Esfuerzos desde la sociedad civil para combatir la violencia obstétrica

Desde 2011, hemos documentado y visibilizado la violencia obstétrica como una forma específica de violencia institucional contras las mujeres y personas con capacidad de gestar. A través del acompañamiento y litigio de casos, investigaciones, análisis de datos oficiales y campañas de comunicación hemos incidido en la política pública y logrado acceso a la justicia y a una reparación integral para personas gestantes y sus familiares, cuyos derechos reproductivos fueron vulnerados en el ámbito de la atención obstétrica.

Junto a otras organizaciones dimos a conocer la situación de nuestro país: en 2014 realizamos la primera denuncia de casos de violencia obstétrica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D. C. Y dos años después organizamos el Tribunal Simbólico sobre Muerte Materna y Violencia Obstétrica, donde 27 mujeres y familias, de diversos estados del país, denunciaron las violaciones de derechos humanos que sufrieron.

Desde entonces, este tipo de violencia ha sido objeto de una creciente difusión en México, Latinoamérica y también a nivel mundial. A nivel nacional, el concepto ha sido reconocido en algunas leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Otras leyes, como la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la del ISSSTE incluyeron disposiciones que obligan a dar atención inmediata a cualquier persona que presente una emergencia obstétrica, mientras que en la NOM 007 se establecieron criterios que unifican la atención durante el embarazo, parto y puerperio.

Si bien ya no nos encontramos en un contexto de escasa información por parte de las instituciones de salud y organismos de derechos humanos sobre la magnitud de la violencia obstétrica, y se han dado pasos relevantes en materia normativa, aún se requieren estrategias y mecanismos para difundir, prevenir y atender esta problemática desde una perspectiva de género y derechos humanos.

En este sentido, es fundamental considerar que este tipo de violencia se constituye a partir de patrones que son producto de fallas estructurales cuya solución tiene que ver con el abordaje de la insuficiencia en infraestructura, personal de salud, instrumental y equipamiento, así como con la transformación de la relación asimétrica de poder entre las personas usuarias de los servicios de salud y el personal médico. Asimismo, es necesario que se fortalezcan las estructuras institucionales para investigar, atender y ofrecer mecanismos de acceso a la justicia y reparación integral cuando se identifiquen prácticas contrarias a los derechos humanos durante la atención obstétrica.

En Latinoamérica han surgido esfuerzos, también desde la sociedad civil, para visibilizar y atender esta problemática: los observatorios de violencia obstétrica. Entre ellos se encuentra el de Argentina, de Las Casildas, que recolecta y difunde datos; monitorea políticas públicas, proyectos de ley y el cumplimiento de la normativa; toma denuncias; articula acciones con otros observatorios y elabora recomendaciones a organismos e instituciones que trabajan en la temática. Y el de Chile, que visibiliza, denuncia y acompaña a las mujeres y sus recién nacidos; parejas, familias y profesionales de la salud, víctimas de violencia obstétrica en las instituciones de salud pública y privada.

Por otra parte, en España se encuentra el observatorio de la asociación El parto es nuestro que surgió para prestar apoyo​ a mujeres que han sufrido cesáreas y partos traumáticos, y proporcionar información basada en evidencia científica. Entre otras cosas, busca mejorar la atención obstétrica y difundir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la atención del parto.

En nuestro país, recientemente se lanzó el Observatorio de Violencia Obstétrica México, que busca visibilizar y combatir la violencia obstétrica a través de la medición, el acompañamiento, la capacitación y la articulación con actores clave como la sociedad civil, la academia, el sector salud y el gobierno.

Esfuerzos como estos confirman que no se trata de hechos aislados, sino dan cuenta de la problemática mundial y abonan a la búsqueda de soluciones que abarquen sus distintas aristas: deficiencias en los sistemas de salud, formación del personal médico, desconocimiento y violaciones de los derechos reproductivos, consecuencias físicas y emocionales en las víctimas, así como ausencia de políticas públicas y mecanismos de acceso a la justicia.

Desde GIRE se ha insistido en que tipificar la violencia obstétrica no es la vía para erradicarla, pues tiene como efecto individualizar el problema sobre el personal de salud señalado como responsable, desatendiendo las causas que originan este tipo de violencia. Además, la experiencia en el acompañamiento de casos muestra que tampoco contribuye al acceso a la justicia para las víctimas: no cumple las expectativas de las sobrevivientes, ya que no contempla la posibilidad de acceder a una reparación integral, puede ser revictimizante y requiere destinar recursos económicos y un acompañamiento legal especializado.

Para prevenir, atender y erradicar la violencia obstétrica es imprescindible actuar desde diversos frentes y el hecho de que existan iniciativas desde la sociedad civil puede contribuir a que cada vez más personas, no sólo las usuarias de los servicios de salud y el personal que las atiende, la conozcan y se dejen de normalizar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio, y se garantice, además, la no repetición de los actos que la constituyen.

@GIRE_mx