Redacción Animal Político · 27 de julio de 2023
La Suprema Corte ordenó este jueves suspender por ahora la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca aprobado el sábado pasado por el Congreso local y que disolvía el Tribunal de Justicia Administrativa.
Esto, luego que la Corte admitió una controversia constitucional contra el decreto que disolvía el Tribunal de Justicia Administrativa y creaba uno nuevo propuesto por el gobernador morenista Salomón Jara.
“Se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita”, explicó la Corte en un comunicado.

El sábado 22 de julio pasado, con 33 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma constitucional, con la que el Tribunal de Justicia Administrativa local se convertirá en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y todos los magistrados y magistradas serán destituidos.
Al respecto, la Corte frenó las destituciones y ordenó que las magistradas y magistrados continúen en sus cargos y no sean sustituidos.
Además, que no se dé curso a la indemnización que ordena del decreto y no se interrumpa el pago de sus ingresos.
El decreto también indica que el gobernador Salomón Jara hiciera los nombramientos de los nuevos funcionarios judiciales, acción que ya sucedió y tomaron cargo, pero la Corte ordena que esto no tenga efectos.
“Esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado” agregó la Corte.
Mientras tanto, la Corte analizará si la reforma aprobada por el Congreso de Oaxaca siguió el procedimiento que dicta la Constitución y si el decreto cumple también los principios de la Carta Magna.