Redacción Animal Político · 29 de noviembre de 2024
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han sido testigos de un preocupante retroceso en la consolidación de sus democracias, particularmente en lo que respecta a las garantías fundamentales de los derechos humanos. Entre estas, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la protección de datos personales han sido puntos de quiebre en numerosos países de la región. Con la tendencia creciente hacia gobiernos autoritarios o de corte populista, muchas de estas democracias están viendo cómo se desmantelan instituciones clave que han garantizado estos derechos fundamentales. Un ejemplo claro de esta regresión es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México, que refleja un patrón más amplio en América Latina.
México fue uno de los primeros países de la región en crear una institución autónoma encargada del acceso a la información. El artículo 1º constitucional establece la distinción entre los derechos humanos y las garantías que les darán eficacia, tal como se determinó en la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011.
La garantía institucional del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es el INAI, resultado de un proceso democrático que partió de cero en 1977 y culminó en 2014 con un diseño institucional sustentado en la autonomía constitucional. Dicha autonomía es la base primordial de la función garantista del INAI, misma que descansa en una serie de principios: autonomía constitucional, división de poderes, especialización, progresividad y principio democrático.
Sin embargo, con la llegada de Morena al Gobierno Federal, Congresos Federales y Locales y Gobiernos estatales, lejos de fortalecer mecanismos democráticos, sus decisiones y acciones gubernamentales se han enfocado en la captura política y centralización del poder. La desaparición de facto del INAI es un golpe directo al derecho de la población a acceder a la información pública, pilar fundamental para la democracia en México.
El caso de Morena y la desaparición de órganos autónomos como el INAI refleja una tendencia más amplia en la región: la creciente vinculación entre el autoritarismo y los gobiernos populistas, que, a pesar de hablar de “transformación” y “justicia social”, a menudo terminan socavando instituciones clave para la transparencia y la rendición de cuentas.
Otro elemento que atraviesa la problemática del desmantelamiento de las instituciones encargadas de la transparencia en América Latina es la creciente militarización de los gobiernos. En muchos casos, los gobiernos autoritarios han justificado la falta de transparencia y el control sobre la información bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, inteligencia, y en áreas de investigación, plantea un grave riesgo para el acceso a la información.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la militarización en la región destaca que el despliegue de fuerzas militares en funciones de seguridad pública puede obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente cuando las fuerzas armadas se niegan a divulgar información sobre sus operaciones. Esto también tiene implicaciones directas en la protección de datos personales, ya que el control de la información por parte del aparato militar puede violar la privacidad de las personas y socavar los principios de protección de datos.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado en varias resoluciones que los gobiernos deben garantizar la autonomía de las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y la libertad de expresión, y, sobre todo, que deben asegurarse de que no se violen los derechos de las mujeres, las poblaciones indígenas y otros grupos históricamente discriminados, quienes son las más vulnerables ante el control y la falta de acceso a información pública.
El desmantelamiento de las instituciones de acceso a la información y la libertad de expresión en América Latina tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres y diversidades sexo genéricas, en particular aquelles que luchan por sus derechos, por la justicia social y por la igualdad. En países como México, donde la violencia de género es una realidad palpable, las mujeres y diversidades sexogenéricas se enfrentan a un doble reto: por un lado, la opacidad del gobierno en la gestión de información sobre feminicidios, transfeminicidios, violencia doméstica o el acceso a la justicia; por otro, la constante amenaza de represalias por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La falta de acceso a la información sobre presupuestos públicos destinados a la atención de las mujeres y diversidades sexogenéricas, las políticas de prevención de la violencia de género o las estadísticas oficiales sobre feminicidio y transfeminicidios hace casi imposible exigir rendición de cuentas en un contexto de opacidad. Según informes de Naciones Unidas, el acceso a la información es fundamental para empoderar a las mujeres y permitirles defender sus derechos de manera efectiva. La desaparición o debilitamiento de los organismos encargados de garantizar la transparencia y la protección de datos personales deja a las mujeres y diversidades sexo genéricas en una posición aún más vulnerable, exponiéndoles a una mayor violencia institucional y a la invisibilización de sus luchas.
Las preocupaciones sobre el acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales en la región han sido documentadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han expresado su alarma sobre el uso de la militarización para restringir estos derechos fundamentales. Naciones Unidas ha hecho hincapié en que las reformas que debilitan la autonomía de instituciones como el INAI no solo afectan a la democracia, sino que también incrementan las violaciones a los derechos humanos, especialmente en un contexto donde el control de la información y la manipulación de los datos personales puede convertirse en una herramienta de represión.
Es urgente que las democracias latinoamericanas den un paso atrás en este proceso de desmantelamiento de las instituciones y restituyan los mecanismos de acceso a la información pública, pues sólo de esta manera podrán garantizarse los derechos de todas las personas, en particular los de las mujeres y poblaciones históricamente marginalizadas. La opacidad no solo favorece a los poderosos, sino que crea un espacio de impunidad que atenta contra los principios fundamentales de justicia y equidad. América Latina no puede permitirse ceder ante el autoritarismo ni permitir que el acceso a la información se convierta en un privilegio en lugar de un derecho.
* Mexiro A. C (@yoMexiro) es una organización feminista mexicana.