16 personas detenidas durante el 15N siguen proceso en libertad; urgen reclasificación de delito
Marcela Nochebuena · 6 de febrero de 2026
Aunque todas las personas detenidas durante las manifestaciones del 15 de noviembre de 2025 ya fueron liberadas, la mayoría aún enfrenta un proceso legal a espera de fechas de audiencia, lo que ha implicado desgaste y costos emocionales para sus familias, asegura el abogado Ricardo Colorado, representante de varios de los acusados.
La principal petición ahora es que se reclasifique el delito en los casos de las personas imputadas por tentativa de homicidio, pues en su opinión debería tratarse como lesiones en riña. Además, relató que la semana pasada se ingresaron denuncias formales por tortura y abuso de autoridad durante los procesos.
Tras diversos enfrentamientos durante la marcha conocida como “de la Generación Z” el 15 de noviembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la detención de 40 personas y 120 lesionadas.
Dos días después, el 17 de noviembre las personas detenidas estuvieron durante varias horas en la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, de la alcaldía Cuauhtémoc, tras lo cual a varios se les trasladó al Reclusorio Norte acusados de robo, lesiones o tentativa de homicidio.
Aunque, desde entonces, se determinó la libertad de algunos de ellos, otros permanecieron en prisión preventiva vinculados a proceso. Su libertad se fue obteniendo mediante diversos recursos legales durante los últimos meses, hasta lograr las últimas dos la semana pasada. Sin embargo, con excepción de un par de casos, las investigaciones están lejos de cerrarse.
“El día viernes (30 de enero) todavía recobraron la libertad Bryan Alexis y Josafat N, en una situación que se llama suspensión condicional del proceso. Esta suspensión se logró a pesar de la oposición de la fiscalía: cuando nos había dicho que no iba a oponerse, se opuso hasta el último. Estuvo siempre poniendo piedras en el camino”, acusa el abogado Colorado.
Cuatro veces pidieron cambio de medida cautelar
Asegura que en cuatro ocasiones se pidió el cambio de medida cautelar, el cual fue negado constantemente con diferentes excusas. Y pese a que inicialmente había sido autorizada la aplicación del protocolo de Estambul —para la investigación y documentación de la tortura—, en diciembre se programó una cita que no fue notificada, por lo que las personas imputadas no pudieron presentarse. De ahí se derivó un acuerdo unilateral, por parte de las autoridades, que estableció que al no haber acudido, tendrían que presentar una denuncia formal por escrito.
“Les tomamos la palabra y la semana pasada, junto con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las Américas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, y otras asociaciones que nos respaldaron, se fue a hacer la denuncia por tortura, y se ingresó otra denuncia a servidores públicos por abuso de autoridad, robo, violación ilegal de la libertad, y tortura física para unos, y moral para otros”, asegura.
Excepto por el caso de los últimos dos liberados, explica el abogado, los demás siguen en proceso y enfrentando la burocracia jurídica. Sin embargo, dada la saturación del sistema penal, todavía no se tienen programadas las fechas de las audiencias, ni en el caso de la carpeta por tentativa de homicidio ni en la de lesiones.
“No nos han atendido en las oficinas de la fiscalía. No nos han hecho una cita formal con la fiscal de justicia de la Ciudad de México. Nos andan pimponeando, y no le han dado seriedad al tema para poder solucionar el asunto”, acusa el representante legal.
Explica que, si se acredita la tortura, tendrían derecho a una reparación integral del daño, lo cual sería un acto de equilibrio en la impartición de justicia.
Aunque aclara que durante las vacaciones pudieron acceder a jueces que fueron sensibles a la situación y propiciaron que algunos de los procesos avanzaran, a su juicio la mayoría de las autoridades por las que han pasado los casos han sido omisas en sus actuaciones, sobre todo la fiscalía capitalina.
“Esto es un minirreflejo de lo que pasa en el país: que tenemos un sistema penal colapsado, existe burocracia, hacen falta más jueces y falta personal en las procuradurías, gente preparada, no como el asesor de la fiscal, que cómo es posible que representa a una institución de una ciudad de miles de millones de personas y no nos puede atender en una oficina, sino en la calle”, reclama Colorado.
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El representante subraya que las familias han tenido fuertes consecuencias emocionales y de desgaste, lo que ha incluido desvelos, depresión y la tortura de enfrentarse a un viacrucis jurídico, cuando en el caso de sus defendidos, agrega, ninguno cuenta con antecedentes penales. Pese a ello, no han recibido ni siquiera el beneficio de la reclasificación del delito.
“Llamamos, apelamos a la fiscalía para que en el asunto de la tentativa de homicidio modifique el tipo penal y se acuse por lesiones, porque es lo correcto. Si hay un certificado de lesiones por parte de mi cliente, esas lesiones las produjeron los policías, entonces no hubo tentativa de homicidio. Hubo una riña y hubo unas lesiones en riña; es lo que en estricto derecho debe de permear”.