El negocio de la accesibilidad en VIH

En México, el comportamiento reciente de las compras públicas de Tratamiento Antirretroviral (TARV) muestran resultados considerados como malas prácticas en materia de adquisiciones por la recién creada Comisión Nacional Antimonopolio, antes llamada Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Estas incluyen: la concentración de contratos en pocos proveedores, menor transparencia y persistencia de falta de suministro.

El último año que México reportó las compras TARV de manera pública (2020), registró un gasto de 1,685 millones de pesos en antirretrovirales, de los cuales más del 82 por ciento terminó en manos de tres compañías: Farmacéuticos Maypo (40.79 por ciento), Gilead Sciences México (30.73 por ciento) y Janssen-Cilag (11.60 por ciento). A partir de ese año, la información consolidada dejó de transparentarse. En paralelo, los reportes institucionales de 2025 documentan desabasto en claves específicas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre otras dependencias federales y estatales, aun cuando existen acuerdos formales que obligan a publicar inventarios periódicos como el Protocolo para la entrega de tratamiento antirretroviral que estipula las normas de abasto.

Este contexto coincide con un hecho regional: la mayor parte de América Latina quedó fuera del acuerdo internacional que habría permitido acceder a versiones genéricas de medicamentos de prevención del VIH. Según la advertencia de Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la exclusión limita la capacidad de los países latinoamericanos para obtener alternativas de menor costo, incluso cuando varios de ellos (incluido México) participaron en ensayos clínicos del medicamento Lenacapivir (PURPOSE2). La consecuencia observable es que los países de la región deben negociar individualmente con las farmacéuticas titulares de las patentes, lo que restringe el margen de acceso a versiones más económicas y reduce las opciones disponibles.

Esta situación se agrava pese al escenario esperanzador que abrió la reciente llegada al mercado de Lenacapivir (Sulenca) un medicamento elegido como descubrimiento científico del año 2024 por la revista Science. El fármaco, fabricado por Gilead, amplía el abanico de opciones de profilaxis preexposición (PrEP) al ofrecer un tratamiento preventivo inyectable que sólo requiere dos aplicaciones anuales. Según algunos estudios, este esquema podría resolver los problemas de adherencia asociados a la toma oral diaria (pastillas). En un periodo de dos años, sólo dos de cada cinco personas permanecieron en PrEP. Por ello, la disponibilidad de esta alternativa semestral supone un cambio significativo en la prevención y el control de la pandemia del VIH, al facilitar una mayor continuidad y al ampliar el acceso a poblaciones especialmente vulnerables, para quienes la toma diaria de un medicamento preventivo suele representar una barrera difícil de sostener.

En octubre de 2024, Gilead firmó acuerdos de “licencia no exclusivos y libres de regalías” con 6 fabricantes de genéricos para aumentar el acceso a Lenacapivir (PrEP inyectable) para la prevención del VIH en países con alta incidencia y recursos limitados. Sin embargo, Médicos del Mundo advierte que las condiciones de estas licencias incluyen varias restricciones que limitan un acceso equitativo y oportuno al medicamento.

En esta licencia se incluyen medidas y sanciones estrictas contra el desvío de medicamentos, y se establece que los países fuera del acuerdo (“territorio y campo reservado”) están exclusivamente reservados a Gilead. Esto significa que, al menos por ahora, los fabricantes de genéricos autorizados por Gilead no pueden vender legalmente estas versiones en México ni en la mayoría de países de Latinoamérica. La situación compromete la capacidad de los sistemas de salud para ofrecer alternativas genéricas que garanticen la prevención y el tratamiento para miles de personas, pone en riesgo el cumplimiento de las metas impulsadas por ONUSIDA para el 2030 y desoye las demandas de numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, que exigen una estrategia universal y asequible.

La falta de información en el caso mexicano no sólo se refleja en las malas prácticas de compra y gestión de medicamentos, sino que también se evidencia en la ausencia (o el desconocimiento de los mismos) de estudios elaborados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) sobre el comportamiento de las personas que son usuarias de PrEP. Esta falta de información dificulta la toma de decisiones públicas: sin datos confiables, es imposible estimar cuántas personas podrían llegar a beneficiarse de un tratamiento inyectable de larga duración.

La evidencia ofrece algunos datos que son claros. En Latinoamérica, el indicador más sólido proviene del estudio IMPrEP, desarrollado en Brasil, México y Perú, publicado en The Lancet HIV. Sus resultados muestran que cerca del 30 % de las personas que inician PrEP oral la abandonan durante el primer año. Para el segundo año, las estimaciones regionales se elevan al 40 y 50 %, según cohortes latinoamericanas y revisiones globales.

El problema radica en que una proporción importante de las personas que interrumpen su tratamiento PrEP posteriormente entra en seroconversión, es decir, adquiere el VIH. Sin mayores datos públicos nacionales, México no sólo queda rezagado en su capacidad de prevención, sino que profundiza un vacío de información que afecta la salud de muchas personas, especialmente de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad al VIH, como las mujeres trans, mujeres cis y hombres que tienen sexo con hombres.

El papel de las patentes en este escenario puede describirse con datos recientes. En 2024, Gilead pagó 40 millones de dólares para resolver una demanda por retrasar la salida de una versión más segura del TDF. La empresa mantiene vigentes las patentes de fármacos como Truvada, Descovy y Biktarvy, lo que obliga a los países que no tienen acceso a licencias abiertas a adquirir únicamente las versiones de marca. La ausencia de alternativas genéricas influye directamente en los costos de adquisición y en la capacidad de los sistemas públicos para diversificar proveedores. AHF y otras organizaciones han señalado este punto en el caso de México: “cuando no existen sustitutos genéricos, las instituciones están obligadas a concentrar compras en los laboratorios que poseen los derechos de explotación”. Mientras México mantenga un sistema de compras capturado por pocos actores y sin evidencia pública que respalde sus decisiones, la salud pública seguirá en riesgo o control de sus principales proveedores.