Alfonsina Avila | ZonaFranca · 28 de octubre de 2025
El presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez Martínez, alertó sobre casos en estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas han sido obligados a vender vapeadores dentro de planteles de Guanajuato, principalmente en los municipios de Salvatierra, Celaya y Salamanca.
La organización advirtió que este fenómeno refleja una creciente vulnerabilidad de los entornos escolares frente al reclutamiento y la presión de grupos delictivos.

“Documentamos ocho casos en los que niños fueron amenazados para que vendieran vapeadores dentro de las secundarias. Los padres, al enterarse, prefirieron no llevarlos a la escuela o cambiarlos de plantel por miedo”, declaró.
Aunque los hechos fueron aislados, señaló que reflejan un patrón preocupante que empieza a replicarse en distintas zonas del país.
El líder de la UNPF explicó que la falta de coordinación entre autoridades educativas, de seguridad y las comunidades escolares ha dejado a los planteles rebasados por un problema que ocurre fuera, pero los afecta directamente.
También, advirtió que este tipo de prácticas pueden ser el primer paso hacia el consumo o distribución de drogas entre estudiantes, pero también que personas en los planteles obliguen a los estudiantes.
“Primero los obligan a vender cigarros electrónicos, luego pueden ser pastillas, marihuana o cocaína. Es la puerta de entrada a la delincuencia organizada”.
Sánchez Martínez afirmó que la ausencia de acciones preventivas y la inoperancia de los consejos de participación escolar agravan la situación, dejando a los menores expuestos.
“Las autoridades llegan cuando ya hay violencia, pero no la prevén. Es urgente que trabajen juntas con los padres y maestros para evitar que los niños sean captados por estos grupos”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de Guanajuato para atender las denuncias de los padres y reforzar la vigilancia en las inmediaciones de las escuelas.
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“No todo es reaccionar, se tiene que prevenir. Si el Estado no interviene a tiempo, el riesgo para los menores va a aumentar”, concluyó.