Reflexiones sobre el Estudio Diagnóstico del Derecho a Aprender 2024

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reconocido por su papel en la medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas, ha presentado el “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024“. Este informe analiza los avances y desafíos en la garantía de este derecho fundamental, esencial para combatir desigualdades y fomentar el desarrollo humano en México. La publicación cobra especial relevancia en un momento en el que la desaparición de esta institución pone en peligro la capacidad del país para evaluar con rigor las políticas sociales.

El estudio se basa en un enfoque integrado de derechos humanos que permite analizar la educación desde tres dimensiones clave: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Este marco metodológico combina los conceptos de las “Cuatro A” (asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad), propuestos por Katarina Tomasevski y el modelo de Calidad Educativa de la UNESCO, enfocado en equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Estas dimensiones permiten medir no solo la existencia de servicios educativos, sino también su capacidad para llegar a las comunidades más vulnerables y asegurar aprendizajes significativos.

Los hallazgos del diagnóstico revelan importantes avances y vacíos. En términos de disponibilidad, el informe destaca la persistente insuficiencia de infraestructura básica en escuelas indígenas y rurales, la falta de personal educativo capacitado y carencias en materiales didácticos adecuados. Aunque se han logrado progresos en la provisión de libros de texto y materiales educativos, muchas escuelas aún carecen de servicios esenciales como agua potable y electricidad, lo que compromete seriamente la calidad de la enseñanza.

En cuanto a la accesibilidad, señala que las barreras económicas y físicas siguen limitando la entrada al sistema educativo, especialmente en comunidades rurales y entre las familias más pobres. Si bien ha habido avances en la expansión de programas educativos en zonas urbanas, las desigualdades entre regiones urbanas y rurales persisten, dejando a las poblaciones más marginadas en desventaja.

En la dimensión de calidad, el estudio identifica una creciente disparidad en los resultados de aprendizaje. Los estudiantes de telesecundarias y escuelas indígenas enfrentan retos desproporcionados en comparación con quienes asisten a escuelas en zonas urbanas. Aunque se han realizado esfuerzos por mejorar los procesos pedagógicos, la capacitación docente y la equidad en los resultados educativos siguen siendo desafíos significativos.

Finalmente, el informe identifica ocho retos clave para garantizar el derecho a la educación en México. Entre ellos se encuentran la necesidad de incrementar la cobertura educativa en los niveles inicial y superior, mejorar la infraestructura educativa con un enfoque de equidad, garantizar la accesibilidad física para las comunidades rurales, y reducir las barreras económicas que enfrentan las familias en pobreza extrema. Además, es urgente abordar los rezagos en las trayectorias educativas, combatir el analfabetismo, lograr una mayor equidad en el aprovechamiento educativo y mejorar la calidad de la información utilizada para la toma de decisiones en el sector.

La desaparición de CONEVAL, anunciada como parte de los recientes cambios en la administración pública, representa un golpe significativo para la evaluación técnica e independiente de las políticas sociales en México. Este informe, con su rigor metodológico y su enfoque en derechos humanos, subraya la importancia de instituciones que generen evidencia confiable para orientar decisiones públicas. Su ausencia no solo pone en riesgo los avances logrados, sino que también amenaza con dejar a las poblaciones más vulnerables sin el respaldo de políticas efectivas y basadas en evidencia.

* Gustavo Rojas Ayala es director de Investigación de Mexicanos Primero.