La oportunidad de debatir el proyecto hídrico El Batán Querétaro

En Querétaro, un proyecto para el abastecimiento de agua residual tratada y potabilizada para uso doméstico, que pretende financiarse a través de una asociación público privada (APP), ha provocado un intenso debate social.

Por un lado, la duda sobre la calidad del agua y la garantía de que, tras el tratamiento y potabilización resulte segura para la salud. Por el otro, la duda sobre las implicaciones de la participación privada en la gestión del agua, un modelo que antes ya ha tenido impactos negativos y ha provocado conflictos en el estado. A esto se suma la falta de transparencia y de espacios participativos desde que el proyecto fue anunciado, hace más de un año, hasta que recientemente se hizo público de manera parcial al ser presentado como iniciativa ante el Congreso local para autorizar la participación privada.

La norma sobre la calidad del agua existe, pero no aplica exactamente, no está actualizada ni contempla nuevos contaminantes. Los casos análogos en otros países se citan, pero no son contextos equivalentes. En Singapur se disminuyeron al 4.5 % las fugas, en Querétaro todavía son del 41 %. Allá monitorean 292 parámetros de calidad, aquí 22. El 90 % se destina a industria y enfriamiento, y el 6 % que es destinado a uso doméstico solamente en periodos de sequía pasó por 30 años de pruebas piloto. En Israel no se destina a uso humano sino agrícola y de restauración de ríos. En otros sitios citados se controla la contaminación que llega al agua antes de ser residual. La comparación es entonces si no engañosa, al menos inexacta, en un territorio donde actualmente no se aseguran la prevención, control y sanción de la contaminación de los cuerpos de agua, en un proyecto que no contempla la reducción efectiva de fugas ni pruebas piloto suficientes.

La propuesta de APP no se llama deuda, pero de facto endeuda, pues contempla que un particular contrate hasta 9 mil millones en créditos para completar la inversión inicial y echar a andar la obra. Una deuda pública alojada en manos privadas, sin certeza de obtener las mejores tasas ni las mejores condiciones. A precios de hoy, el esquema a 30 años supera los 41 mil millones: el concesionario facturaría cerca de 4 mil millones por operar la infraestructura y más de 9 mil millones por el agua producida, porque cada gota le genera utilidad. El riesgo técnico y financiero recaería en todo Querétaro; la ganancia, sólo en el privado. Si Querétaro asumiera directamente el financiamiento, la infraestructura y cada litro serían enteramente públicos. ¿Por qué no se presentó nunca un plan alternativo? ¿Por qué todo está calibrado para encajar a la medida de la APP? ¿Por qué no abrir un debate serio sobre modelos distintos para un proyecto de este tamaño? Preguntas legítimas que siguen vivas con transparencia a medias y debates insuficientes.

Se sabe todavía poco, se dice mucho. En tal escenario de incertidumbre nadie tiene la última palabra. Sin embargo, ante la duda razonable, debe prevalecer la precaución que demandan los principios legales por los riesgos potenciales a los derechos al agua, tanto en su calidad como en su asequibilidad económica para las personas, a la salud, y por lo tanto la vida.

Ante la necesidad de debate y en medio de la guerra mediática entre partidos, la ciudadanía pide diálogo directo, serio, formal, incluyente y público. Por eso más de 28 organizaciones, colectivos y redes estamos solicitando la primera audiencia pública en el Estado, uno de los mecanismos de participación que contempla la Ley estatal de Participación Ciudadana, vigente desde febrero de este año, como resultado de cuatro años de impulso de la sociedad civil organizada.

La política hídrica que hoy opera en la entidad dista mucho de haber sido consultada. La memoria colectiva recuerda una ley para legalizar la concesión del servicio de agua a operadoras privadas en 2022, impuesta pese al amplio rechazo social y una extensa movilización reprimida a las puertas de la Comisión Estatal de Aguas, que levantó alarmas nacionales e internacionales. También las manifestaciones por el acueducto que transporta agua del estado vecino de Hidalgo y otros más que, sin haber sido consultados, se proyectan a futuro, despojando pueblos y ecosistemas. Si bien por fin y por primera vez este año empezaron a habilitarse medios de participación para la elaboración del Programa Estatal Hídrico, el proyecto Batán en específico solo tuvo escasos seis días de “consulta ciudadana” desde el poder ejecutivo y un cuestionado ejercicio en el Congreso del que no quedó registro claro de acuerdos ni cumplió con los principios de un Parlamento Abierto.

Academia y sociedad civil llevan años señalando las consecuencias de un modelo fallido de gestión tecnocrática, sectorial y mercantilista del agua, con visión reducida a la ingeniería hidráulica que representa un curita demasiado limitado, aunque caro, para una crisis cada vez más compleja. La sociedad tiene tiempo planteando alternativas centradas en el respeto y reconocimiento de la sabiduría de la naturaleza: la protección, rehabilitación y restauración de ecosistemas y la conservación de ríos y sus cuencas no solo es naturalmente viable, sino económicamente factible.

La activación proactiva de un verdadero Parlamento Abierto por el legislativo y de una consulta amplia y rigurosa por el ejecutivo no han sido hasta ahora parte del escenario. Es la ciudadanía la que nuevamente impulsa espacios autogestivos, por un lado, para conversar entre los saberes académicos y populares, y espacios formales para dialogar con el gobierno. La controversia alrededor del Sistema El Batán, sin embargo, abre la posibilidad de poner el fondo del problema sobre la mesa y hablar no solo de las incertidumbres de este proyecto sino de las otras acciones necesarias para la recuperación de la soberanía hídrica, sin riesgos para las finanzas públicas, ni para la gobernanza ambiental, ni para la salud.

El frente de organizaciones promotoras de la audiencia pública sobre el proyecto Sistema El Batán es un grupo de más de 28 asociaciones que buscan ampliar la discusión del megaproyecto hídrico más importante en Querétaro en los últimos años (@aguaquecorref  @PoliticaColecti @justiciadigna.qro @awita_vida_territorio @pedaleanda @netasciudadania  @CRCCuencas @bajotierramu).