Dalila Sarabia y Edgar Ledesma · 6 de agosto de 2026
El gobierno de la Ciudad de México prometió reducir el tiempo de respuesta policial a tres minutos ante reportes de despojo y restituir los inmuebles en 15 días a propietarios con documentos en regla. Las medidas, presentadas por la fiscal Bertha Alcalde y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, buscan frenar un delito que se multiplica en la ciudad.
La realidad de los despojos es muy distinta a lo anunciado: policías que difícilmente logran acreditar la flagrancia, documentos falsos que enredan las investigaciones y propietarios que pasan años sumidos en la burocracia intentando recuperar su patrimonio.
“(Se van a atender) todas las llamadas de este delito de manera inmediata, con un tiempo de respuesta que debe estar por debajo de los tres minutos en todos los cuadrantes de la ciudad”, aseguró Pablo Vázquez, durante la presentación de las acciones de prevención, restitución y justicia ante el despojo, evento encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sobre la restitución de los inmuebles, Bertha Alcalde, fiscal capitalina, matizó que el lapso de dos semanas se cumplirá siempre y cuando los dueños de las propiedades tengan toda su documentación en regla.
“Estos tiempos están planteados principalmente para casos de invasiones —ya sean furtivas o realizadas mediante violencia— en los que la documentación se encuentra en orden desde el inicio y cuando existan elementos suficientes para acreditar la posesión o propiedad del inmueble. En aquellos casos que involucran litigios civiles o sucesorios, la atención puede requerir un análisis más complejo, por lo que no necesariamente es posible atenderlos bajo los mismos plazos”, subrayó.
También este miércoles, en un evento en paralelo al anuncio de acciones por parte del gobierno capitalino, el PAN denunció la existencia de colusión entre autoridades y notarios para despojar a los ciudadanos de sus propiedades.
El diputado federal Federico Döring señaló directamente al secretario de gobierno César Cravioto por formar parte de una red que utiliza información proporcionada durante las “jornadas notariales” para identificar inmuebles vulnerables.
“¿Quién recibe esos reportes? La gente del gobierno. Por eso saben qué vecino está imposibilitado para defenderse legalmente por un fallecimiento, porque el inmueble quedó intestado o porque el propietario ya no vive en el país (…) Cravioto no está del lado de las víctimas, sino de quienes despojan a los ciudadanos de sus viviendas”, afirmó Döring en conferencia de prensa.

A pesar de que en los últimos días la problemática de los despojos en la CDMX se ha posicionado en la conversación pública con casos y testimonios que siguen saliendo a la luz, la fiscal Bertha Alcalde defendió que las denuncias diarias por este delito se han mantenido constantes de 2019 a la fecha con un promedio de 10 casos diarios. Una cifra que equivale a más de 3 mil 600 casos por año.
Si se considera la incidencia de este delito por cada 100 mil habitantes, detalló, las alcaldías donde se identifica la mayor tasa de denuncias son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztacalco. En contraste, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Iztapalapa y Álvaro Obregón son las demarcaciones en las que la incidencia de este delito es menor.
Una investigación de Animal Político reveló que entre 2020 y abril de 2026 la Fiscalía capitalina abrió más de 25 mil carpetas de investigación por este delito con 463 detenciones.
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Alcalde también informó que de junio de 2025 a julio de 2026, periodo en el que el Gabinete Contra Despojos ha estado activo, se han dictaminado mil 032 denuncias, de las cuales, en 644 se confirmó que no eran casos de despojo y en 388 sí.
A la fecha, las autoridades capitalinas han llevado a cabo 317 acciones, de las cuales 185 han derivado en la restitución del inmueble, 84 en aseguramientos y 48 acciones más en atención y combate a este delito, aunque no se dieron detalles. Además, en el primer semestre de este año, 46 personas relacionadas con estos abusos fueron detenidas.
Federico Döring, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), acusó —aunque sin presentar ninguna prueba— al secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, de ser quien está detrás del despojo de propiedades en la capital del país.

En conferencia de prensa en la sede central del partido, denunció que el mecanismo para ocupar ilegalmente inmuebles inició en las Jornadas Notariales que el Gobierno de la Ciudad de México promueve en coordinación con el Colegio de Notarios.
De acuerdo con el legislador, ciudadanos acudían de buena fe a estos espacios para solicitar testamentos o asesoría sobre herencias, sucesiones e inmuebles intestados. Aunque el Colegio de Notarios se encargaba de esos trámites, sostuvo el panista, la información adicional era canalizada a las autoridades capitalinas.
“Lo que hace el Colegio de Notarios es que expide los testamentos baratos y pasa el reporte de todo lo demás para atención única y exclusiva del gobierno”, señaló.
Döring acusó que esos datos permitían conocer qué propiedades enfrentaban problemas sucesorios o carecían de un propietario en condiciones de defenderlas, lo que después facilitaba el uso de documentos falsos, compraventas simuladas o actuaciones de juzgados y notarías de otras entidades.
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Animal Político también ha documentado el modus operandi para despojar a personas de sus propiedades a través del uso de documentos falsos como en el caso de “Alicia”, vecina de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, que de la noche a la mañana pasó de ser dueña a invasora.
Pese a las acusaciones, el legislador pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entablar un diálogo con el PAN. “Todos podemos ser parte de la solución”, señaló.
Durante la conferencia, víctimas relataron casos que se arrastran desde hace décadas y en los que denunciaron la participación u omisión de autoridades, como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), además del uso de escrituras y otros documentos presuntamente falsos.
Carlos Luz de Teresa aseguró que lleva 22 años intentando recuperar un edificio que, afirmó, permanece en manos del INVI desde 2004. De acuerdo con su testimonio, después de tres averiguaciones previas enfrentó un procedimiento de expropiación y posteriormente abrió una nueva carpeta de investigación que permaneció nueve años en la Fiscalía.

El afectado sostuvo que obtuvo una sentencia de un juez federal que ordenó al INVI devolverle el inmueble y que esa determinación fue confirmada por unanimidad por un tribunal colegiado. Sin embargo, acusó que el instituto presentó nuevos recursos y se ha negado a cumplir la resolución.
“Estamos litigando contra la autoridad que no me defiende y que, contrario a que tengo totalmente demostrada la propiedad, está viendo cómo le hace para mandar la carpeta al no ejercicio de la acción penal”, denunció.
Luz de Teresa también acusó que el INVI permite que inmuebles denunciados por despojo sean incorporados a programas de vivienda y posteriormente busca regularizar su ocupación mediante créditos.
“Estamos haciendo un programa de gobierno con nuestras propiedades, porque el Gobierno de la Ciudad de México, en vez de poner el dinero, permite que haya despojos y luego los quiere legalizar vía el otorgamiento de créditos”, señaló.
Este miércoles y ante la escalada de denuncias públicas por hechos de despojo y el señalamiento de la poca o nula atención de las autoridades, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una serie de acciones para prevenir y atender este delito, además de informar el camino para hacer más eficiente la restitución de propiedades.
“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio enfrentará todo el peso de la ley”, afirmó la mandataria.
Como primera acción y en coordinación con el Colegio de Notarios, se impulsará un programa permanente y accesible de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad como una estrategia de seguridad patrimonial para la población.
Además, se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que contará con servidores especializados y que estará a cargo de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.

Todas las denuncias que lleguen al Gabinete Contra Despojos activarán una alerta registral institucional, es decir, el Registro Público de la Propiedad colocará el folio real del inmueble bajo alerta.
Así, si se intenta hacer cualquier tipo de trámite se activará esta alerta y se dará vista al Gabinete Contra Despojos para que soliciten apoyo de las demás instituciones y se actúe.
También se contará con un protocolo único de atención frente a una llamada de emergencia por despojo y se fortalecerá la investigación estratégica contra este delito a través de análisis de tendencias y patrones criminales.
Y es que Brugada refirió que no se trata sólo de ir caso por caso, sino de identificar si existe algún grupo delictivo dedicado al despojo del patrimonio de las personas.
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Frente a los señalamientos de posible colusión de servidores públicos en el despojo de propiedades, la jefa de Gobierno también anunció la creación de un equipo especial de control interno que estará adscrito a la Contraloría capitalina.
Este equipo será el encargado de investigar, auditar y sancionar cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad de personas servidoras públicas que faciliten o encubran este delito. Por último, Brugada anunció que se presentará un informe semestral para exponer los avances obtenidos a través de la estrategia contra el delito de despojo y sus acciones de reforzamiento.
“Que quede muy claro: en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Quien pretende enriquecerse, arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo, encontrará toda la fuerza del gobierno actuando con firmeza. Frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y de las instituciones”, aseguró.