Entre luces y sombras: el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum

El primero de octubre, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum arribó a su primer año, en un contexto de profundas transformaciones institucionales y retos persistentes en materia de derechos humanos.

En su gestión ha impulsado elementos simbólicos que confirman los liderazgos femeninos, como contrapeso frente a quienes gobiernan alentando discursos de odio y exclusión. En este sentido, con mucha alegría escuchamos el grito de independencia, en el que reivindicó a las heroínas de esta gesta histórica y reconoció además a las mujeres indígenas y migrantes.

Además, ha emprendido acciones de inclusión de las mujeres y lo femenino en la esfera pública y en el lenguaje cotidiano, lo que ha sido demanda histórica del feminismo. Sin duda, estos actos de resignificación histórica contribuyen a la promoción de la igualdad, la no discriminación y a una vida libre de violencia.

En ese sentido, el cambio constitucional que promovió para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la creación de la Secretaría de la Mujer, abonan al desarrollo con justicia para las mujeres. Estas medidas son un gran avance cuyo cumplimiento debemos vigilar desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para que se mantengan y conduzcan a cambios concretos en nuestra vida.

Por otra parte, no se puede perder de vista que el arranque de su sexenio se dio en un panorama global sumamente adverso, caracterizado hasta la fecha por crisis humanitarias, conflictos armados y el genocidio contra la población palestina impulsado por el gobierno de Israel.

En política interna, ésta se ha caracterizado por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Legislativo, el desmantelamiento y debilitamiento de los sistemas de control y contrapeso, y una narrativa oficial que cuestiona el papel de las OSC. Ha impulsado una política de desmantelamiento de instituciones técnicas del Estado, entre ellas, las responsables de la medición de la pobreza y la transparencia.

Aunque se han introducido algunas medidas para mejorar la calidad de vida e integrar a grupos históricamente excluidos, éstas corren el riesgo de derivar en prácticas que alimenten clientelas políticas si no forman parte de políticas públicas integrales orientadas a reducir las desigualdades estructurales.

En materia de derechos humanos es preciso recordar que, si bien por una parte se registran avances, también se continúan violando todos los días. Aquí refiero, entre otros asuntos, la desaparición de miles de personas en el país; la violencia de género y los feminicidios; los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; el desplazamiento forzado; las agresiones a los pueblos originarios; a las personas LGBTI y a las personas migrantes.

Estos temas –de una larga lista– están ligados a la falta de justicia y por ende a la impunidad. Constituyen violaciones graves a los derechos humanos que han roto el tejido social y carcomen el desarrollo del país.

La desaparición de personas, que al cierre de este texto ascendía a 133,234 personas, está vinculada a otro asunto de igual gravedad: la militarización de la seguridad pública. El 90 por ciento de esas desapariciones se ha registrado a partir del año 2006 –luego de que el gobierno del presidente Felipe Calderón ordenara que el ejército cumpliera labores de seguridad–, a la fecha.

Otros asuntos graves vinculados a la desaparición de personas son las fosas clandestinas que se han localizado en todo el país y la crisis forense que, de acuerdo con datos de la organización A dónde van los desaparecidos, se caracteriza por más de 72 mil cuerpos sin identificar, que están en los Servicios Médicos Forenses del país.

La desaparición de personas está vinculada también con las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y lo hacen organizadas en diversas colectivas debido a la ineficacia del Estado y a costa de las amenazas y ataques de que son víctimas y de las afectaciones que esa labor implica para su salud física y mental, como lo documentamos en nuestro informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.

La situación de las mujeres buscadoras fue tratada, entre otros temas, en el 91 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), efectuada en julio de este año. Éste pidió al Estado mexicano, entre otras cosas, reconocerlas como defensoras de derechos humanos, monitorear la violencia que viven, garantizarles medidas de protección con perspectiva de género, así como reparación integral del daño e incluirlas en procesos de verdad y memoria, entre otras medidas.

¿Por qué la desaparición de personas no es una situación excepcional?

El problema de la desaparición de personas es un hecho muy grave que ocurre desde hace 50 años. El 22 de octubre de 2025 fue abordado en la sesión de la Asamblea General de la ONU. Ésta fue convocada luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, en cumplimiento del artículo 34 de la Convención sobre esa materia, solicitara –el 4 de abril de 2025– información al Estado mexicano para analizar si las desapariciones en el país son generalizadas y/o sistemáticas.

En dicha sesión el Estado mexicano se inconformó por el inicio del procedimiento referido, bajo el argumento de que el artículo 34 debe reservarse para “situaciones excepcionales”.

México suscribió la convención en la materia y por ende se comprometió al escrutinio internacional. En congruencia debe entonces reconocer la desaparición de personas como parte de la crisis estructural de derechos humanos en México. El hallazgo hecho en el rancho Izaguirre o la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, son casos emblemáticos que ejemplifican este problema y en los que además estuvieron involucrados agentes del Estado.

El gobierno mexicano debe reconocer el problema e incluso aceptar la colaboración técnica de organismos internacionales para prevenirlo, erradicarlo y atender también la crisis forense.

¿Por qué debemos normalizar la presencia de militares en las calles?

La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública también ha sido causa de probables ejecuciones extrajudiciales y de que enfermeras, estudiantes y niñas perdieran la vida a manos de elementos del ejército o de la militarizada Guardia Nacional. El hecho más reciente tuvo lugar la noche del 6 de octubre de 2025 en el poblado Estación Manuel, municipio de González, en Tamaulipas, cuando militares dispararon y mataron a seis personas, identificadas como trabajadores agrícolas de la región.

Durante más de dos décadas hemos reiterado que la militarización de la seguridad pública no es la solución y que México debe contar con un sistema de seguridad pública que ponga en el centro a las personas y sus derechos humanos, que sea dirigido por civiles, con personal capacitado e infraestructura y presupuestos suficientes. ¿Qué se ha hecho para crear una corporación policiaca de esas características? ¿Por qué debemos normalizar la presencia de militares en las calles? ¡Eso no es normal!

Violencia de género

La violencia de género y los feminicidios son otro tema acuciante en la agenda de derechos humanos. En el informe sombra que enviamos junto con IPAS al 91 periodo de sesiones de la CEDAW, efectuado entre junio y julio de este año, advertimos que en 2024, fueron asesinadas 3,408 mujeres, 847 de esos casos estaban siendo investigados como feminicidios. En el periodo enero–julio de este año se contabilizaron mil 978 homicidios dolosos de mujeres y 493 casos se investigaban como feminicidios.

Además, entre enero y julio de este año el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, registró al menos 6 transfeminicidios. La organización Letra S reportó que en 2024 unas 55 mujeres trans fueron asesinadas, la cifra más alta en tres años.

En sus observaciones finales a México el Comité CEDAW, además de hacer una valoración positiva de diversas acciones emprendidas por el Estado mexicano para atender las observaciones que le fueron realizadas en sesiones anteriores, incluye una amplísima gama de recomendaciones tendentes a hacer efectiva la igualdad de género en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

México, país peligroso para periodistas y defensores

Por otra parte, las disidencias políticas, el periodismo de investigación, el activismo, la defensa de derechos humanos y las luchas por la tierra y el territorio son presentados con frecuencia como amenazas directas al partido en el poder. Esta narrativa ha incrementado los riesgos para estos actores y ha multiplicado los ataques que enfrentan.

Reporteros sin Fronteras ha advertido que si bien el tono del actual gobierno es menos hostil hacia los medios, ello no ha implicado mejoras tangibles pues al menos 10 periodistas fueron asesinados en 2024. A su vez, Articulo 19 registró 51 casos de acoso judicial contra periodistas, entre enero y julio de 2025.

Por su parte, Front Line Defenders reportó que en 2024 fueron asesinadas 32 personas defensoras de derechos humanos. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que en el mismo año fueron asesinadas 25 personas por defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

¿Qué se puede hacer para atender los acuciantes temas de la larga lista que integra la agenda de derechos humanos? Que el Estado tome en cuenta de manera primordial las voces de las víctimas; en ese ejercicio deben participar las OSCs que las acompañamos en el mejor de los afanes para establecer un diálogo inclusivo que permita abordar temas diversos y conduzca a soluciones conjuntas para esos problemas estructurales.

Desde este foro hago propicia la ocasión para recordar a la Presidenta de la República, nuestra disposición a reunirnos con ella, como lo manifestamos en la carta que le hicimos llegar el 4 de septiembre de 2024 para que, en un marco de respeto y diálogo constructivo, podamos manifestarle nuestras preocupaciones, enfoques y recomendaciones, en aras de que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas que vivimos en México.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).