Se debe modificar delito de ciberasedio para que funcionarios no censuren, dice gobernador de Puebla

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aceptó que se debe modificar el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual tipifica el delito de ciberasedio, para que los servidores públicos queden “exentos” de los beneficios de esta ley y no puedan censurar críticas o comentarios en su contra en redes sociales, esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado para “clarificar” la redacción del del documento.

“Debe quedar exento del beneficio de esta ley los servidores públicos, no tenemos ningún interés, no hay censura y se pueden expresar libremente (…) no hay razón por la cual se deba vincular la Ley de Ciberseguridad con otro tipo de limitaciones a las libertades de expresión”, señaló.

El mandatario dijo que su gobierno es “totalmente respetuoso” y que toma en cuenta lo dicho por la presidenta, además señaló que una vez que concluyan los foros realizados por el Congreso local, los legisladores “seguro lo van a considerar” y podrán hacer una revisión y nueva redacción del artículo sobre ciberasedio.

De igual manera, Armenta respaldó los dichos de Sheinbaum quien señaló que el asunto de la censura es el “nuevo tema” de crítica hacia su administración y gobiernos estatales encabezados por Morena.

“Lo importante es que nadie se ponga el saco. Estamos hablando de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación, entonces tengan mucho cuidado de no ponerse el saco”, dijo el gobernador poblano.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, diputada morenista y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, señaló que la reforma debe garantizar la libertad de expresión y que los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio público.

La legisladora dijo que la modificación al artículo 480 debe enfocarse en “un acceso a la justicia, a los grupos vulnerables y a los ciudadanos”, pero que debe quedar claro “que no es para proteger a ningún funcionario público, que tenemos una responsabilidad de dar resultados”.

También señaló que le corresponde al Congreso y no al gobierno del estado hacer la revisión, esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera un llamado a la administración estatal a reexaminar la ley.

“El texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público”, dice el pronunciamiento de la CNDH.