Redacción Animal Político · 16 de octubre de 2024
El análisis del panorama de derechos humanos en México está atravesado por la dualidad. Durante la administración que termina, siguiendo al artículo 89 de la CPEUM, México promovió la protección al migrante; la no proliferación de armas nucleares químicas y biológicas; el combate al tráfico de armas; la moratoria al uso de la pena de muerte, y la prevención de la discriminación y violencia contras las personas LGBT+. Incluso en el Consejo de Seguridad impulsó entre los miembros permanentes una iniciativa para desincentivar el uso político de su derecho al veto.
Lamentablemente la política interior pone en evidencia varias contradicciones. En el país la violencia feminicida sigue siendo minimizada. En años recientes han existido esfuerzos del Estado por criminalizar el movimiento feminista mediante la represión de la protesta e incluso con la apertura de carpetas de investigación en contra de mujeres militantes. Las cifras de feminicidios han sido tergiversadas para incrementar la disminución, mandando el mensaje erróneo de que en México no hay una crisis de violencia de género.
Al mismo tiempo, las autoridades han dejado desprotegidos a periodistas y defensores de derechos humanos. Las deficiencias del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido ampliamente documentadas. La falta de recursos y capacidades para su implementación, exacerbada por la extinción del fideicomiso que lo sostenía en 2020, agrava la situación. Antes de su extinción, la sociedad civil advirtió que su eliminación ponía en riesgo la vida de personas.
Del mismo modo, México atraviesa por una crisis de desaparición de personas. A finales de 2023 en Impunidad Cero estimamos que el promedio estatal de impunidad para delitos de desaparición entre 2019 y 2021 fue del 99.6 %. En lugar de generar las capacidades para atender esta crisis se ha optado por debilitar al entramado institucional. La estrategia nacional de búsqueda lejos de dar certeza sobre la magnitud de la crisis ha generado desconfianza y revictimización. Mientras una ola de despidos ha dejado a la Comisión Nacional de Búsqueda sin personal esencial.
Esta dualidad de la política en materia de derechos humanos converge en el Examen Periódico Universal (EPU). Un ejercicio en el que los miembros de la ONU se evalúan entre sí y que no se circunscribe a un tipo de violación en específico. Como resultado de esta evaluación México recibió 318 recomendaciones. De ellas, aceptó 304 y “tomó nota” sobre 14. Entre estas últimas se encuentran algunas sobre desmilitarización de la seguridad, desplazamiento forzado interno, vigilancia digital, y el uso del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Sobre este último punto, vale la pena recordar que la Corte IDH ha dictado dos sentencias en contra de México al considerar que estas son figuras de carácter punitivo y arbitrario, no cautelares.
Aunque parezca lo contrario, México no puede eludir sus responsabilidades e interpretar el derecho internacional de los derechos humanos a modo. Al ratificar estos tratados los gobiernos se comprometen a adoptar las medidas y la legislación necesaria para cumplir con ellos. Saber por qué los Estados deciden autolimitarse puede ayudarnos entender de dónde vienen las posturas. Una explicación sostiene que los compromisos que realizan algunos gobiernos no son del todo sinceros, y que éstos ratifican tratados cuando se encuentran en contextos de crisis económica o política para mostrarse receptivos de las preocupaciones de donantes, socios económicos, e instituciones financieras. En línea con esta perspectiva, la literatura sugiere que en ocasiones las autocracias ratifican los tratados para indicar una ruptura con la política de sus antecesores, e incluso buscan posiciones fuertes en foros multilaterales para mejorar su reputación, aunque se quedan cortos en la implementación a nivel interior.
La administración que acaba de terminar ha dejado una crisis de derechos humanos que se agrava ante una reforma judicial que al incluir la figura de jueces sin rostro viola las garantías procesales, y con una reforma que militariza de forma permanente a la Guardia Nacional y la seguridad pública a nivel federal. La coyuntura del cambio de gobierno reabre la pregunta de si México seguirá la línea de los compromisos poco sinceros o si veremos una verdadera política de respeto a los derechos humanos. En noviembre de 2024, culmina el mandato de la titular de la CNDH. Actualmente, la institución ha enfrentado diversas críticas al mostrar parcialidad en favor del gobierno. La sociedad civil ha enfatizado la importancia de recuperar la independencia en la conducción de la institución y garantizar la defensa integral. Quizá esta designación nos dé una señal que nos permita entender el rumbo que tomará la dualidad de los derechos humanos en el país.
* Helga Jáuregui (@helga_jau) es analista de Datos de Impunidad Cero.