve incapaces de competir con el dominio chino en el mercado global de minerales críticos. Se requerirían décadas y miles de millones de dólares para desarrollar una industria minera que no existe actualmente. De esta forma, es probable que el interés de los inversionistas no descansa realmente en la viabilidad económica de los proyectos mineros en Groenlandia, sino en el efecto especulativo que genera la posibilidad de una eventual anexión de la isla por parte de Estados Unidos sobre el valor de las acciones de estas empresas.

En última instancia, la disputa en torno a Groenlandia no responde a una necesidad estratégica, pero sí pondría en riesgo la cohesión de la OTAN y su arquitectura de seguridad para perseguir proyectos extractivos de dudosa viabilidad y rentabilidad. Más que una jugada de estratégica en temas de seguridad internacional, Groenlandia se ha convertido en un ejemplo más de cómo la política exterior y de seguridad estadounidense se subordina a intereses financieros privados e inclusive a las aspiraciones y rencillas personales de la presidencia de los Estados Unidos.

De esta forma, la cuestión de Groenlandia no es solo un problema territorial ni un debate sobre recursos naturales. Es una prueba de estrés para el orden atlántico. Si Estados Unidos está dispuesto a sacrificar la relación transatlántica y la coherencia interna de la OTAN en nombre de intereses financieros, entonces la alianza deja de ser un pilar de estabilidad y se convierte en un arreglo instrumental, vacío y contingente. En ese escenario, no sería exagerado afirmar que una intervención estadounidense en Groenlandia marcaría, si no el fin formal de la OTAN, sí su quiebre político definitivo como una alianza de defensa mutua.