Complejidades organizativas de las elecciones judiciales
Redacción Animal Político · 6 de noviembre de 2024
En días pasados la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el INE no puede detener ni mucho menos suspender las actividades para organizar la elección de las personas que integrarán los diversos órganos colegiados y las distintas instancias unipersonales del Poder Judicial de la Federación. 1
A partir de dicha resolución jurisdiccional, la autoridad electoral podrá retomar los trabajados para llevar a cabo los comicios judiciales, sin importar la existencia de suspensiones provenientes de múltiples Juzgados de Distrito, lo que indudablemente podría desencadenar un nuevo conflicto político y judicial.
En las siguientes líneas se analiza el presupuesto, las boletas, la emisión del voto, el escrutinio y cómputo y los cómputos distritales como elementos organizativos que pondrán a prueba la experiencia, la cohesión, la dirección, la conducción, la independencia, la objetividad y la legalidad del INE.
Dinero… mucho dinero
La autoridad electoral determinó que las elecciones judiciales tendrían un costo de 13 mil millones de pesos, 2 cifra que supera en 43.48 % el gasto de los pasados comicios federales que tuvieron un valor de 9.2 mil millones de pesos.
Se podría concebir que el costo de los comicios jurisdiccionales debería tener un costo menor a las elecciones pasadas, ya que no se implementarían los conteos rápidos, los resultados electorales preliminares, la representación de partidos políticos, el voto en el extranjero, el voto en prisión ni voto adelantado.
Sin embargo, el aumento de los recursos públicos obedece al incremento en el número de cargos a elegir, votantes, casillas, funcionariado electoral, 3 boletas, actas, urnas, canceles y paquetes electorales, entre otros (ver tabla 1).
El dispendio de los recursos públicos para convocar constantemente a las urnas a la ciudadanía contrasta con la política de austeridad impulsada por el gobierno federal y MORENA. Entre la consulta popular, la revocación de mandato y las elecciones judiciales se habrán gastado 16.4 mil millones de pesos.
Además, en los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró su descontento con el presupuesto solicitado por el INE, lo que avecina una desavenencia entre la autoridad electoral y el gobierno federal. Este posible conflicto podría resultar en unas elecciones judiciales mermadas por recortes presupuestales. No sería algo nuevo, nuestra sociedad ya lo experimentó en la consulta popular y en la revocación de mandato.
Boletas y más boletas
La reforma judicial establece que por cada tipo de elección se empleará una única boleta, 4 lo que implicaría que en los comicios jurisdiccionales la ciudadanía reciba alrededor de 16 boletas para emitir su sufragio (ver tabla 2).
El uso de 16 boletas puede generar confusión y errores en la emisión del sufragio, ya que implica el manejo simultáneo de múltiples boletas, lo que podría fomentar la emisión de votos irreflexivos, votos en blanco y/o votos nulos involuntarios. Asimismo, es factible que se multipliquen los yerros en el depósito de las boletas en las urnas, lo que incrementaría el tiempo para realizar el escrutinio y el cómputo de los votos, así como el llenado de las actas.
La reforma judicial determinó que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial podrán postular hasta tres candidaturas por cargo en las elecciones de ministros de la SCJN, de magistrados del TEPJF y de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y hasta dos candidaturas por cargo para los comicios de magistrados de Circuito y juzgadores de Distrito. 5 Además, tendrán pase automático aquellas personas juzgadoras en funciones que decidan postularse. 6 Lo anterior tendría como consecuencia que en cada boleta se incluyan a decenas de candidatos que estarían divididos en cuatros listas.
Para ilustrar este punto se es necesario analizar el caso hipotético. En la Ciudad de México se elegirán 188 cargos mediante 16 elecciones. Para calcular el número máximo de candidaturas se toman las 3 propuestas que cada poder estatal puede realizar más la participación de los juzgadores en funciones. Mientras el número mínimo se conformaría por 1 propuesta de cada poder estatal con la exclusión de los juzgadores en funciones (ver tabla 3).
Como se puede apreciar, en un escenario límite, la ciudadanía tendría que votar por 188 candidaturas entre un universo de 1,880 aspirantes. Situación que contrasta con las elecciones pasadas, donde en la boleta presidencial se incluyeron 3 aspirantes para elegir, o bien, con las candidaturas contenidas en algunas boletas de diputaciones en donde se presentaron 5 aspirantes.
La confluencia de la injerencia del número de boletas y de las cifras de candidaturas generaría un aumento en el tiempo que utiliza el elector para la emisión de su voto, que podría pasar de 3 minutos a 12 minutos, ya que la ciudadanía no sólo tendría que emitir su voto en 16 boletas, sino que tendría que localizar y seleccionar a sus candidaturas predilectas entre decenas de aspirantes.
Por último, el diseño de las boletas produciría un contexto de inequidad, ya que las candidaturas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo podrían ser identificables fácilmente por la ciudadanía como propuestas de MORENA y el gobierno federal, lo que sólo dejaría las candidaturas del Poder Judicial como alternativas al oficialismo. En otras palabras, el modelo de boleta diseñado por la reforma judicial permite que el partido hegemónico y la presidencia participen directamente en los comicios.
La locura del voto
El modelo de votación en las elecciones judiciales cambiaría drásticamente, dado que la ciudadanía no tendría a la vista los logos de los partidos políticos para emitir su voto. Lamentablemente, las personas en nuestro país sufragan, generalmente, por partidos políticos en lugar de candidaturas.
Ahora bien, para emitir su voto la ciudadanía tendría que leer, localizar y marcar el nombre de la candidatura de su elección. Indudablemente este proceso no sería sencillo, ya que los electores deberán de ubicar, entre cuatro listas y decenas de propuestas, a su aspirante predilecto, para posteriormente marcar su recuadro. Este complejo proceso lo tendrían que replicar 16 veces.
Por si no fuera suficiente, la reforma judicial determinó que la ciudadanía podría votar en una misma boleta por varias candidaturas, 7 acción que sería novedosa para los electores, ya que en los comicios presidenciales y legislativos sólo se tiene permitido votar por una candidatura, porque al sufragar por dos aspirantes distintos el voto es nulo.
El INE tendría que realizar una labor pedagógica para informar sobre el número de votos que podrían emitir los sufragantes en cada boleta y tendría que incorporar esta información en las instrucciones contendidas en las boletas. Además, la autoridad electoral tendría que emitir reglas claras sobre la validez de los votos.
La reforma judicial permite que una persona pueda ser postulada en un mismo cargo por los 3 poderes estatales, 8 lo que generaría confusión en los votantes, ya que podrían marcar tres veces el recuadro de dicha candidatura, pero el voto sólo contaría una vez, de lo contrario se generaría una distorsión del principio democrático de una persona un voto.
El estoico escrutinio y cómputo
Los cambios en la boleta y en el modelo de votación tendrán un impacto directo en el escrutinio y cómputo en la casilla, dado que implicarán una mayor carga de trabajo, un aumento en el costo, un alza en los errores, una fatiga en el funcionariado y un incremento del tiempo de ejecución.
Al considerar una participación promedio del 62 %, 9 que equivale a 458 personas, el funcionario de casilla tendría que clasificar y sumar más de 7 mil votos emitidos en las 16 elecciones, cantidad infinitamente superior al número de sufragios que se emitieron en las elecciones pasadas, la cual ascendió a 1.3 mil votos.
En cuanto a la temporalidad, durante las elecciones presidenciales y legislativas los procedimientos de clasificación, conteo y llenado de actas tienen una duración promedio de 1 hora con 30 minutos, por ende, duran 4 horas con 30 minutos. En contraste, si toma en cuenta que se implementarían estos procedimientos a 16 elecciones se tendría una duración de 24 horas.
Tal vez se podría pensar que incrementar el número de funcionarios sería la solución para reducir la duración del escrutinio y cómputo, pero se requerirían como mínimo 1 presidente, 3 secretarios y 6 escrutadores, 10 personas en total, y realizar simultáneamente los procedimientos para concluir en un tiempo promedio de 6 horas y con 30 minutos, pero esto generaría otro problema para el INE.
El dilema consiste en conseguir más de 2.2 millones de personas para desempeñarse como funcionarios de casilla bajo un contexto de alta polarización política y desaprobación de la reforma judicial. Asimismo, el INE requiere de 9 meses para integrar las casillas, tiempo que ya no tendrá, así como reforzar el trabajo de campo de supervisores y capacitadores, lo que implicaría aumentar el costo de la elección judicial.
Al realizar el escrutinio y computo de 16 elecciones bajo una nueva modalidad del sufragio, aunado al cansancio y hartazgo en los funcionarios de casilla, podría generar errores en la validez de los votos, en el llenado de las actas y en la suma de los sufragios, procedimientos que son complejos y que generalmente contienen errores que son corregidos en los cómputos distritales.
Los enigmas de los cómputos distritales
La reforma judicial no contempla la realización de los conteos rápidos ni de los programas de resultados electorales preliminares. En su lugar determinó que los cómputos distritales comiencen al concluir la jornada electoral. Es una buena idea, pero el alto número de elecciones a computar eclipsa sus beneficios y ventajas, ya que existiría desinformación sobre los resultados, dado que en algunos cargos no se conocerá a los ganadores hasta después de varios días.
Además, la reforma judicial no estableció el recuento parcial y total de los votos, lo que deja en incertidumbre a las candidaturas y la sociedad, ya que podrían aplicar las reglas de las elecciones presidenciales y legislativas, o bien, el INE podría emitir nuevas normas para regular este procedimiento.
Por el alto número de elecciones a computar, los consejos distritales tendrían que aumentar el número de grupos de trabajo al máximo (32 conjuntos simultáneos) desde un inicio, lo que implicará buscar nuevas sedes, incrementar el número de funcionarios y aumentar el número de insumos, lo que generaría un incremento de los costos de los cómputos distritales. No obstante, estos recursos materiales podrían no ser utilizados, pero ya estarían erogados para prevenir un escenario de máxima complejidad.
También se debe considerar que las bodegas de los consejos distritales no fueron diseñadas ni equipadas para recibir la documentación y los materiales electorales de 16 elecciones, lo que podría generar una erogación de más recursos públicos para acondicionar las bodegas y en algunas sedes distritales se necesitaría contratar inmuebles para resguardar los paquetes electorales.
Por último, en las elecciones presidenciales y legislativas se requiere de 4 días para realizar los cómputos distritales. Habrá que decir que es un proceso ininterrumpido que ha llevado al límite al funcionariado de los consejos distritales. En consecuencia, se podría considerar que la sumatoria oficial de los votos en las elecciones judiciales podrían durar como mínimo 8 días derivado de la confluencia de los 16 comicios, pero este tiempo sería un lapso inhumano para el funcionariado, ya que no tendrían descanso.
En el mejor de los casos, los cómputos distritales deberían tener una duración 16 días, pero es un ideal impracticable, ya que la incertidumbre y la desinformación sobre los resultados de las elecciones se intensificaría día tras día, lo que podría producir un contexto adverso para la autoridad electoral y para la ciudadanía.
Aún hay más…
Aunque el INE tuvo varias semanas para hallar soluciones y respuestas a los problemas organizacionales que se derivan de un inédito ejercicio de integración de la voluntad popular, aún no es evidente la ruta que implementará para llevar a buen puerto los comicios jurisdiccionales.
A la vista se vislumbran diversas tempestades que tienen el potencial de hacer zozobrar la equidad, la certeza y la integridad de los resultados de los comicios judiciales y, en consecuencia, se podrían generar escenarios que debiliten o quebranten la frágil y maltrecha democracia de nuestro país.
* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.
1 SUP-AG-209/2024
3 Incluye Supervisores Electorales, Capacitadores Asistentes Electorales y funcionarios de casilla.
4 Artículo 514 numeral 1.
5 Artículo 96 de la CPEUM y 500 de la LEGIPE.
6 Artículo 96 de la CPEUM y 501 de la LEGIPE.
7 Artículo 529 numeral primero de la LEGIPE.
8 Artículo 500 de la LEGIPE.
9 Se toma en consideración la participación electoral de las elecciones presidenciales de 2000 a 2024.