Sandra fue arrastrada por un automovilista; exige que conductor pague la silla de ruedas que le dañó
Redacción Animal Político · 20 de enero de 2026
Sandra Argüello, quien utiliza silla de ruedas, fue arrastrada el pasado viernes 9 de enero por un automovilista que circulaba en sentido contrario, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Indignada, contó que “el señor no se detuvo aun cuando yo empecé a golpear su ventana y a gritar”.
En entrevista, Sandra señaló que su pareja y vecinos de la colonia lograron detenerlo, y presionaron a un policía para que fueran trasladados al Ministerio Público (MP). Sin embargo, debido a que un médico legista determinó que no sufrió lesiones graves, el conductor Roberto “N” pudo irse, “aunque dañó mi silla dejándola inservible, pero no lo hicieron pagar nada”.
La odisea de Sandra para poner una denuncia
Sandra tiene 48 años, de los cuales ha pasado 35 utilizando una silla de ruedas a causa de una lesión en la médula. Junto con su pareja, se dedica a la venta de dulces en la Escuela de idiomas del Casco de Santo Tomás, un trabajo que le permite solventar sus gastos y estar en compañía de su cuidador.
La noche en que ocurrió el incidente vial se encontraba de camino a encontrarse con una prima que tiene un negocio cerca. Sin embargo, en el cruce de las calles Tlaloc y Xolotl, colonia Tlaxpana, el automóvil dio vuelta en sentido contrario, lo que provocó que se rompiera su silla de ruedas.
“No venía rápido, el punto fue que hizo contacto su automóvil con la silla de ruedas y se enganchó. Yo le pegué al carro para hacerle notar lo que pasó y le grité que estaba atorada, pero en vez de detenerse siguió avanzando varios metros conmigo atorada, hasta que mi pareja y un muchacho que iba pasando lograron jalarme”, narró Sandra.
De acuerdo con la mujer, en cuanto llegó un policía al sitio intentó disuadirla de emprender acciones en contra del conductor del automóvil, quien a través del oficial le hizo saber que estaba dispuesto a pagar por los gastos médicos, a lo que ella respondió que el gasto fuerte que tendría sería su silla de ruedas, “porque es especial, activa, de uso continuo y uso urbano, y esas son caras”.
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Por insistencia de Sandra, el asunto se llevó ante la Agencia del Ministerio Público MH-5, donde continuaron las dificultades de acceso a la justicia para la afectada, ya que el ingreso al edificio requiere subir varios escalones y el elevador para personas con discapacidad estaba fuera de servicio, por lo que la tuvieron que cargar. Tras 13 horas de espera, tomaron su declaración y le dieron un pase para ser evaluada en un hospital.
El sábado, después de ir a su domicilio para descansar un rato, Sandra tuvo que dedicar otras 14 horas al trámite del certificado de sus lesiones, para que en el Ministerio Público le dijeran que no había delito qué perseguir.
“Yo reclamé que se hiciera un peritaje a mi silla, porque estoy segura de que fue lo que me salvó la vida, y que gracias a las llantas de fibra de carbono resistió el arrastre, porque me pudo matar. Entonces la MP me preguntó cuánto costaba la silla, y con un estimado del precio de venta que aparece en internet le dije que como 50 mil pesos, ante lo cual se rió y comentó que no podía costar eso“, detalló.
“No tenemos acceso a nada, ni a la justicia”, lamentó Sandra
Con apoyo de amigos y familiares, Sandra pudo comprar una silla de ruedas nueva, aunque esta no es a su medida ni cuenta con las particularidades de la que había ocupado por ocho años, lo que le ha provocado molestias e irritaciones en la piel.
Decepcionada, expresó que las personas con discapacidad “seguimos siendo invisibles. En el discurso suena muy bonito cuando hablan de accesibilidad e inclusión, pero en realidad eso no existe, porque por ejemplo, yo vivo a tres calles del metro y la Fiscalía está a pocas estaciones de distancia, pero el problema es que en ninguna hay elevadores, por lo que debo tomar taxi forzosamente para ir y eso me obliga a gastar dinero que no tengo”.
A esto se suma el que “no tienen tantita empatía, porque en ningún lado tenemos acceso para absolutamente nada, ni para la justicia, porque aún cuando vieron que uso silla de ruedas y que el elevador está fuera de servicio en el MP no nos dieron apoyo para subir, y eso es algo que me ha pasado en todos lados”.
“El señor que iba manejando está en su casa, viviendo como si nada, y yo me quedé sin la silla que lleva conmigo ocho años, a la que estoy adaptada. Y para las autoridades es sólo un objeto, pero para las personas con discapacidad es parte de nuestro cuerpo porque no podemos vivir sin ella, es como si te rompieran la pierna, pero ellos no lo toman así”, subrayó.
Debido al trato que recibió del personal del Ministerio Público, Sandra interpuso una queja en asuntos internos y buscó la asesoría legal de un abogado del Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad), quien la apoyará para buscar la reparación por el daño que sufrió su silla de ruedas.
También recibió el ofrecimiento de apoyo de una asociación civil que le dijo que podrían prestarle una silla de ruedas activa, como la que se dañó, en tanto que logra reparar la suya o contar con una nueva. Sandra se dijo agradecida, pero molesta porque aunado a lo ocurrido con su aparato de apoyo para la movilidad, perdió los ingresos de toda una semana de trabajo por todos los trámites derivados del percance.