Universidades y empresarios de Puebla exigen justicia por víctimas de ataque en bar de Angelópolis

Universidades de Puebla y el sector empresarial del estado alzaron la voz para condenar y exigir justicia por los hechos violentos ocurridos la madrugada del sábado 14 de febrero en un bar de la zona de Angelópolis, conocido como “Sala de Despecho”, donde una balacera dejó un saldo de tres jóvenes muertos y cuatro personas heridas.

Mediante comunicados, las instituciones educativas confirmaron la identidad de dos de las víctimas, quienes eran egresados de sus aulas.

La Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla lamentó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de la Licenciatura en Psicología. En tanto, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) expresó sus condolencias por la muerte de Joaquín Wirth, quien perteneció a dicha institución. La tercera víctima fue identificada como Emmanuel Esteban.

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Ambas instituciones se sumaron a la exigencia del esclarecimiento de los hechos con “absoluta transparencia” y garantías de justicia para las familias afectadas.

Sector empresarial llama a no normalizar violencia en Puebla

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla calificó el suceso como un acto “cobarde” y advirtió que lo ocurrido a las afueras del establecimiento “Sala de Despecho” no debe minimizarse ni normalizarse.

Durante un pronunciamiento público, el CCE Puebla destacó que la seguridad es una “condición estructural indispensable” para el desarrollo económico.

“La seguridad no es un privilegio, es un derecho fundamental y al mismo tiempo una condición estructural indispensable para el desarrollo económico, social y empresarial de Puebla”.

El organismo advirtió que ninguna inversión o empleo puede desarrollarse en un entorno dominado por la incertidumbre, señalando que hechos como el que ocurrieron la madrugada del sábado fracturan la confianza de inversionistas y lastiman el tejido social.

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Aunque el CCE reconoció la respuesta del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula, que derivó en la captura de cuatro presuntos agresores, exigió que no “haya una puerta giratoria” y que las investigaciones lleven a esclarecer “las posibles redes que operan detrás de hechos”.

El sector privado reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en estrategias de seguridad, pero demandó que esa voluntad sea correspondida con resultados contundentes y una coordinación real entre los órdenes de gobierno para recuperar la paz en la entidad.