Austeridad: coartada autoritaria

La iniciativa para empatar la revocación de mandato con las elecciones legislativas federales del 2027 es un despropósito con tres componentes inquietantes. El primero es la desvergüenza: la revocación de mandato, siendo de suyo un instrumento polémico de la democracia directa, tiene como una de sus premisas básicas que la consulta a la ciudadanía se hace sin contaminarse con otras decisiones.

Empatar esa consulta con la votación partidaria para integrar a la nueva cámara de diputados y además con la elección de jueces y magistrados, termina por desnaturalizar esa figura de democracia directa. Pero más allá de la distorsión, es evidente que el efecto que generará será acrecentar la inequidad en la contienda, dada la presumible y necesaria participación de la titular del ejecutivo desde sus conferencias y actos públicos. Es seguir dinamitando el piso parejo.

Una segunda reflexión tiene que ver con la ignorancia profunda que denota la iniciativa sobre cómo funciona el sistema electoral, al insistir en que la jornada electiva de jueces y legisladores se lleve a cabo el mismo día. Entre las muchas lecciones que arrojó la reciente elección del poder judicial, una fue la incompatibilidad de hacer funcionar de manera adecuada las mesas directivas de casilla y los consejos distritales concurriendo en ambas elecciones. Son dos reglas, dos integraciones y un mismo espacio físico. Una locura.

Ello se pudo constatar en Veracruz y Durango. Insistir en colapsar dos de los puntos centrales en que descansa la credibilidad de la jornada electoral (las mesas directivas y los consejos distritales) es seguir apostando por el desmantelamiento de la confianza comicial.

Y un tercer componente difícil de eludir es la demagogia. Se nos dice que un propósito de la iniciativa es ahorrar 5,000 millones de pesos (no sé cómo arribaron a esa cifra, pero dudo de su cercanía con la realidad). Si revisamos el presupuesto recientemente aprobado, constatamos la cantidad de recursos que siguen consumiendo proyectos faraónicos de escasa utilidad social, la cada vez mayor transferencia de dinero a las personas en lo singular, sin abonar al desarrollo del país y reduciendo cada vez más las partidas destinadas a políticas públicas, como por ejemplo, las orientadas a los programas de apoyo al campo que se han ido diluyendo hasta quedar como simples transferencias económicas individualizadas, por no hablar de lo que representa como merma el huachicol fiscal.

En ese contexto, vender como logro o propósito noble el improbable ahorro de 5,000 millones de pesos suena, por lo menos a burla. Confirma, acaso como nunca, que la austeridad en este gobierno siempre ha sido una coartada autoritaria.