Joel Aguirre · 27 de mayo de 2026
Por Néstor Genis
Hoy en día, uno de cada tres países en desarrollo (hogar de 3,300 millones de personas) gasta más en el pago de intereses de su deuda que en garantizar derechos esenciales como salud o educación. Aunque muchos podrían pensar que esto se debe exclusivamente a una deficiente administración gubernamental (lo cual indudablemente es un factor clave), existe una dinámica estructural que agrava el problema: una arquitectura financiera global que, en la práctica, tiende a priorizar la recuperación del capital por encima del desarrollo humano.
La arquitectura financiera actual se diseñó en 1944 para reconstruir una Europa devastada por la guerra. Al establecerse instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, las economías avanzadas se aseguraron el privilegio del “primer actor” (first mover), lo que les permitió dictar las reglas del juego basadas en el liberalismo de mercado y la dominancia de los prestamistas. Este diseño institucional otorga poco poder de decisión a los países en desarrollo y protege la recuperación del capital de los acreedores del norte por encima de las necesidades sociales del sur.
A esto se suma la trampa de cómo medimos el éxito económico. Durante décadas, el Producto Interno Bruto (PIB) ha sido la métrica reina. Sin embargo, el PIB es un indicador limitado. Mide la producción masiva, pero no contabiliza la degradación de los recursos naturales ni los niveles de desigualdad.
Al utilizar el PIB como el principal estándar de confianza, el sistema financiero internacional genera incentivos que presionan a los gobiernos a buscar un crecimiento rápido a corto plazo. Bajo este modelo, si un país no muestra una expansión constante, los mercados internacionales suelen catalogarlo como “riesgoso”. Para evitar perder competitividad y mantener el flujo de capitales, muchas naciones recurren a dinámicas de endeudamiento externo que pueden ocultar vulnerabilidades latentes, hasta que el costo de los intereses en moneda extranjera se vuelve insostenible.
Aquí es donde las métricas abstractas se transforman en presión presupuestaria real. Las grandes agencias calificadoras de riesgo, concentradas en los centros financieros del norte, evalúan a las economías en desarrollo bajo metodologías que, en su búsqueda de consolidación fiscal, frecuentemente limitan el margen de los Estados para la inversión social.
Cuando un país del sur global es percibido con una menor capacidad de pago —muchas veces a causa de choques externos globales, como pandemias o el alza de tasas en Estados Unidos—, los mercados financieros reaccionan. Ante este “riesgo”, los prestamistas exigen tasas de interés mucho más altas (una prima de riesgo) que para los países del sur global llega a ser de 6 a 12 veces mayor que para los desarrollados. El alto costo de los intereses eleva el déficit, lo que a su vez ejerce presión sobre las calificaciones crediticias. Es un ciclo que deteriora la capacidad de pago de las naciones y drena los recursos públicos hacia el exterior antes de que puedan llegar a la población.
Para entender la magnitud de esta asfixia, basta mirar más allá de nuestras fronteras hacia naciones donde la deuda externa ha paralizado el futuro. Según estimaciones de la ONU, hoy en día casi la mitad de las naciones africanas gastan más en el servicio de su deuda que en sus sistemas de salud pública.
Tomemos el caso de Zambia, el primer país africano en caer en impago durante la pandemia. Su crisis tardó años en resolverse, en gran medida, porque los grandes fondos de inversión privados del norte se resistían a asumir pérdidas, obligando al país a recortar drásticamente su gasto público mientras renegociaba. O el trágico caso de Sri Lanka en 2022, donde el peso insostenible de la deuda externa en dólares llevó al colapso del Estado, dejando a la población sin medicamentos esenciales, energía ni alimentos, todo mientras los mercados internacionales debatían las condiciones de un rescate.
Estos casos ilustran la trampa del sistema actual: si los países pagan a cualquier costo, desmantelan sus sistemas de bienestar y condenan a su población a la pobreza; si dejan de pagar, son exiliados del sistema financiero y castigados con primas de riesgo aún más severas que imposibilitan su recuperación a largo plazo.
Si implementar estas reformas supone un ajuste en las expectativas de retorno para los acreedores, es un costo que debe asumirse estratégicamente. Difícilmente habrá estabilidad geopolítica, contención de crisis migratorias o cumplimiento de metas climáticas si el sur global colapsa bajo el peso de sus obligaciones financieras. No es momento de administrar la crisis, sino de transformar las reglas del juego. ♦
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Néstor Genis es coordinador de Desarrollo Sostenible e Inclusión en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
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X: @GenisNestor