Crónica de un fracaso anunciado: los vicios de la elección judicial

La elección judicial está plagada de problemas. Algunos son problemas de origen, derivados de un principio erróneo: la idea de elegir a las personas juzgadoras es una pésima idea porque en lugar de apostar por la imparcialidad o la garantía de los derechos de las minorías, incentiva apostar por las ideas más populares y, por definición, en detrimento de las minorías. Desde esta perspectiva, la idea misma de campañas judiciales carece de sentido. Las propuestas de campaña son un cúmulo de lugares comunes, pues la labor judicial no consiste en diseñar políticas públicas, sino en estudiar casos concretos, contextualizarlos y proteger los derechos de las personas involucradas. Nada que pueda realmente identificarse en una campaña. Así, los incentivos orillan a generar campañas que apelan a que la ciudadanía memorice nombres, números y colores. Esto en el mejor de los casos.

Aunado a esto, hay también problemas con las reglas que materializan estas malas ideas. Un ejemplo de ello son las restricciones sobre el gasto de campaña. Estas restricciones sólo generan fuertes incentivos para que los distintos grupos de poder (partidos, intereses económicos, delincuencia organizada, etc.) participen por debajo del agua, proveyendo recursos para beneficiar a las candidaturas que más adelante responderán a sus peticiones e intereses. Esto no sólo provoca la captura del Poder Judicial por parte de estos grupos, sino que profundiza las inmensas desigualdades y produce una cancha sumamente dispareja para cualquier persona que desee participar en el proceso sin el apoyo de alguno de estos grupos.

Pero los problemas no se quedan ahí. Las reglas para traducir los votos de la ciudadanía en cargos judiciales (es decir, el sistema electoral judicial) son un absoluto desastre, particularmente en lo que respecta a las magistraturas de circuito y las y los jueces de distrito. Destaco tres problemas concretos que encuentro en la elección de magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito.

1. La distribución geográfica de los cargos

Mientras la elección de los poderes ejecutivo y legislativo sigue una lógica geográfica de origen donde elegimos a quienes nos representan geográficamente (país, entidad o distrito electoral), la labor judicial no opera bajo la misma lógica. Si bien los circuitos judiciales sí corresponden con las entidades federativas, la consideración que mete en problemas al sistema electoral judicial es la materia o especialidad. Las personas juzgadoras que ocupan estos cargos no resuelven cualquier caso, sino que resuelven aquellos casos que corresponden a la materia en la que se especializan. El problema es que las especialidades no se distribuyen de manera equitativa o proporcional a la población a lo largo y ancho del país. La centralización administrativa ha provocado que las ciudades grandes y muy particularmente la Ciudad de México, concentren una cantidad desproporcionada de cargos y especialidades.

Para hacer frente a este reto, el INE subdividió en varios distritos electorales judiciales a aquellas entidades con una mayor cantidad de cargos a elegir para que ningún distrito concentre la elección de más de 10 cargos de magistraturas o jueces. El problema es que se tomó la totalidad de los cargos a elegir y se repartió aleatoriamente entre estos distritos electorales judiciales, procurando que todas las personas elijan al menos un cargo de materia penal, pero repartiendo arbitrariamente el resto de las especialidades. ¹ Esta es la razón por la cual no es ni siquiera la ciudadanía de la Ciudad de México, sino específicamente la de Iztapalapa, quien elegirá, por ejemplo, a las personas que ocuparán los cargos de la especialidad de competencia económica. Una especialidad que podría, potencialmente, afectar los grandes intereses económicos presentes en todo el país, en manos de unas cuantas personas en Iztapalapa. Este es uno de los problemas de fondo a los que difícilmente se les podrá dar la vuelta y uno de los muchos ejemplos de por qué llevar a cabo elecciones judiciales es una mala idea.

2. Doble votación por cargo

Mientras la elección de la Suprema Corte es directa -le piden a la ciudadanía un voto por cada cargo-, para elegir las magistraturas y jueces se le solicita a la ciudadanía dos votos por cada cargo, lo cual genera inmensas distorsiones e inequidades en la contienda. Me explico. En la Corte queda claro: tendremos 9 personas, 5 ministras y 4 ministros. Así, la ciudadanía debe seleccionar a 5 mujeres de entre las 32 candidatas y a 4 hombres de entre los 31 candidatos. Las 5 mujeres y los 4 hombres con la mayor cantidad de votos conformarán la Corte. Sin embargo, para las magistraturas de circuito y las y los jueces de distrito no hay claridad en absoluto. Tan es así, que el Consejo General del INE aprobó estas boletas un mes más tarde, tras una mayor -aunque claramente insuficiente- discusión.

En este caso, la falta de claridad proviene de un muy torpe intento por ajustarse a las reglas de paridad en la elección. En lugar de pedir a la ciudadanía que elija a una persona por cada cargo y ya a la hora de repartir los cargos aplicar las reglas de paridad, se determinó que cada persona elija a dos candidaturas por cargo: una mujer y un hombre. El problema es que en muchos casos, ² hay un número disparejo de hombres y mujeres candidatas por cargo, lo cual provoca enormes distorsiones en la contienda. Presento un ejemplo hipotético para ilustrar por qué. Imaginemos que en un distrito electoral judicial se elegirá a una persona para ejercer una magistratura en materia mercantil. Sin embargo, hay cuatro personas candidatas para ejercer este cargo: 3 mujeres y 1 hombre. En lugar de pedir a la ciudadanía correspondiente a este distrito que elija a una de las 4 personas, se le pide que vote por una mujer (a elegir entre las 3 posibles) y por un hombre (como sólo es uno, la única opción disponible es votar por él). En este escenario tenemos la certeza de que la persona con la mayor cantidad de votos para ocupar este cargo es el candidato hombre, con el 100 % de los votos. Mientras que las mujeres recibirán, necesariamente, una cantidad menor de votos por simple lógica aritmética. Así, antes incluso de llevar a cabo la elección, hay personas candidatas que ya perdieron. A diferencia del problema anterior, que resulta mucho más difícil de resolver, esto sí es algo que el INE debió haber previsto y evitado.

3. Lista de especialidades no depurada

Por último, presento un problema que, aunado al anterior, tendrá efectos sumamente perniciosos sobre la contienda: el listado de especialidades. En lugar de definir un listado acotado de especialidades para quedar en alrededor de 8, el Senado envió el listado sin depurar con 23 rubros. ³ Por ejemplo, “civil y de trabajo”, “civil y del trabajo” y “civil y trabajo” son consideradas como tres especialidades distintas.  El problema es que el INE utilizó este listado para el reparto de cargos y especialidades. Este podría parecer un error menor, pero no lo es. Más allá de la confusión que puede causar entre la ciudadanía, el problema más grave es que empeora considerablemente el problema mencionado anteriormente. Si las personas se clasifican según su especialidad y se consideran 23 especialidades, habrá una mucho menor cantidad de candidaturas por especialidad que si hubiera sólo 8. Un listado depurado reduciría considerablemente la falta de candidaturas por especialidad que provoca las distorsiones ya mencionadas. Aquí no queda claro a qué autoridad le correspondería la depuración del listado de especialidades, pero lo que es un hecho es que esto provocará una enorme incertidumbre post electoral y una avalancha de impugnaciones que seguramente terminarán siendo resueltas por un tribunal electoral capturado.

¿Qué sigue?

En la misma línea de mi texto anterior, insisto en la importancia de hacer uso de todas las herramientas de resistencia a nuestro alcance. En ese sentido, invitaría a cualquier persona afectada por estos y otros problemas a presentar su impugnación y procurar hacerlo de la manera más rigurosa posible. No porque crea que el tribunal electoral por fin hará su trabajo, sino porque considero importante, cuando menos, dejar constancia de las irregularidades y elementos que permitan orientar la inevitable reforma electoral que vendrá tras la elección.

Concluyo reconociendo con tristeza que me cuesta trabajo vislumbrar un escenario en donde nuestras instituciones electorales salgan bien libradas de este desastre. Desde hace un buen tiempo, el INE ya no es lo que llegó a ser en sus mejores momentos. En particular, el Consejo General actual nos ha quedado mucho a deber. El tribunal electoral es una nulidad. La necesidad de una reforma electoral es innegable. La pregunta es quién estará ahí para propiciar un debate profundo y necesario sobre la democracia que queremos. Quién va a dar la pelea por diseñar reglas que verdaderamente nos conduzcan por la dirección deseada. Hoy no tengo una respuesta.

* Nuria Valenzuela Márquez (@nuriav) estudió Economía y Ciencia Política en el ITAM y actualmente cursa el doctorado en Análisis Experimental del Comportamiento Social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es analista, consultora y cofundadora de Crucigrama.

 

 

¹ Todas estas reglas pueden encontrarse en el Procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos para elegir en cada distrito judicial electoral, según materia o especialidad, publicado por el INE en febrero de 2025.

² De acuerdo con el informe Resultados anticipados de la elección judicial, 77.5 % de las boletas tienen algún problema grave de equidad en la competencia electoral.

³ El listado puede consultarse en el Anexo del Procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos para elegir en cada distrito judicial electoral, según materia o especialidad, publicado por el INE en febrero de 2025.