Redacción Animal Político · 11 de noviembre de 2024
El 4 de noviembre, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia aprobaron la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en la CDMX. Desde 2007, la interrupción del embarazo por libre decisión se permite durante las primeras 12 semanas de gestación, y posterior a este plazo solamente puede practicarse legalmente bajo causales: violación o inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteraciones congénitas o genéticas graves, y conducta imprudencial o culposa. Pero el aborto aún es un delito; mujeres y personas gestantes siguen enfrentando el riesgo de ser señaladas como delincuentes.
El dictamen que está por discutirse en el Pleno propone la derogación (eliminación) de los artículos que castigan el aborto voluntario (autoprocurado y consentido), una vez cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo, incluidas las causales, que serán innecesarias al aprobarse la eliminación del delito. Al mismo tiempo, el Capítulo V “Aborto” cambiará su denominación para llamarse “Interrupción Forzada del Embarazo”, subsistiendo únicamente el artículo 146, que contemplará una pena de cinco a ocho años de prisión para quien interrumpa el embarazo de mujer o persona gestante sin su consentimiento, en cualquier momento y por cualquier medio. Y si mediare violencia física o moral, de ocho a diez años de prisión.
Sacar el aborto del Código Penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, sino que en lugar de que exista como un delito se propone que se regule desde el ámbito sanitario. Aprobar esta reforma hará posible que mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser considerades delincuentes por ejercer su autonomía reproductiva, y convertirá a la CDMX en la entidad con el estándar más alto en la protección del derecho a decidir, tanto en México como en la región.
Para que la decisión de interrumpir un embarazo no represente peligro de sanción penal, es fundamental que el aborto ya no sea un delito: al eliminarlo se dejará de criminalizar, cosa que con la despenalización parcial no se ha logrado.
De acuerdo con datos del SESNSP, de enero de 2015 a septiembre de 2024, en la CDMX hubo 1,257 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pese a que el número de entidades en las que se ha despenalizado parcialmente constituye actualmente más de un tercio del país, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías han ido al alza en algunas partes y no han desaparecido en el resto.
Recordemos que la criminalización va más allá de lo penal. Aunque se suele asumir que su expresión más dramática y agraviante consiste en que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean sentenciadas y sancionadas penalmente, la criminalización se manifiesta en diferentes momentos del proceso penal, incluso desde la mera amenaza de la presentación de una denuncia. Asimismo, sus efectos pueden experimentarse de múltiples formas, como el estigma social y la negativa o el condicionamiento de servicios esenciales de salud, con afectaciones serias a su integridad personal.
Eliminar el delito de aborto resulta fundamental para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales y también dejen de ser criminalizadas tanto en los servicios de salud como en el ámbito social. Quienes interrumpen un embarazo podrán hacerlo sin la sombra del estigma, lo que traerá mayor libertad para hablar sobre el aborto, sin miedo, en cualquier ámbito. Eliminar el delito de aborto terminará con la criminalización de las personas que abortan, de quienes llevan a cabo el procedimiento y de quienes acompañan el proceso o brindan información.
Además de terminar con la criminalización, se fortalecerá el reconocimiento del aborto como un servicio esencial de salud y se abonará a garantizar el acceso a dicho servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos. La regulación del aborto como un asunto estrictamente sanitario facilitará una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria, con información basada en evidencia científica y libre de estigmas.
La derogación del delito reafirma el reconociento y garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4º constitucional que, además del reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la vida y a la libertad, en el párrafo segundo prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva.
Eliminar el delito de aborto erradicará las dudas que obstaculizan la labor del personal de salud: ya no tendrán que preguntarse por las semanas de gestación o si tienen que llamar al Ministerio Público; sólo tendrán que concentrarse en cumplir con su obligación, es decir, prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles, lo cual dará mayor certidumbre para brindar atención e información a quienes deseen interrumpir un embarazo.
Desde GIRE seguiremos pugnando por que el dictamen aprobado en en Comisiones llegue al Pleno y que en la CDMX contemos con una regulación que reconozca plenamente que mujeres, hombres trans y personas no binaries somos sujetos morales plenos con la capacidad de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro proyecto de vida e intereses personales.
¡Fuera el aborto del código penal!