Redacción Animal Político · 25 de febrero de 2025
Roberto Cárdenas Rosas, indígena triqui y preso político desde el 14 de enero de 2003 durante el gobierno del priista José Murat, anunció que desde el día de hoy iniciará una huelga de hambre indefinida para exigir justicia por su caso, así como dar para dar continuidad a las mesas de trabajo y así lograr su libertad.
En un comunicado del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que Cárdenas Rosas ha denunciado actos de tortura cometidos por funcionarios públicos del penal.
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En ese sentido, señaló al custodio Rubén Ponce Cortez como uno de los responsables por estos actos.

“Las autoridades estatales no han investigado los hechos contraviniendo lo establecido por la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, añadió el organismo.
Hizo un llamado urgente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al Poder Judicial y a la Defensoría de los Derechos Humanos a atender la situación para establecer una mesa de diálogo interinstitucional y así no poner en riesgo la salud y vida del Roberto.
“De igual forma, hacemos un llamado al Gobierno Federal a retomar el programa iniciado a principios de sexenio de López Obrador que pretendía revisar casos de presos por motivos políticos, como el caso de Roberto Cárdenas, con el fin de poner fin a la práctica de criminalización y encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos, y en particular de presos indígenas que han sido vulnerados en otros derechos humanos por la discriminación sistemática en los aparatos de gobierno”, recordó el Observatorio.
Hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional con el indígena triqui, así como con las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca que han sido criminalizadas por su defensa del territorio y por ejercer su derecho a la participación política en sus comunidades.
De acuerdo con la recomendación 12/2002 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cárdenas Rosas relató que caminaba junto a Teódulo Vázquez Catarino y Juan Ramírez Vázquez cuando escuchó balazos y vio caer a sus acompañantes.

Posteriormente, presentó una denuncia para iniciar la averiguación previa. Pero las autoridades lo acusaron de asesinato.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre 2009 y 2010, hubo una escalada de la violencia en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región Triqui de la Mixteca oaxaqueña, ocasionó el desplazamiento forzado de cientos de mujeres, hombres, niñas y niños.
La violencia en la región Triqui tiene orígenes históricos y está relacionada con la disputa por el control político y territorial de la zona
El pueblo estuvo sometido a diversos ataques armados, restricciones a la libertad de circulación y a la interrupción de los servicios básicos de atención médica y educación. Más de 30 personas fueron asesinadas y otras tantas heridas, y también se reportaron casos de violencia sexual.
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La experiencia de desplazamiento de los triquis también se relaciona con la pérdida de su identidad simbólica, muy ligada al proceso de despojo material y a la ocupación de sus hogares y territorios.
Algunas mujeres que han estado desplazadas en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca durante los últimos 10 años han señalado que su cultura, lengua y tradiciones han estado amenazadas debido a esta situación.