En plena crisis, Ayuntamiento de Tijuana despide a director de atención a migrantes
Manu Ureste y Ernesto Eslava · 22 de enero de 2025
La noche del pasado lunes 20 de enero, el día que Trump canceló el programa de solicitudes de asilo en Estados Unidos y desató una crisis dejando varadas en toda la frontera norte a miles de personas, el Ayuntamiento de Tijuana despidió a su director de atención a migrantes, luego de que este fuera la única autoridad que atendió a los solicitantes de asilo varados en la garita de El Chaparral, y luego de que ante los medios pidiera más “coordinación” entre los tres niveles de gobierno, y más recursos de la Federación para atender a los albergues y a los migrantes.
La crónica del despido inició a las 14 horas del 20 de enero. Trump acababa de cancelar el programa de citas para solicitar asilo y el ambiente entre los migrantes que esperaban su cita en las inmediaciones de ‘El Chaparral’, en la garita migratoria entre Tijuana y San Diego, comenzaba a caldearse.
“¡Queremos una respuesta!” “¡Que alguien salga y nos diga algo!”, pedían las personas solicitantes de asilo quienes, desesperados, comenzaban a agolparse en la puerta de las instalaciones federales del Instituto Nacional de Migración (INM). Muchos de esos solicitantes eran venezolanos, colombianos, centroamericanos, y también mexicanos que huyen de la violencia. Todos contaban a la prensa los peligros tras cruzar por la selva, caminos de terracería, y desiertos, para alcanzar Tijuana, la puerta con Estados Unidos.
“Esto no puede ser real”, musitaba una mujer colombiana que venía con 5 hijos y quien fue de las primeras en alzar la voz cuando la aplicación para solicitar asilo había sido cancelada en los primeros minutos de la nueva ‘era Trump’.
Lentamente, la tensión continuaba en aumento, lo que hizo que agentes del INM llamaran a José Luis Pérez Canchola, el director municipal de atención al migrante en Tijuana, además de conocido activista por los derechos de los migrantes y uno de los fundadores de Morena en la localidad fronteriza.
“Por el trabajo y la confianza que tengo con los agentes del INM, me llamaron para decirme que había un posible conflicto afuera de la garita, que se estaba acumulando gente afuera que tenía su cita con la Patrulla Fronteriza”, expone Pérez Canchola en entrevista con Animal Político.
“Me comentaron que ya había gritos, inconformidad, y que los migrantes querían entrar a la garita. También me dijeron que veían posibilidades de un conflicto porque nadie de la Federación ni del Estado llegaba a hablar con ellos, y me pidieron a mí si podía ir, a lo que les dije que sí”, dijo el hombre de 80 años.
En efecto, este medio atestiguó que el funcionario municipal fue la única autoridad que se apersonó en El Chaparral, y platicó con los migrantes, que cada vez estaban más desesperados por los rumores y los primeros correos electrónicos que comenzaron a recibir, diciéndoles en algunos casos que sus citas habían sido canceladas, y en otros que habían sido reprogramadas para el 9 de febrero.
Ahí, Pérez Canchola se limitó a explicarles que la decisión de cancelar el programa de citas para pedir refugio en Estados Unidos era únicamente del nuevo gobierno de Donald Trump y que ellos, básicamente, solo les podían ofrecer albergue para que pasaran la noche, “porque había muchos niños” entre los migrantes, además de solicitar al municipio unas patrullas de policía para darles seguridad.
El funcionario municipal dijo ante la prensa y grupos de migrantes que situaciones como las que se estaban viviendo ese 20 de enero a partir de la llegada de Trump “se iban a agravar”.
“Este es un problema que tenemos que atender los tres niveles de gobierno”, hizo hincapié.
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El funcionario llamó al ombudsman estatal de derechos humanos, Jorge Ochoa, y al director del albergue Ágape de la sociedad civil, para tratar de calmar a los solicitantes de asilo.
“Entre los migrantes había colombianos, por ejemplo, que habían tardado meses en llegar hasta Tijuana para su cita. Se escuchaban historias muy lamentables, y dejarlos abandonados ahí, sin ninguna explicación, y sin tomar en cuenta su derecho a la información, era algo que podía complicar mucho las cosas, y por eso platiqué con ellos”, cuenta el funcionario, que logró convencer a la mayoría de migrantes para que se trasladaran en microbuses gestionados por el gobierno estatal al albergue federal Carmen Serdán y no pasaran la noche afuera de la garita, soportando el frío y los posibles asaltos y violencia de una de las ciudades más peligrosas de México.
Al caer la noche, una vez que los migrantes ya habían sido trasladados en su mayoría al albergue y todo se había calmado, José Luis Pérez Canchola cuenta que a las 18 horas fue citado por Arnulfo Guerrero, secretario municipal de gobierno en la administración morenista del alcalde Ismael Burgueño, y que éste le pidió su renuncia inmediata.
En entrevista dijo que al gobierno local no le había gustado que diera esas declaraciones ante los migrantes y los medios, especialmente las relativas a que se necesitaba de una “mayor coordinación”, pues entendían que “eso era algo que le correspondía a altos mandos del gobierno federal o del gobierno del estado”.
“No les gustó que haya planteado la necesidad, la urgencia, de una mayor coordinación entre el Estado, el municipio, y la Federación, para atender a esta población migrante, y que reclamara el fondo federal (de ‘migralidad’ para situaciones de emergencia)”, explica.
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“El secretario (de gobierno municipal) consideró que yo me involucré en cuestiones que no me tocaban, que estaba además exagerando el tema. Esa fue la palabra que usó: ‘estas exagerando’. Y además, dijo que estaba mintiendo. Y pues, obviamente no me iba a poner a discutir con alguien que no entiende la dinámica de la migración y prefería retirarme, y mantener la pelea por los migrantes desde otra trinchera”.
Tras pedirle la renuncia, que Pérez Canchola aceptó firmar, el ayuntamiento de Tijuana publicó a las 8 de la noche de ese mismo día un comunicado anunciando la salida del funcionario y la entrada de Kareli Ruiz al cargo, una abogada penalista sin experiencia en temas migratorios, de acuerdo con directores de albergues de la sociedad civil, que dijeron no conocerla.
Sin embargo, en el comunicado, el Ayuntamiento destacó que la nueva directora será importante para establecer relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), tras los cargos que Ruíz ocupó en Aduanas como jefa del departamento de asuntos y trámites legales, y administrativa en el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en materia laboral, y asesora en derechos humanos en el gobierno municipal de Tijuana.
Canchola, que dijo no haber recibido llamada alguna del alcalde que lo invitó al cargo en la dirección de atención al migrante, mantiene su cargo como regidor suplente del morenista Pablo Yáñez en el Ayuntamiento.
“De ese puesto no me pueden pedir renuncia”, bromeó Canchola, que también continuará como activista para la protección de los derechos de los migrantes.
“Si la gente necesita atención, hay que darle atención”, concluye.
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