Redacción Animal Político · 8 de abril de 2025
Las cárceles mexicanas enfrentan una crisis humanitaria que se traduce en condiciones inhumanas para miles de personas privadas de la libertad. Informes recientes revelan situaciones alarmantes: hacinamiento extremo, violencia sistemática, deficiente atención médica y alimentación insuficiente. Estas condiciones vulneran derechos humanos y configuran escenarios propicios para la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que estados como Tabasco presentan las peores evaluaciones, con un promedio estatal de 4.94 en una escala de 10. Particularmente, el Centro de Reinserción Social de Comalcalco obtuvo una calificación de 4.23, evidenciando la gravedad de la situación.
Frente a esta realidad, sorprende la aparente inacción de organismos clave como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la propia CNDH. Desde su creación en 2007 dentro de la CNDH, el Mecanismo ha sido el órgano responsable de supervisar de manera permanente y sistemática los lugares de privación de la libertad para prevenir la tortura. Su carácter especializado e independiente, consolidado en 2017 con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, reforzó su mandato de vigilancia y prevención. Sin embargo, su actividad reciente ha sido limitada y poco transparente: el último informe de supervisión data de 2023, lo que genera dudas sobre su eficacia y compromiso actual.
Esta omisión institucional no es neutral. Al no actuar, estas entidades contribuyen a la perpetuación de prácticas violatorias de derechos humanos, lo que podría interpretarse como una falta de cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia. La falta de supervisión y denuncia activa permite que las condiciones deplorables en los centros penitenciarios persistan sin consecuencias ni mejoras significativas.
Para revertir la crisis penitenciaria que atraviesa el país, resulta urgente repensar y fortalecer el papel del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de la CNDH, cuyas omisiones institucionales han sido alarmantes.
La primera acción ineludible es la reactivación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Su parálisis actual refleja una descomposición interna y profundiza la normalización de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en los centros de reinserción social. No se trata únicamente de que el mecanismo funcione, sino de que opere de manera estratégica, con independencia técnica, enfoque territorial y priorizando aquellos centros penitenciarios con mayores indicadores de violencia, hacinamiento y abandono institucional. La elaboración periódica de informes actualizados, con hallazgos contundentes y propuestas específicas, no puede seguir siendo una excepción: debe convertirse en una práctica permanente, que permita exigir rendición de cuentas a las autoridades responsables.
En este mismo sentido, las recomendaciones de la CNDH han sido, en demasiadas ocasiones, genéricas, tibias y carentes de exigibilidad. En contextos donde la tortura es estructural y las condiciones carcelarias rayan en lo inhumano, la prudencia institucional se vuelve cómplice. Por ello, es indispensable que las recomendaciones sean mucho más técnicas, claras y firmes, incluyendo medidas de reparación integral, garantías de no repetición, acciones de memoria, y obligaciones específicas para las instituciones penitenciarias. Pero también es urgente establecer mecanismos de seguimiento efectivos que no dependan de la voluntad política de los gobiernos, sino que tengan consecuencias jurídicas y públicas frente al incumplimiento.
Además, no puede pensarse en una política seria de protección de derechos humanos en prisión sin la participación activa y formal de las organizaciones de la sociedad civil. Excluirlas de las visitas, diagnósticos y propuestas de mejora es una torpeza y una muestra del desdén institucional por el conocimiento y la experiencia acumulada de quienes han acompañado, documentado y defendido a las personas privadas de libertad por décadas. La vinculación con estas organizaciones debe institucionalizarse y reconocerse como una condición necesaria para garantizar una supervisión democrática, real, cercana y efectiva de los centros penitenciarios.
Otro de los principales retos institucionales es la reactivación del Comité Técnico del Mecanismo, el cual dejó de sesionar desde el 27 de enero de 2022, cuando se llevó a cabo su última sesión ordinaria. En esa reunión, se presentaron los informes de supervisión correspondientes a 2021, sin que desde entonces haya retomado sus funciones. De acuerdo con su propio reglamento, este comité es una pieza fundamental en la estructura del Mecanismo, ya que su labor es crucial para delinear, aprobar y revisar las acciones que el Mecanismo implementa para la prevención de la tortura en México.
Ligado al punto anterior, también es impostergable reformar el reglamento interno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La estructura actual no garantiza su independencia ni su eficacia. El Mecanismo requiere mayor autonomía operativa, recursos suficientes, transparencia en sus procedimientos y, sobre todo, la capacidad legal de emitir recomendaciones con efectos vinculantes. No puede seguir operando como un mecanismo simbólico sin dientes, incapaz de modificar realidades que atentan contra la dignidad humana.
Tanto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como la CNDH deben reconocer y visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentan las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario. Es necesario que elaboren informes anuales específicos sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad, de la población LGBTIQ+, de los pueblos originarios y de las personas con discapacidad, incorporando un enfoque interseccional que permita entender la profundidad de las desigualdades y discriminaciones que se experimentan al interior de las cárceles.
La omisión institucional ante estas realidades no puede seguir interpretándose como simple negligencia administrativa. En contextos donde las condiciones de reclusión constituyen por sí mismas formas de castigo cruel, la falta de acción por parte del MNPT y la CNDH equivale a una forma de tortura por omisión. Al desentenderse de su responsabilidad de documentar, denunciar y transformar las condiciones de vida en prisión, ambas instituciones no solo renuncian a su mandato, sino que también convalidan la continuidad de las violaciones a derechos humanos como parte del funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario.
La crisis en las cárceles mexicanas exige una respuesta inmediata y coordinada. La inacción de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos no solo las deslegitima, sino que las convierte en cómplices silenciosos de las violaciones de derechos humanos que ocurren diariamente en los centros penitenciarios. Es imperativo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la CNDH asuman con responsabilidad y debida diligencia su papel, implementando acciones concretas que transformen la realidad de las personas privadas de la libertad en México. Mientras sigan ignorando las voces de quienes están privados de la libertad, la tortura continuará siendo una práctica institucional tolerada y legitimada por el silencio.
*José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y Representante del Sector de Personas Privadas de la Libertad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado de México.